ISAAC ALFIE

Como es usual, el último día de cada mes, el MEF da a conocer las cifras fiscales al cierre del mes previo, de donde ya sabemos cómo se han comportado las finanzas públicas hasta julio de este año; por tanto, también el panorama para el resto del año con un alto grado de certeza.

El resultado que se muestra no es alentador ya que, pese al ajuste fiscal vigente desde el 1º de enero —el último de una serie de ajustes que se vienen sucediendo desde enero de 2015— el déficit no ha cedido "ni un milímetro". En efecto, el resultado global a fin de diciembre del año pasado fue deficitario en 3,86% del PIB y a julio de este año, primariamente ascendería a 3,66% del mismo indicador. Sucede que a la cifra anterior debemos adicionar la diferencia de variación de stock de petróleo y refinados, 0,13% (cuando se reanude la operación de la refinería habrá que llenar los tanques o al menos reponer una parte) y la diferencia en el resultado del Banco de Seguros (0,05%) que, como he sostenido desde siempre en esta columna y era la norma al menos hasta el 2005, no debe computar para el resultado fiscal. Así corregido, el déficit en el año cerrado en julio pasado se sitúa en 3,84% del PIB. Veamos la evolución de los componentes del balance.

Los ingresos fiscales del gobierno central y BPS crecen 0,8% del PIB desde diciembre pasado y 1,25% desde julio 2016. La mejora se concentra básicamente en la DGI y las transferencias que las EE.PP. le hacen al gobierno, aunque los ingresos del BPS mejoran algo. Naturalmente que dentro de la DGI, el que más explica la mejora de recaudación en 2017 es el binomio IRPFIASS (80% del incremento), luego hay mejoras en el Imesi e IRAE.

En contraposición, el resultado superavitario de las EE.PP. se reduce en una cuantía superior al aumento de transferencias hacia el gobierno si comparamos con el de un año atrás, pero mejora si lo miramos desde el cierre de diciembre último. En buen romance, el aumento de tarifas de enero pasado estaría mejorando en un 0,2% del PIB anual (unos US$ 120 millones) el resultado global de las empresas, estimado para todo el 2017.

Ninguno de los dos resultados (DGI y EE.PP.) puede ser novedad, porque sobre los impuestos a la renta —sea de personas físicas o empresas— recayó el ajuste fiscal votado el año pasado, cuyo efecto de caja se comienza a ver en febrero. En materia de Imesi, el aumento en la venta de automóviles y el "goteo" de pasaje de diesel a nafta (el gas oil no paga Imesi y las naftas si), explican su aumento. Ya a julio, el total de ingresos fiscales por IRPF e IASS representó 3,6% del PIB, lo cual ratifica el cálculo que rondará el 4% a fin de año. Respecto del IRAE, si bien la recaudación aumenta algo por las medidas que también tomó el gobierno, todo hace pensar que los resultados de las empresas en 2016 y lo que va de 2017 fueron inferiores al año previo. El aumento del superávit de las EE.PP., también está en línea con las estimaciones.

He aquí la razón del problema. Desde diciembre pasado, el gasto primario del Gobierno creció 0,5% del PIB y en los últimos 12 meses 1,4% del mismo indicador, una expansión que no dudo en calificar de increíble y con la cual resulta imposible reducir el déficit. Algo de suerte tuvimos porque la carga global de intereses cae medio punto del PIB, básicamente por la baja del dólar y la caída en las tasas de las letras que abona el BCU, y ello ayudó a moderar el desequilibrio global que, de otra manera hubiese superado el 4% del PIB.

La suba de erogaciones es generalizada, tanto salarios, como pasividades, transferencias, gastos no personales e inversiones. Es decir, en números gruesos se puede afirmar que todo el aumento de ingresos derivado de la suba impositiva fue destinado a financiar aumento de gastos. No era ese el objetivo buscado, al menos el declarado públicamente por las autoridades.

Más allá de la expansión de los gastos, también importa su volumen en relación a la economía en su conjunto. Al cierre de julio, el conjunto gobierno central-BPSBCU muestra egresos totales por casi 33,5% del PIB, a los que debemos adicionarle: i) 2,1% de los gobiernos departamentales, naturalmente sin considerar la transferencia que el GC le realiza —de hacerlo sería doble contabilización—, ii) en el orden de 1,6% de las cajas paraestatales, Bancaria, Profesional y Notarial, que cobran impuestos para solventar sus erogaciones, iii) los implícitos en los precios que cobran las EE.PP. para pagar los déficit de sus empresas satélites (por ejemplo en Ancap esto es del orden de 0,3% del PIB) y, iv) egresos financiados con deuda de las S.A. y fideicomisos públicos que han proliferado, más los egresos de otros institutos estatales que perciben algún tributo de manera directa. A vía de ejemplo, la CND maneja algunas S.A. donde parte del dinero es transferido desde el GC y parte es endeudamiento, el LATU y toda una serie de institutos se financian con impuestos afectados que, en algunos casos no pasan por las arcas del gobierno y, por ende, no se mide ni el ingreso ni la salida de caja.

La suma de todo lo anterior nos dice que tenemos una presión fiscal piso del orden de 37,5% del PIB, quizás algo más, lo cual para un país de ingresos medios como Uruguay es muy alto. El nivel es parecido (hasta mayor) a Estados Unidos cuyo ingreso percápita es casi 4 veces el nuestro, y no muy inferior a la mayoría de los países europeos. Este nivel de gasto público es nuestra piedra en el zapato por dos motivos, a) es difícil de financiar sin afectar seriamente la base productiva y, b) porque está en la base de la explicación del considerable atraso cambiario que hoy tenemos.