En las dos últimas entregas he intentado analizar los aspectos que entiendo más relevantes del proyecto de Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo. Me propongo tratar sus aspectos financieros, los que derivan de los supuestos adoptados —analizados hace 4 semanas—, la política del Poder Ejecutivo respecto a erogaciones e impuestos bajo su discreción y los compromisos ya asumidos, básicamente la carga de intereses y las transferencias a la seguridad social.

Es sabido que las estimaciones de nivel de actividad son optimistas y eso conduce a mayores ingresos a los que razonablemente se deben esperar. También remarqué ciertas inconsistencias en las bases de proyección. Ahora encuentro al resultado estimado "demasiado mejor" a lo razonable, ya no en base a los supuestos, sino por las proyecciones en sí mismas.

Haré cuatro puntualizaciones donde considero están las mayores diferencias.

Se estima que crecerá por encima del PIB medio punto porcentual, básicamente por una mejora en la DGI. Esta mejora se concentra en un 60% en el presente 2015. Lo cierto es que de este año se conocen las cifras hasta julio, la mejor parte en términos comparativos dado cómo viene evolucionando la actividad, y dicha mayor recaudación no se ha verificado, por lo que difícilmente pueda concretarse. A su vez, nuestro sistema impositivo, desde siempre carga con mayores impuestos a los bienes no imprescindibles. Es así que la llamada "tasa de gravabilidad", el cociente entre impuestos y precio de venta, crece cuando la actividad se expande —y más lo hace si el crecimiento es fuerte—, cayendo cuando ésta no aumenta o lo hace moderadamente. Los bienes durables, entre los que están los electrodomésticos, vehículos, bebidas alcohólicas y otros, pagan aranceles más altos, IVA a tasa básica y, en algunos casos Imesi. Por tanto, cuando la situación "aprieta" y se reduce su consumo, la recaudación cae más que proporcionalmente a la actividad en general. Esto no ha sido contemplado al momento de confeccionar el Presupuesto, siendo muy importante.

La proyección presentada, medida en pesos no en relación al PIB, indica que los intereses que abonará el gobierno central crecen 8,9% en 2016 y luego quedan constantes. Ciertamente no comprendo cómo es posible que ello suceda cuando el déficit del GC supera el 2,5% del PIB anual. Para financiar este déficit hay que endeudarse en unos US$ 1.250 millones al año (De hecho la propia ley autoriza a aumentar la deuda en US$ 1.850 millones en 2015 y US$ 1.500 al año a partir del 2016 a los cuáles se pueden adicionar hasta 750 por circunstancias "excepcionales"), lo que importará a las tasas actuales (que son menores a las futuras) unos US$ 70 millones adicionales acumulativos por año.

En el mismo sentido que lo anterior, el monto de dinero previsto para cubrir el déficit del sistema de jubilaciones y pensiones público, también medido en pesos, aumenta 2,2% en 2016, permaneciendo inalterado luego. Dada la mecánica de ajustes de prestaciones, básicamente en función de la variación de los salarios, con un empleo que casi no crecerá y siendo los ingresos muy inferiores a las erogaciones, a menos que las personas dejaran de jubilarse la transferencia neta debería crecer al menos al 3% anual. Este sólo factor adiciona 0,15% por año a las erogaciones totales.

Una vez más la proyección es extraña; la transferencia neta para cubrir el déficit del sistema crece en 2016 quedando constante hacia adelante. Salvo se esté pensando adelantar el ingreso del último tramo de pasivos para enero de 2016, esta transferencia debería crecer en 2017 y seguir haciéndolo hacia adelante. Al respecto, la última información publicada sobre el sistema es de agosto de 2014 (más de un año); además es parcial.

Estos cuatro ítems son lo suficientemente relevantes como para afirmar que, salvo una ejecución presupuestal muy por debajo de lo autorizado en salarios, gastos no personales e inversiones o, un inesperado crecimiento por encima de lo proyectado, resultará casi imposible que el déficit fiscal se reduzca de sus valores actuales.

Ante este escenario lucen temerarias las propuestas de seguir incrementando erogaciones y las supuestas "reasignaciones" donde el grueso del dinero se "toma" de un sitio que no existe como tal, las partidas para refuerzos y los ahorros de ejecución. En el primer caso se pierde la flexibilidad que se debe tener y en el segundo directamente no se prevé gastar.

La combinación de supuestos, donde la devaluación de nuestra moneda se alinea a la inflación, con un déficit fiscal subvaluado, hace que el ratio deuda a PIB apenas crezca de 58,4 a 62,8% del PIB en el quinquenio. Hoy, ante el cambio en la política del BCU no es posible aventurar una cifra concreta, pero sí está claro que esa variación de 4,4 p.p., seguramente sea por año y no por un quinquenio, una vez que el BCU cese de cancelar su deuda en moneda nacional.

El PE debió elaborar un presupuesto decididamente austero, al menos por estos dos años hasta tener más claro el panorama hacia el final de su mandato y no lo hizo. Mucho me temo, al igual que varios de mis colegas, que en poco tiempo estaremos ante propuestas de considerables aumentos de impuestos o con una inflación lo suficientemente alta que "haga el trabajo".

Isaac Alfie