OPINIÓN

En otras realidades no estamos a la altura de las circunstancias como en las empresas públicas y por la falta de una política comercial coherente.

En días pasados, la emisión de deuda que hizo Uruguay para prefinanciar su déficit fiscal y estirar vencimientos confirma su acceso fluido a los mercados globales de capital. También demuestra sentido de oportunidad para aprovechar ventajas que ofrece hoy el mercado, y por sobre todas las cosas la continuidad de una política de estado en el manejo del endeudamiento que tiene décadas de vida. Hecho que ayuda a las cuentas públicas y a mantener abiertos los canales de financiamiento sin los cuales el devenir del país se haría más penoso. Siempre queda pendiente determinar cuál es el monto óptimo del endeudamiento y para que se utiliza, pero eso no es tarea de quienes son responsables de su manejo. Su objetivo es mantener el acceso al crédito, buscar las mejores condiciones para contratarlo y manejar los pasivos acumulados de manera tal que disminuyan riesgos potenciales tales como vencimientos de corto plazo, deuda con tasas de interés variables o altamente dolarizada.

Esas realidades abruman a las cuentas públicas y son detonantes de crisis una vez que se instala un frenazo (sudden stop) en los mercados globales a veces desatado por un hecho ajeno a la conducta del deudor (riesgo de refinanciamiento). O una postura restrictiva de la Reserva Federal aumentando las tasas de interés de referencia lo cual automáticamente eleva las tasas en los mercados financieros. A lo que se agregan los efectos nefastos de las devaluaciones intempestivas que a su vez ocurren en momentos de crisis macroeconómicas.

Un repaso del camino comenzado hace más de cuatro décadas cuando se abren las puertas del acceso al financiamiento externo masivo hasta la actualidad, muestran como denominador común que Uruguay siempre buscó evitar la cesación de pagos, lo que contrastaba con un continente que en su mayoria había entrado ya en default en la decada del ‘80. En tanto nuestro país sólo refinanciaba vencimientos en base a fórmulas que ofrecían los acreedores. Hasta que en 1991 negocia una reducción de su endeudamiento en el marco del Plan Brady, solución pergeñada por la comunidad financiera internacional. Uruguay logró calificar despues de largas negociaciones comenzadas en 1989, ¡pues había resistencia en aceptar a un deudor que se mantenía cumpliendo con los pagos! Eso implicó recomprar un tercio de la deuda con un descuento importante (44%), y canjear el saldo por bonos a largo plazo con modalidades diversas. La decada del ‘90 reconoce sus credenciales de deudor, posibilitándole ya en 1997 obtener su grado de inversion y emitir un bono global a 30 años de plazo y tasa fija.

Por el absurdo, la crisis del 2002-3 convalida la conducta de deudor con credenciales intachables, pues la administración del presidente Jorge Batlle se resistió a entrar en default a pesar de la presión del Fondo Monetario y la opinión concurrente del Frente Amplio, quien ya se perfilaba como opción probable de gobierno. En definitiva, se fue construyendo una política de estado en materia del manejo del endeudamiento externo, que a pesar de los renuncios anotados, los últimos tres gobiernos han consolidado de la mano del Ministerio de Economia y Finanzas. Eso constituye un activo intangible de enorme valor, que trasciende los beneficios de obtener buenas condiciones de financiamiento y disipar riesgos concurrentes. Se trata de la mejoría de la calidad institucionalidad de la nación, a través de instilar en su cuerpo social el cumplimiento estricto de los contratos, como forma suprema de canalizar y preservar derechos entre naciones, entidades y ciudadanos.

Esta realidad nos conduce a posar la mirada en otras realidades nuestras donde no estamos a la altura de las circunstancias en materia de politicas de estado por razones diversas. A veces por la defensa de intereses corporativos, en otras por sesgos ideológicos, y en otras aunque suene fuerte, por ignorancia sobre lo que se opina.

La primera mención corresponde a la falta de una política comercial coherente. Después de décadas de discusión, aceptamos que nuestro crecimiento depende de las exportaciones. Salvo el Mercosur, que perfeccionó nuestro comercio tradicional bilateral con Argentina y Brasil más el TLC con México firmado en el 2004, poco nuevo a pasado. China fue el gran comodín que nos amplió inesperadamente nuestro mercado externo, generó displicencia y disimuló la omisión. Otros intentos, fueron bloqueados por fuerzas internas del propio partido que nos gobierna desde hace casi tres lustros, las que en realidad ni representan a la mayoria de la ciudadanía ni tienen la humildad de pensar que se trata de temas complejos que necesitan de políticas de estado que trascienden administraciones e ideologías. En definitiva, al encierro mercosuriano se lo refuerza con un encierro propio que limita el accionar del propio gobierno y que daña al país.

Las empresas públicas también corren por un andarivel similar. Lo que hoy tenemos son esfuerzos para encarrilar desaguisados como el de Ancap, pero aun sin una noción clara de cuál será su ámbito futuro sostenible sin usar su poder monopólico. Ute con exceso de generación y carencias crecientes en la transmisión y distribución, sigue reservando para sí el doble papel de regulador y ente regulado en materia de energía eléctrica, lo cual es absurdo.

Cómo se imbrican estos temas en políticas de estado en materia energética sigue en el debe, salvo la muletilla que las empresas públicas son estratégicas para el país.

Son temas cardinales pendientes, que requieren políticas de estado cuyos beneficios quedan patentes cuando se observan los resultados de las referidas al manejo del endeudamiento externo.