OPINIÓN

La política de combustibles

A partir de la divulgación del balance de Ancap, vuelven a mi consideración muchos temas vinculados a lo que ha sido el calvario de esta empresa para la sociedad en estos últimos 15 años. 

Foto: El País
Foto: El País

No nos olvidamos —cómo hacerlo— de los 700 millones de dólares que perdió y la sociedad debió capitalizar; no se nos olvida tampoco que este desastre se hizo vendiendo un producto monopólico con precio administrado. Pero desde siempre me preocupó no solo el resultado del balance sino, más allá del resultado económico, si la empresa hace lo que tiene que hacer o no, aunque gane plata.

Entre estas actividades muy discutibles, subrayo por ejemplo la de sostener el proyecto de minisocialismo de Sendic, estableciendo para Ancap su propia política de combustibles, de relaciones internacionales (allí está Pdvsa), de política agrícola, de política azucarera en la que no intervino el MGAP, de política de tierras (sus propias Colonias) y de un nuevo monopolio, el de la elaboración de agrocombustibles. Sin olvidar su autónoma política de venta de servicios, de insumos, de fertilizante, que resolvió ALUR por sí y ante sí, compitiendo con privados en la compra de sorgo o de canola, vendiendo raciones, urea y mañana cualquier cosa. Esto lo determinó Alur en asamblea de sus propios accionistas.

Cincuenta por ciento del gasoil 

La situación de la política de combustibles es muy seria por sus efectos graves en el sector agropecuario. A este respecto, hay que tener presente algunos números.

De los algo más de 950 millones de litros de combustible comercializados, 170 millones corresponden a uso agrícola en las chacras y unos 350 a fletes. Como no me imagino ninguna otra cosa significativa para fletear que productos e insumos agrícolas, en definitiva la mitad del gas oil pega directamente en el agro, y cualquier estimación de sobreprecios se puede suponer que un 50 % lo costea el campo.

En esta línea, de los $ 40,4 que vale el litro, hay $ 3,4 según la Ursea de sobreprecio por encima de la paridad de importación con impuestos. Es decir que, aunque Ancap pierda menos, aunque quizás esté mejor que lo que estuvo hace un tiempo, hay allí $ 3,4 producto de la ineficiencia comparativa del ente. Llevando esta cifra al total del gasoil, el costo de esta situación es casi 92 millones de dólares, la mitad costeada por el agro.

Por otra parte $ 3,48 componen el subsidio del boleto, que no discuto aquí, pero que cuesta casi 97 millones de dólares por año, otra vez la mitad financiado por el agro.

Además, están los $10,4 de impuestos que suponen 280 millones de dólares de recaudación, otra vez la mitad del agro.

Biodiesel 

A esta cuenta ya ciclópea hay que incluir la ineficiencia del biodiesel, cuya paridad de importación, siempre según fuentes oficiales es $ 24,8. Como después se lo vende a $40,4 que es el precio del litro de gasoil, hay allí otra transferencia de recursos, un 50 % del agro, esta vez al monopolio de ALUR de venta de biodiesel a precio administrado. Esto suma casi 22 millones de dólares de “fiesta”, pero solo en el 5 % de aquellos 950 millones de litros de gas oil comercializados por la obligación, insostenible hoy, de mezclar.

Por otra parte, los impuestos que recauda el gas oil —$ 10,4 por litro— suponen 270 millones de dólares de recaudación. Si la mitad de ésta es agropecuaria, y la misma proporción la sumamos por el biodiesel, por el subsidio del boleto y por la diferencia con la paridad de importación, el agro aquí está poniendo —restando 33 millones de dólares de devolución de impuestos— la suma de 200 millones de dólares… que es casi como toda la tributación del agro de 2018, estimada en 265 millones de dólares. Saquemos cuentas.

Soluciones

No es fácil arreglar esto; se trata, creo, de dar pequeños pasos en una dirección muy clara desde el principio. El primero congelar todo como está, no agrandar más funciones de especie alguna. El segundo paso que propongo es a partir de una reflexión: si despareciera el subsidio al boleto, que es una barbaridad que esté en el gasoil (y si se lo financiara quizás con otra fuente); si el gas oil valiera la paridad de importación y si nos dejáramos de jorobar con el biodiesel (que supone $ 0,8 por litro en el precio), si arregláramos esto sin tocar la tributación, el gasoil valdría algo menos del dólar, que es lo que más o menos vale en algunos de los países que compiten con nosotros, y sería un gran paso. Y dar alguna batalla quizás para discutir la ley de agrocombustibles con un espíritu abierto, admitiendo que lo que a lo mejor fue útil cuando el petróleo valía U$S 100 el barril, ahora puede ser una carga inútil no solo por el biodiesel sino —mucho peor— por el etanol que se incluye en la nafta, con una diferencia por litro entre paridad y precio de venta de más de $ 30 por litro. Se trata de una ley que obliga a mezclar, prohíbe importar, prohíbe el uso de agrocombustibles de materia prima importada, permite elaborarlos pero para flotas cautivas o venta a Ancap y —no lo decía la ley— convirtió a ALUR en otro monstruito, vendiendo lo que quiera en régimen de monopolio de hecho, capitalizada por Ancap en 100 millones de dólares.

Con prudencia, paciencia y tiempo, pero con la mirada clara en un objetivo de largo plazo, habrá que rever la política de combustibles —lo exige la competitividad del agro y hasta el sentido común— y también la de agrocombustibles, empezando desde ya con congelar la situación actual: que a ambas, Ancap y ALUR, al menos no se les ocurra cosas nuevas compitiendo además con múltiples emprendimientos privados.

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