OPINIÓN

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Desde hace ya tiempo, la combinación de políticas macroeconómicas que lleva adelante la actual conducción no ha sido eficaz para revertir una situación que se ha venido agravando y a la que, en el último par de años, ha golpeado además el contexto económico regional. No todas las medidas factibles de usar para dar vuelta y hacer crecer a la producción, a la inversión y al empleo, están disponibles para usarse con ese propósito. Si bien a través de la política monetaria y de la propia política cambiaria se podría ir progresivamente mejorando la situación, también es cierto que su uso provocaría, por otro lado, costos que aunque más no sean transitorios, serían adversos en aspectos tales como el inflacionario. Y por el lado de la política fiscal, su aplicación resulta difícil por el resultado financiero del sector público, un déficit alto que tropieza con la imposibilidad de aumentar gastos y de bajar impuestos, las acciones que mejorarían el panorama para los negocios y repercutirían en el empleo.

Medidas fiscales

La política fiscal de los últimos quince años, sumamente expansiva por el lado del gasto —social y no social—, ha sido apuntalada por una presión impositiva creciente, concentrada en el ingreso y en el patrimonio de personas y empresas. Basta observar —más adelante— cuánto ha aumentado la recaudación en impuestos de ese tipo —los denominados impuestos directos— para confirmar las dificultades que se encontrarían en un nuevo intento de aumentar el gasto del sector público financiándolo con nuevos gravámenes. En términos anuales, el resultado financiero de la gestión pública es negativo en algo más de 2.700 millones de dólares, lo que representa 4,7% del valor agregado nacional, es decir, de la producción de bienes y de servicios. En términos relativos a la referida producción, ha sido el peor resultado de las últimas dos décadas a pesar de una presión fiscal que, aplicada exclusivamente por el lado de los impuestos directos, ha ido creciendo anárquicamente, afectando lógicamente a la baja al ahorro para invertir, emplear y producir.

La recaudación anual por impuestos directos —al ingreso y a los activos netos de personas y empresas—, alcanza al 48% de la recaudación total de la Dirección General Impositiva, el doble de lo que representaba hace dos décadas. Se trata de diversos impuestos que se han ido creando y que gravan en muchos casos a una misma base imponible. Es el caso por ejemplo del Impuesto al Patrimonio, que entre otros activos se aplica sobre inmuebles, al igual que lo hace el Impuesto de Primaria y también otro tributo no nacional, el municipal, que también se cobra sobre el valor de los inmuebles.

Otro caso es el del propio Impuesto al Patrimonio, que es el fruto del ahorro neto pasado, una vez gravado el ingreso bruto con el impuesto a los ingresos, sea por el IRPF, el IRAE o algún otro por el estilo. Y aún otro caso es el del IASS, que grava el ingreso por prestaciones jubilatorias, por ejemplo, cuando el ingreso que generó los fondos para el retiro había ya tributado los impuestos nacionales sobre el ingreso y por los aportes tanto patronales como personales al BPS. Las malas prácticas de doble y de triple tributación sobre la misma base imponible resultan, junto con los aumentos de las tasas aplicables, de la necesidad de gravar a pocos sujetos económicos —aunque en número creciente—, para recoger un monto que se requiere en ascenso por el aumento del gasto, o eventualmente, como puede ocurrir en el futuro, debido a la eventual declinación de la recaudación. El sistema tributario uruguayo necesitará, tanto como el previsional, un ajuste en algún momento pues, de lo contrario, como viene ocurriendo hace ya varios años, el ahorro destinado a la inversión disminuye pese a las magras tasas de interés mundiales que deberían estimular a la inversión.

El gasto

Mucho se habla en estos días sobre lo intocable que debe ser el gasto público, en particular el gasto “social”. Pocas veces se menciona, sin embargo, la necesidad de contrastar el nivel del gasto público y su efecto multiplicador y “equilibrador social” en la economía, con el efecto multiplicador y el efecto “equilibrador social” y más duradero que tendría en la economía —a través de inversiones y de consumo— una menor presión impositiva sobre el ingreso y el patrimonio de las personas y de las empresas. Existen, y son lógicamente receptivas, las erogaciones en favor de una mejor distribución del ingreso, de una igualación de oportunidades y de otros resultados sociales por el estilo. Pero como economista, no puedo dejar de aplicar principios económicos a toda situación en la que de por medio existan elecciones.

Si no hubiese costos por aumentar el gasto social, no habría discusión alguna: se pueden aumentar hasta el infinito. Pero si existen costos, es lógico no desconocerlos. El endeudamiento o el aumento de de impuestos o de tasas de los existentes para financiar más gastos, tienen sus costos. El endeudamiento, porque más tarde o más temprano lo pagarán futuras generaciones que pueden ser o no las que hoy son ayudadas. En el caso de una mayor presión tributaria, porque se puede perjudicar a quien se desea ayudar, al declinar la inversión, el consumo y el empleo, los usos que tendría un mayor ahorro por menor presión fiscal. En resumen, para elegir entre dos alternativas, hay que evaluar sus costos y beneficios.