OPINIÓN

Es posible lograr consensos: agenda del próximo gobierno

“Un gobierno convencido de las asignaturas pendientes, que reúna mayorías parlamentarias (...) y el equipo técnico que diseñe nuevas políticas públicas".

Agenda. Foto: Pixabay
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Tras un buen gobierno inicial de Vázquez, en el que diversos indicadores volvieron a la realidad pre crisis y en el que se impulsaron algunas reformas, llegó el caótico gobierno de Mujica y ahora fenece el segundo de Vázquez sin que algo se haya avanzado en tema alguno.

De este modo, como “los contrarios también juegan” y mejoran su enseñanza y su infraestructura, intentan ajustar el diseño de sus instrumentos de políticas públicas y buscan mejores caminos para insertarse en el mundo y comerciar, nosotros hemos venido perdiendo posiciones y se ha venido nutriendo, como contrapartida de ello, nuestra agenda de reformas pendientes.

Como señalaba aquí hace dos lunes, si todos pensaran en marzo, se podría ir delineando una agenda del próximo gobierno, base de consensos para las políticas que se podrían desarrollar. Veámosla, a vuelo de pájaro, que ya la hemos visto con más detalle en columnas pasadas.

La enseñanza pública debe volver a ser la fuente de igualdad de oportunidades y de inclusión y ascenso social que fue durante décadas. Las bases de Eduy21 son un adecuado punto de partida para el consenso.

A pesar de transcurrir años de tasas de interés bajas, hay enormes carencias de infraestructura pública en vialidad, ferrocarriles, puertos y trasmisión y distribución de electricidad, que deben enfrentarse mediante los instrumentos de participación público privada y de concesión de obra pública.

Hace falta una inserción Internacional que permita abaratar el acceso de nuestra producción a países que la importan y debe procurarse un nuevo diseño del Mercosur, más abierto.

Debe asegurarse la sostenibilidad fiscal y para ello debe tenerse un déficit inferior a 2,5% del PIB o, ajustado por inflación, del orden de la mitad de ese.

Una regla fiscal que tenga en cuenta el ciclo económico es fundamental para poder ahorrar en tiempos de viento de cola de modo de construir reservas para las épocas de vacas flacas.

Previamente a la instalación de la regla fiscal, que debe iniciarse en la fase alta del ciclo económico, debe atenuarse la endogeneidad del gasto público, que, si bien es menor a la publicitada, es de todos modos significativa.

Por una vez, la producción del próximo presupuesto debería dejar de ser por acumulación de recursos al vigente, sin discutirse lo vigente. Cada ejecutor del presupuesto debería tener que justificar los recursos económicos, humanos y edilicios con que cuenta y determinar los excedentarios. Es difícil imaginar que en el próximo presupuesto se pueda subir el gasto.

Las empresas estatales deben tener un nuevo diseño institucional y una nueva forma de gobierno en línea con lo que plantean think tanks como Pharos de la Academia Nacional de Economía y el Observatorio de la Universidad Católica del Uruguay.

En materia de seguridad social, existe consenso en la necesidad de una reforma. Un cuarto de siglo después de la que introdujo el actual régimen mixto, es necesario volver a realizar ajustes, máxime cuando las finanzas del sistema se vieron afectadas por normas como la ley de flexibilización de 2008 y la de cincuentones.

También es necesario ajustar las reglas laborales, equilibrando una balanza que se ha desequilibrado deliberadamente en beneficio de los sindicatos. Deben prohibirse las ocupaciones de los lugares de trabajo y sus accesos y permitirse trabajar a quien lo desee hacer. La negociación colectiva, con décadas de tradición en el país, debe ser ajustada para tener en cuenta la casuística que muchas veces es ahogada por reglas de aplicación general. Además, debe tenerse en cuenta la nueva realidad en materia de trabajo, que es muy dinámica, frente a una institucionalidad extremadamente rígida.

Hay por otro lado un capítulo que Gabriel Oddone ha puesto sobre la mesa recientemente, que no suele considerarse y que consiste en la existencia e incidencia de “distorsiones en el funcionamiento de algunos mercados del sector no transable”. Como bien señala el colega, deben realizarse reformas sobre el funcionamiento de esos mercados que sean pro competencia y aumenten la transparencia y la eficiencia en la asignación de recursos.

Más allá del propósito deliberado de procurar una mayor inclusión social a partir de reformas en la enseñanza, las políticas sociales deben atender sus objetivos teniendo en cuenta los incentivos que pueden generar. Debe haber instrumentos para apoyar a quienes están en situación de pobreza y debe haberlos también, que generen incentivos para su superación.

Imagino que más allá del sesgo ideológico de tirios y troyanos, debería haber una amplia base de consensos en torno a la mayoría de los aspectos reseñados. Posiblemente las diferencias estén más en el cómo que en el qué.

Pero para hacerlo posible, como primer paso, debe haber un gobierno convencido de las asignaturas que están pendientes, que reúna las mayorías parlamentarias que permitan enfrentarlas y el equipo técnico que diseñe las nuevas políticas públicas. Un gobierno que gobierne y trabaje para la próxima generación y no para que sus funcionarios pretendan perpetuarse haciendo la plancha. Un gobierno que escriba la agenda y que gobierne, y que no ceda esa función, por acción u omisión, a corporaciones que por su naturaleza tienen el foco en el interés particular y no en el general.

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