Con una celeridad llamativa, el gobierno anunció la remisión al Parlamento de un nuevo impuesto para el campo, el Impuesto de Primaria.

Aunque hay otros abordajes posibles, el que más me preocupa hoy es la presentación de este impuesto como una suerte de reparación de injusticias previas, como la corrección de un hecho detestable que habría sido hasta ahora no gravar al agro para atender a la escuela pública. Es grave llegar a este punto, porque indica ausencia de rigor profesional, desconocimiento del sistema tributario y su lógica desde la reforma astorista, y sobre todo continuar pensando que los presidentes están encargados de difundir conductas que encuentran moralmente superiores.

En realidad, mirar la justicia tributaria a partir de lo que ocurre con un impuesto es un error. Lo que corresponde siempre, si de evaluar la justicia se tratara, es mirar la presión fiscal en su conjunto, es decir la suma de todos los impuestos efectivamente pagados y su relación con algún indicador: por ejemplo con la producción, y allí tendremos la presión fiscal como se la conoce habitualmente. En este sentido, no es el agro por cierto un sector que paga poco. Como se sabe, en lo que refiere a tributos nacionales, aporta cifras bastante equivalentes a otros sectores respecto de su producción. Pero sumando los impuestos departamentales, los aportes patronales por hectárea, su cuota parte de impuestos indirectos y cuasi tributos, la presión fiscal del sector agropecuario es la mayor de la economía sin discusión. Además, la recaudación bruta según Opypa (Oficina de Programación y Política Agropecuaria) se triplicó en dólares corrientes desde 2005; y en términos de presión sobre el producto agropecuario, creció casi un 50% desde aquel año. De manera que presentar la implantación del Impuesto de Primaria como la reparación de una injusticia es un error. Y plantearlo como la necesidad de que paguen más los que más tienen, otro peor. En realidad, si los rurales fueran los que más tienen, lo que nadie ha demostrado, es evidente y sí está demostrado, que son los que más pagan respecto de lo que producen, y lo hacen cada vez en mayor proporción.

Un tema diferente y también importante es la consistencia de todo el sistema tributario, cuya reforma se vendió como un avance en la eliminación de impuestos a la tierra —ciegos a la suerte de la empresa, promotores en un extremo de improductividad y latifundio— y a favor de la generalización del impuesto a la renta. El gobierno anterior impuso primero un impuesto inconstitucional a la tierra y después su sosías en el Patrimonio; y ahora viene este nuevo tributo a la tierra, de sentido contrario a la reforma que de por sí era mala y ahora se vuelve peor.

Estaba seguro que la presión fiscal lamentablemente iba a crecer, pero no lo imaginé tan pronto. Me parece claro por dos razones; la primera es que se promete gastar más y más, lo que solo cierra en este momento con más impuestos. Pero la segunda y más importante es porque estos gobiernos creen que la solución de los problemas pasa por sacar a los que tienen más sin límite alguno, para darle a los que tiene menos sin exigencia alguna. Lo que es peor, en la confusión de roles más notoria, quieren presentar la tributación como un ejercicio de la solidaridad. En efecto, hay quienes pretenden imponernos un modo de ser éticamente solidario, disfrazando la política fiscal de justicia. En lugar de señalar que los impuestos son cargas para cumplir con algunos pocos fines básicos delegados por los individuos a la sociedad organizada políticamente, en lugar de eso algunos pretenden señalarnos que la caridad como virtud en lugar de ser privada, libre, también se estatiza, decidiendo por los ciudadanos todos cómo organizar la solidaridad, haciendo trizas tantas veces en el camino la justicia. Confundir la promoción de la dignidad de la persona humana, o de la solidaridad, con cobrar impuestos y repartirlos es una caricatura. Es confundir la DGI con la Teletón, un ministro con un párroco, un impuesto con una donación. Son planos diferentes, roles confundidos.

Con un engañoso trasfondo de niñez, túnicas blancas y moñas azules, se vuelve al impuesto de primaria al sector agropecuario, que un ministro de singular coraje como lo fue Luis Mosca propuso y logró derogar para el sector. La razón era muy simple. En efecto, nadie se pregunta por qué hay un impuesto de primaria, y no uno de secundaria, otro para la universidad, otro para la policía, otro para el ejército, o para la aduana, o para financiar el servicio exterior, o las campañas contra la aftosa, o la promoción del turismo social. Podrían imaginarse muchos destinos loables y así tendríamos un impuesto para cada uno. Lo que cuenta es la política de gastos públicos, con la que se atienden todas las necesidades, provistas de recursos derivados de todos los impuestos.

Solo la energía inusitada del profesor Rama puesta en su reforma educativa permite explicarse cómo fue que logró un impuesto solo para su reforma, que no se pagaba en la DGI —se llegó a pagar en el Correo— y que no dependía del MEF para su gasto. Ahora se pretende confrontar el interés por los niños, con la oposición a pagar el impuesto de primaria. No puede ser así; más aún, es un impuesto que deberá un día derogarse.

De manera pues que cualquier razón podrá esgrimirse para reimplantarlo; pero la que no puede aceptarse, es que su reaparición repare alguna injusticia previa.

JULIO PREVE FOLLE