Opinión

Precios regulados: la clave es la voluntad política

Base regulatoria de activos, valor nuevo de reemplazo, costo de capital, deprecación, precios regulados, regulador…

Foto: El País
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Quien haya leído un documento reglamentando una actividad económica o visto un modelo económico-financiero como el que utiliza un regulador para calcular los ingresos de la empresa regulada, sabrá que el tema es complejo y en general lleno de tecnicismos. Sin embargo, tener una regulación eficiente es muy importante.

A pesar de ser un tema muy técnico y hasta aburrido para algunos, tiene fuerte incidencia en el día a día de la gente. Combustibles, electricidad, telecomunicaciones y transporte son casos típicos de sectores regulados, con productos y servicios que consumimos a diario. En el caso uruguayo, la mayoría de éstos son provistos por empresas públicas. Por ejemplo, un estudio estima que los precios pagados por los servicios prestados por empresas públicas en Uruguay tienen incidencia en el 12% del Índice de Precios del Consumidor (*).

Además, muchos de estos servicios regulados son grandes insumos de producción, en especial la electricidad y los combustibles. Si la fijación de estos precios regulados no se hace correctamente, o si no se promueve por ejemplo que estas empresas reguladas operen de forma eficiente, entonces imponemos un costo adicional a la producción nacional. Un costo por ineficiencia y/o falta de competitividad. En una perspectiva de crecimiento magra, rever esta situación es imperante.

Muchos de los precios regulados en Uruguay son altos, en particular en comparación con la región. Como he mencionado en columnas anteriores, hay poca transparencia sobre cómo se fijan dichos precios y el regulador -la entidad que en teoría define precios y fiscaliza- tiene un rol débil. Además, en los últimos años ha habido muchas quejas sobre el nivel de precios de servicios regulados, y el resultado fiscal de las empresas públicas ha sido un tema importante en el debate público. Sin embargo, todavía quedan importantes cambios por hacer en esta materia.

¿Y los cambios? Una política pública exitosa depende de tres aristas: si la solución propuesta es técnicamente correcta, si administrativamente es posible hacerlo, y si es viable a nivel político. Cuando pensamos en temas de competencia, regulación de precios, y el rol de las empresas públicas en Uruguay, parecería que la dimensión que más pesa a la hora de mantener el status quo es la dimensión política. Acordar en el tipo de modelo regulatorio y hacer los cálculos correspondientes es un trabajo que requiere de conocimiento específico. El regulador tiene que estar capacitado para hacerlo (en términos de número de personas y preparación) y tener presupuesto para poder llevar a cabo su trabajo. En Uruguay habría que reforzar algunos de estos aspectos -incluidos dentro de las primeras dos dimensiones- pero no parecen ser esos los mayores impedimentos para el cambio. Es decir, las soluciones regulatorias pueden ser complejas, pero hay mucha experiencia a nivel global y Uruguay tiene técnicos capacitados en el área. Es de esperar que si hubiera apoyo político las otras dos dimensiones no deberían ser limitantes.

¿Cómo se modifica el equilibrio político? Hacer cambios en materia de competencia, reforzar el rol y la independencia de los reguladores, modificar la estructura de gobierno de las empresas públicas… Será una transición con ganadores y perdedores. Además, puede que los costos de la transición lleguen antes que los beneficios. Por ejemplo, asumiendo que un modelo más transparente para fijar precios de electricidad resulta en precios más bajos, esto implicaría mayor ingreso disponible para los consumidores y mayor competitividad en procesos productivos, donde la electricidad es un costo importante. Por otro lado, esto tendría un impacto sobre las finanzas de UTE, empresa que ha tenido ganancias en los últimos años que han sido volcadas a rentas generales. Si los precios más bajos vinieran acompañados de un aumento de eficiencia operativa no implicarían reducción de resultados, pero sin aumentos de eficiencias esto puede implicar menores ingresos, tanto para UTE como para el Estado. En dicho caso, para mantener el nivel de gasto, el gobierno tendría que tener un plan B para sustituir esa fuente de ingresos. Rever la relación entre Ancap y ALUR también tendrá un costo político, en particular dado que es de esperar que tuviera implicancias en empleos (públicos).

Ya sea vía una nueva administración, o si se mantiene la actual, la clave estará en cómo se maneja la transición. Hay que revisar el tema si queremos ser competitivos, no hay dudas. Pero no va a ser sencillo. Es difícil visualizar un cambio sin cambio en el equilibrio político. Pero el éxito de la transición va a depender de una buena planificación, y la responsabilidad por parte de los gobernantes de comunicar claramente que este no es un tema sencillo.

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