El discurso del presidente de la Asociación Rural en la clausura de la Exposición del Prado me llamó verdaderamente la atención, porque hacía bastante tiempo, prácticamente desde la presidencia muy notoria del Ing. Mattos, que la ARU parecía haber optado por un perfil relativamente complaciente con el gobierno.

Recuerdo por contraste las múltiples y enfurecidas palabras de varios presidentes respecto por ejemplo del retraso cambiario de los ´90 —que en la actualidad se oyen bastante menos— siendo que el tipo de cambio real efectivo global fue en promedio el mejor en el ´90-95, y nunca estuvo en peor nivel que el ostentado en promedio en estos últimos dos quinquenios; o el silencio frente a la marcha atrás en unas cuantas desregulaciones de aquella época, o ante agravios notorios al derecho de propiedad. Por eso es muy bienvenido el nuevo estilo, que quedó marcado en las palabras de Reilly.

En primer lugar destaco que no se refirió al simple aumento de los impuestos sino que lo vinculó a promesas incumplidas. Así por ejemplo se refirió a la reforma tributaria de Astori, que tuvo como concepto central según recordó, privilegiar la tributación sobre la renta, habiéndose llegado en cambio con los nuevos tributos, a que los impuestos a la tierra superen el 50 % de la recaudación, "desestimulando la inversión productiva y por lo tanto afectando la generación de puestos de trabajo". Dicho sea al pasar, a mí y a muchos no nos llamó nunca la atención que un gobierno socialista golpeara por ideología o por resentimiento a la tierra: está en su ADN. Lo raro era que en el 2007 afirmaran lo contrario. También recordó Reilly el "invento" —así lo llamó— del inconstitucional ICIR, posteriormente convertido en aumento del impuesto al patrimonio; y no olvidó incrementos en la contribución inmobiliaria. Por fin se refirió a los cambios en el IRAE y el IRPF, y criticó otra vez con acierto la política de tarifas, particularmente grave en el caso de Ancap que no rebaja el gas oil como correspondería al actual precio del petróleo. Finalmente no resisto transcribir un párrafo sobre el destino de la recaudación extraordinaria de estos años: "Tras varios años de crecimiento económico sostenido, culminamos este ciclo con la cuentas públicas en rojo, reflejadas en un déficit fiscal cercano a los 1.800 millones de dólares, en el entorno del 3,4% del PIB. Todos tenemos claro que el Estado debe estar presente en aquellos temas esenciales que hacen a la vida del país y al bienestar de sus habitantes. Pero un aparato estatal excesivo, y lo que es peor, administrado de forma ineficiente y muchas veces irresponsable, termina transformándose en un peso estructural para la sociedad". Tiene razón; a lo que hay que agregar que deja una educación como la que tenemos, una seguridad como la que padecemos, o un nivel de infraestructura como el que sufrimos.

Pero hay más. Por ejemplo hay un tema central que es la cantidad de funcionarios públicos, que como proporción de la población activa solo es superada por Venezuela y Argentina, pero que en números absolutos señala que respecto del año 2004, sin crecimiento demográfico, hay 63.300 más, compuestos por los funcionarios propiamente dichos más becarios, pasantes y otros contratos. Si suponemos un costo laboral total de 43 mil pesos durante 13 meses, que es una cifra conservadora, el aumento del costo del Estado por este mecanismo es de US$ 1.200 millones anuales. Ahí está una buena parte del déficit fiscal, duplica el ajuste de esta rendición de cuentas y pone en evidencia muchas interrogantes. Por ejemplo la gestión del Presidente anterior. En efecto, a muchos nos importa poco su austeridad personal; la que sí nos interesa es la del gobierno que condujo, que arrancó con 265 mil funcionarios y terminó con 308 mil, en una demostración de derroche y de descalabro administrativo, si vemos cómo quedaron la educación, la seguridad o la salud. Mujica acentuó el proceso iniciado con Vázquez que veremos como sigue. Por otra parte, estas cifras no toman en cuenta el "estado paralelo" de las empresas propiedad de los entes, o de las personas de derecho público no estatal como INAC, INIA, Inavi, Inale, por citar algunas que, aunque de derecho no emplean funcionarios públicos, de hecho es obvio que sí.

Estas cifras deben generar otras preguntas. Por ejemplo, por qué hay un 60% más de gente en ANEP que lo que había en 1995 o en 2005. Por qué la Universidad incrementó en el mismo período un 58 y un 47% de funcionarios respectivamente. O cuál es la razón para que la intendencia de San José se maneje con 843 funcionarios —los mismos que hace 20 años— y la de Artigas con 1650; o la de Rocha con 1800, en tanto la de Flores lo hace con 671.

En definitiva cuando se hable a futuro de lo insoportable del costo país, de lo imposible que resulta competir con un 35 % de presión fiscal, de lo injusto que es dejar al Estado más de un tercio del esfuerzo de cada uno, y cuando se analice además la eficacia de ese gasto, habrá que hablar de esto: de la cantidad de empleados.

Racionalizar, hacer más eficiente o menos pesado, en nuestro país quiere decir insoslayablemente menos gente en el Estado; el modo se podrá discutir pero se trata de esto, aunque no suene políticamente correcto.

JULIO PREVE FOLLE