Hace unas semanas una legisladora se manifestó interesada en atender eventuales problemas del uso de plaguicidas, volviendo a plantear dificultades con los transgénicos y con la aplicación de glifosato.

Volviendo sobre un tema viejo y sobre el que este gobierno se embanderó al comienzo, planteó lisa y llanamente legislar sobre el etiquetado de transgénicos y, en una confusión increíble propuso protegerlas o advertirles de todo aquello que pueda ser perjudicial para su salud, (agregando que) el principio precautorio hay que hacerlo cumplir ante el consumo de transgénicos, y el uso de glifosato". Nada más opuesto al interés de Uruguay.

El país ya debatió este tema exhaustivamente y posee una legislación sobre la liberación de transgénicos al medio ambiente, con intervención de todos los ministerios y la sociedad civil. Respecto de la misma ya había sido interpelado un ministro de Batlle, y cuando Agazzi asumió en el MGAP aplicó lo que se llamó una "moratoria" a los transgénicos, prohibiendo por las dudas la liberación de nuevos eventos, esgrimiendo precisamente el principio de precaución, muy típico del derecho medioambiental. Este principio es absolutamente suicida para un país exportador de alimentos y con intereses ofensivos en materia de comercio. Se trata de un concepto que respalda la adopción de medidas proteccionistas ante la sola sospecha de que ciertos productos creen un riesgo para la salud pública o el medio ambiente, pero sin que se cuente con la prueba científica de tal riesgo. Así aplicado, este principio es la clave para la objeción total en materia de comercio; invierte la carga de la prueba en materia de afectaciones a la salud humana, animal o vegetal, y deja en manos de la discrecionalidad del país importador el acceso a su mercado "por las dudas". Uruguay, hasta el ministerio de Agazzi se había alineado en la OMC con los países que no aceptan se limite el comercio invocando el principio precautorio.

La expresión quizás más conocida de esta barbaridad fue la prohibición europea por las dudas, a productos de origen animal americanos ya que, al utilizarse en Estados Unidos la hormona de crecimiento, podrían generarse problemas. Después de años de litigio en los que no se pudo probar daño alguno, la OMC falló a favor de Estados Unidos de donde surgió la famosa cuota 481 de la que se beneficia Uruguay. En definitiva y como corresponde a países exportadores de alimentos, el principio precautorio debe rechazarse siempre, por lesivo del interés sustantivo comercial exportador del país. Si se extendiera más, según este principio precautorio podrían pararnos no solo la soja sino la carne o los lácteos —por las dudas— y cualquier alimento que pudiera traer un problema que al importador se le antojara. En su momento, en el año 2002 nuestro país firmó por error la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que concluyó la conferencia mundial, y que en su punto 15 introduce este nefasto principio contrario al espíritu y la letra del tratado de la OMC.

Lo mismo pasa con el etiquetado. No hay derecho a obligar a nadie a etiquetar conforme a una condición que nadie ha probado dañe a nada ni a nadie. La pretensión de obligar a etiquetar con "de origen transgénico", en algo probadamente inocuo, se parece a una barrera al comercio comparable a asustar con el cuco. Y que llevaría a etiquetar los jugos de naranja con algo así como puede provocar alergias, o a los embutidos con alto nivel de colesterol, todas verdades que no son económicamente inocuas y generadoras de enormes polémicas. Este tema de etiquetado, ¿a quién corresponde, cuál es el derecho del consumidor?, es de por sí otra discusión muy dura capaz de generar daños enormes al comercio. Los que crean que la condición de libre de transgénicos es algo valioso, que etiqueten libremente esa condición a ver si a alguien le importa. Pero obligar a etiquetar una condición con daño para el comercio, solo por una preocupación sin base científica, es sencillamente una tontería a estas alturas muy vieja. En efecto ya toda la agricultura del Mercosur es transgénica y no me imagino cómo se podría organizar el recibo de soja para producir un aceite libre de transgénicos. Sencillamente es un disparate.

Un país como el nuestro debe rechazar enfáticamente el principio precautorio. Debemos defender lo opuesto: que nadie sin base científica pueda por sospecha detener el comercio; y que se cuide la salud humana pero sobre fundamentos científicos; y que no se medre con el miedo que es lo más fácil. Sobre todos los cucos de los que se habla hay ciencia abundante en el país y en el exterior; y no hay un solo trabajo científico que pruebe nada malo ni en soja transgénica, ni en uso de glifosato. Es más seguro el daño a las arterias producido por una longaniza que el del aceite de soja.

Hay además mucha investigación sobre la colaboración increíble de los transgénicos a la seguridad alimentaria y, a partir de la forma de producirlos en siembra directa, muy favorable a la mejora del ambiente. Es al revés de lo que algunos creen, incluso desde una perspectiva ambiental.

En definitiva, este tema es más serio que la preocupación legítima de evitar que por deriva de los aviones o por alguna otra irresponsabilidad, lleguen plaguicidas a plazas o pueblos. De ahí a regresar al etiquetado obligatorio de transgénicos, o a la discusión sobre la prohibición del glifosato, media un abismo.

JULIO PREVE FOLLE