ANÁLISIS

Las prioridades de la política fiscal

Revertir esta realidad es uno de los mayores desafíos para el nuevo equipo económico, pero no es por sesgo ideológico, sino por necesidad pura.

El CEF se relaciona con el Poder Ejecutivo a través de él. Foto: Fernando Ponzetto
Ministerio de Economía y Finanzas. Foto: Fernando Ponzetto

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En estos días, la presentación pública del borrador de la Ley de Urgente Consideración se convirtió en uno de los temas centrales de la atención ciudadana. Con su aprobación, se le dará pronto despacho a una amplia variedad de temas que la nueva administración entiende esenciales para mejorar el funcionamiento del país.

Entre ellos figura la introducción de una regla fiscal para evitar los desbordes del gasto público en épocas de bonanza, que luego se convierten en un problema cuando el ciclo económico se revierte. En paralelo, miembros del gobierno saliente y entrante vierten opiniones contrapuestas sobre el estado de las cuentas públicas.

Quienes defienden la gestión actual resaltan las mejoras logradas por el importante crecimiento económico comenzado en 2004, gracias a una coyuntura externa excepcional, pero soslayan que su nivel desde hace un quinquenio es insuficiente para financiar el crecimiento real del gasto publico lo cual por definición conduce al deterioro del fisco y mayor endeudamiento. Y lo que es más preocupante, está acompañado por el efecto pernicioso del desempleo creciente.

Revertir esa realidad es para el nuevo equipo económico uno de sus mayores desafios, no es por una cuestión de sesgo ideológico, sino de necesidad pura. Continuar con la dinámica actual implica necesariamente aumento del endeudamiento público, ya muy elevado, a lo que se agrega el deterioro del tipo de cambio real como resultado de que el erario financia su déficit con dólares prestados.

Eso implica sobreoferta de dólares, y por tanto caída de su precio respecto al de una situación fiscal equilibrada donde no hubiera que pedir prestado. Por su lado, el BCU para contrarrestar ese efecto sale a comprar dólares para lo cual emite pesos que luego retira del mercado con deuda para contener su efecto inflacionario, lo que genera costos fiscales adicionales. Un mecanismo circular que solo se corta cerrando la brecha fiscal de manera genuina.

Por tanto, actuar en ese campo fortalece la sostenibilidad macroeconómica del país, su nivel de competencia externa y su ritmo de crecimiento futuro.

Sobre esto puede haber matices interpretativos, pero no diferencias fundamentales. Y en esto el gobierno saliente no debe hacer comparaciones de realidades separadas por décadas, donde había situaciones estructurales y realidades externas diferentes.

El nivel de endeudamiento bruto actual (60% del PIB) es elevado cuando fue antecedido por una bonanza extraordinaria en materia de crecimiento económico. Y que está subvaluado pues el tipo de cambio real, hoy apreciado, aumenta el valor del PIB medido en dólares.

A su vez, el endeudamiento muestra trayectoria creciente por el deterioro sin pausa del resultado fiscal. Esa vulnerabilidad no se mitiga con el alargamiento de los vencimientos, pues lo que hace es inmunizar el riesgo de refinanciamiento pero no alivia la carga de mas intereses. Y la desdolarización de la deuda inmuniza de una eventual devaluación brusca con el agregado que su dolarización aumenta, pues los mercados globales desde hace ya un tiempo prefieren prestar en monedas fuertes.

Dicho esto, conviene reafirmar que no estamos en la antesala de una crisis, pero sí de comenzar a actuar cuanto antes para quebrar esa tendencia. Toda demora implica aumentar las vulnerabilidades, más deterioro, y por consiguiente más esfuerzo adicional para lograr el resultado.

Sin duda, la reforma de la seguridad social es una pieza clave para mejorar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Sobre ello hay amplio consenso, lo cual es bienvenido. Pero sus efectos fiscales positivos estarán dilatados en el tiempo, pues su concreción requerirá de estudios y aprobaciones parlamentarias generalmente extensas.

La evolución de la masa salarial del sector público en la ultima decada aumentó por el doble efecto del incremento del empleo público y la suba real promedio constante de su salario. Lo cual también incidió en el ajuste de las pasividades. Pasividades y masa salarial pública son los componentes mayores del gasto público. El tratamiento del tema es siempre urticante desde el punto de vista politico. Pero se hace insoslayable dadas sus implicancias. En ello, recortar empleo excedentario no cubriendo vacantes y moderación en la pauta salarial va de la mano. Más cuando la inamovilidad del funcionario agrega un “premio” a su remuneración, que adquiere mayor valor en tiempos de alta desocupación y caída del empleo.

La introducción de una regla fiscal para evitar caer en situaciones como la actual también ocupa parte del debate. Sin duda es un paso en la dirección correcta, aunque entiendo no resuelve las urgencias del momento. Su diseño requiere tener en cuenta características de nuestra macroeconomía y el ciclo económico que requieren estudios minuciosos.

Solo como mención vale recordar que buena parte del gasto público tiene una componente endógena explicada por la Seguridad Social, cuya evolución depende de la reforma pendiente. Una forma de viciar una buena idea es crear una fórmula que en la realidad sea inoperativa. Y por sobre todo que tenga el consenso ciudadano expresado a través del compromiso politico de aplicarla a rajatabla.

Como ejemplo, el gobierno saliente creó en su momento una suerte de “regla fiscal” “para limitar el gasto poniéndole un tope legal al incremento anual del endeudamiento bruto. En los hechos el tope no fue respetado, pues se modificó reiteradamente al alza pues faltaba financiamiento, usando sus mayorías parlamentarias automáticas. Una regla fiscal es mucho más que un algoritmo técnico. Es un compromiso político sobre el que reposa toda gestión macroeconómica seria.

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