OPINIÓN

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Para comenzar, veamos los últimos resultados referidos a la proporción de empleos sin restricciones, que se informa mensualmente con las tasas de empleo y desempleo. Son empleos sin restricciones los que implican trabajar a horario completo y con registro. Son por lo tanto restricciones al empleo, el subempleo y el no registro o popularmente, el u201ctrabajo en negrou201d.

Tras la gran crisis de principios de siglo, cuando el empleo se precarizó considerablemente (en 2004 sólo el 55% de los empleos en el país urbano eran u201csin restriccionesu201d) se inició un proceso de mejora firme en las condiciones de trabajo y 10 años más tarde esa cifra había subido a 74%. El crecimiento económico y la creciente formalización de la economía (u201cincentivadau201d por una mayor fiscalización de los registros, el cruzamiento de información entre agencias y, más recientemente, la legislación sobre inclusión financiera) fueron los causantes de semejante mejoría.

Desde 2014 el indicador comentado se mantuvo en la meseta del 74% y más recientemente comenzó a ceder, consistentemente con una situación recesiva bastante evidente para casi todos.

Salarios

En el Gobierno Central, los salarios subieron 10,16% en los primeros cinco meses y 10,52% en los últimos 12, en promedio, lo que incluye el aumento general por inflación (7,96%) y aumentos específicos por inciso o por categoría de trabajadores. Esto implica un aumento importante en términos reales, claramente por encima de lo que está sucediendo en el sector privado (8,48% en los últimos 12 meses).

Esos aumentos se trasladarán, en la proporción que marcan las ponderaciones del IMSN, al aumento de las pasividades que regirá desde el próximo 1° de enero, lo que contribuirá al agravamiento de la situación fiscal.

Esa rigidez en el principal rubro del presupuesto, se repite también en la mayoría de los restantes (salarios, cápitas Fonasa, asignaciones familiares, intereses, entre otros) lo que vuelve en los hechos imposible que en el primer año del próximo gobierno se pueda reducir el gasto.

La desindexación de los salarios del Gobierno Central y la subordinación de los aumentos generales a las posibilidades de la Tesorería, debería ser una política a poner en marcha desde 2021, con la vigencia de la nueva Ley de Presupuesto.

UTE y Ancap

Los resultados fiscales de las empresas estatales siempre han sido claves en el balance fiscal. Actualmente, la suma de sus resultados más los dividendos transferidos al gobierno, se ubica en 0,7% del PIB (12 meses a mayo), cifra que de acuerdo a las proyecciones de la Rendición de Cuentas, se pretende llevar a 1% del PIB en 2020.

Pero lo más importante es la trayectoria reciente de sus resultados, en particular los de las dos grandes empresas del sector energía, UTE y Ancap. En el caso de esta última, su resultado fiscal en los últimos 12 meses, ajustado por la variación de stocks de petróleo, fue negativo en US$ 25 millones. Y hay que tener en cuenta que esta empresa no realiza transferencias de dividendos al Gobierno desde hace años. Sólo razones electorales pueden explicar la postergación del aumento de los precios de los combustibles que debió hacerse a comienzos de este mes.

En el caso de UTE, ya es historia antigua el tiempo en el que generaba abultados excedentes financieros que luego eran apropiados por el Gobierno. En los últimos 12 meses, la suma de su resultado fiscal (US$ -116 millones) más los dividendos transferidos (US$ 256 millones), arroja un balance de sólo US$ 141 millones, casi 200 millones por debajo del de 2017. Se trata de una cifra irrisoria para el volumen de su negocio y mucho más en términos del capital que la sociedad tiene invertido en ella.

Inversión

Uno de los componentes tradicionales de los ajustes fiscales es el recorte de inversiones en el sector público (Gobierno y empresas), como de hecho ocurrió al asumir el actual gobierno. Es decir que una parte importante del u201ccarnaval electoralu201d eran inversiones que luego finalizaban o se interrumpían para mejorar el resultado fiscal.

En esta oportunidad eso no está sucediendo, seguramente debido a que una proporción significativa de las inversiones son realizadas por el instrumento de participación público privada, por fuera del presupuesto.

Obsérvese que a esta altura hace 10 años, la inversión pública era de 3,6% del PIB y que hace cinco años era de 3,5% del PIB. Ahora bien, en la actualidad apenas alcanza a 2,3% del producto, por lo que la inversión no es causante del desborde fiscal en curso y, por lo tanto, no habrá recorte posible desde su nivel actual que permitiera contribuir a mejorar las finanzas públicas.

El desborde está en otro lado, evidentemente, en el gasto corriente, que, además, está mayoritariamente regido por mecanismos de indexación que hacen difícil su reducción y mucho más de manera inmediata.

En definitiva, gastos rígidos e imposibles de reducir en lo inmediato, empresas estatales con números en deterioro, inversión pública en magnitudes mínimas. Mientras tanto hay quienes se ilusionan e ilusionan con ajustar sin subir impuestos.