A pesar de los intrumentos existentes, no parece haber percepción de las empresas sobre facilidades para la inversión privada.

Un trabajo preparado por el Instituto de Competitividad de la Facultad de ciencias Empresariales de la Universidad Católica, recogió la opinión de más de un centenar de empresarios de distintas áreas y tamaño, con el objetivo de conocer su percepción sobre los problemas que afectan la competitividad de las empresas. Entre las respuestas es recurrente el reclamo contra la burocratización, la regulación laboral o los problemas de la educación, así como dificultades para acceder al crédito. Los economistas Roberto Horta y Luis Silveira, responsables del estudio, coinciden en destacar que hace falta una mayor "institucionalidad" en el tema. A continuación, un resumen de la entrevista.

—¿De qué hablamos cuando decimos competitividad?

Roberto Horta —Nosotros trabajamos a partir de un enfoque de competitividad holístico, sistémico, que va mucho más allá de la competitividad mirada por el tipo de cambio real, que se toma cuando se analiza la coyuntura. Una economía competitiva es aquella que genera, según la definición propia que tenemos en el Instituto, el bienestar de la gente. No puede ser competitiva si el nivel de vida de la gente no mejora, por más que aumente las exportaciones, haya más empleo, o el tipo de cambio real esté mejor.

Luis Silveira —Una economía competitiva no significa salarios bajos; quizá podamos exportar más, pero para nosotros eso no es una economía competitiva.

—¿Cómo definen la competitividad?

RH —Nos apoyamos mucho en los conceptos del profesor Michael Porter, integramos la red de Harvard, lo que nos permite manejar esa concepción sobre la competitividad, donde los determinantes son macroeconómicos y microeconómicos, a la vez hay otros determinantes que se le llaman "fundamentos", o sea las condiciones dadas.

Macroeconómicos, es tener una economía que elimine las vulnerabilidades. Estabilidad de precios, cuenta corriente, fiscal. Son condiciones necesarias pero no suficientes, porque los verdaderos determinantes de la actividad pasan a nivel micro.

—El entorno empresarial pasa a ser un tema muy importante…

RH —Y los gobiernos intentan generar condiciones de atracción a la inversión en Uruguay, un mejor entorno para las empresas. Para analizar el entorno nos basamos en dos tipos de información: indicadores que existen en el país y las opiniones de las empresas.

—¿Y cuáles son los factores en que encontraron mayor dificultad?

LS —El primero que sale es la baja calidad de la educación primaria y secundaria. Pensando en el recurso humano de la empresa para el futuro. En cambio la educación universitaria es vista en una posición más neutral-positiva. El segundo problema que perciben es no poder contratar empleados con las características que necesitan, algo que les ocurre hoy, y se verá acentuado con el punto que manejábamos antes, el nivel de la educación.

Otra de las dificultades es el alto costo de los insumos energéticos, electricidad, derivados de petróleo, etc. Y otro tema es el financiamiento, hay poco acceso a capital de riesgo para nuevos negocios, emprendedurismo; la oferta es muy limitada. Hay una buena percepción, por otra parte, de la infraestructura inteligente, como es el tema de las comunicaciones.

—Hay un capítulo que refiere a la rivalidad entre empresas, entendida como un elemento que juega a favor de la competitividad…

LS —Así es. Cuando más rivalidad existe genera más condiciones para la competitividad. Uno de los problemas que se observó es la regulación laboral, los altos cosos que implica para contratar personas. La segunda es que no es fácil en Uruguay, dado el tamaño del mercado y las características del empresariado, empezar una nueva línea de negocios. Por otro lado están las condiciones de la demanda. No se ve que el gobierno juegue un papel importante con su demanda en incentivar la innovación, por ejemplo. Salió como una de las cosas más negativas, con la opinión de más del 50% de los encuestados. Y también, que todavía la conservación del nuevo ambiente no tiene una gran importancia en los clientes; todo lo relacionado con la Responsabilidad Social Empresaria no parece ser un tema que defina competitividad aún, según los propios empresarios.

—¿Qué hay de las políticas públicas vinculadas con la competitividad de las empresas?

RH —Una cosa que nos llamó la atención: hay una impresión de que el sistema impositivo no está diseñado para promover la competitividad. A pesar de que tenemos una Ley de inversiones y otros esquemas que apuntan en el mismo sentido. Pero el tema es que esos beneficios lo utilizan solo las grandes empresas y no las medianas y pequeñas, que son la mayoría. Un 66% demostró esa percepción en la encuesta.

Podemos tener un instrumento de política bueno, bien diseñado, pero capaz que no es percibido por el posible beneficiario.

—¿Qué debería hacerse a vuestro juicio para mejorar las condiciones de competitividad en el país?

RH —Crear una propia institucionalidad que tenga que ver con la competitividad, que le de un enfoque más prioritario y abarque todos los problemas del área. Hoy no la tenemos.

Nosotros hacemos hincapié en las estrategias de desarrollo inteligente, que se están aplicando mucho en Europa, la idea conceptual que está atrás de eso es que los países no tienen la capacidad de apoyar a todos los sectores productivos de la misma manera, por tanto hay que generar estrategias verticales, especializarse en forma inteligente en aquellas actividades empresariales que tienen mejor especialidad a partir de cruzar esa información con los activos tecnológicos que tiene la economía, para generar ventajas competitivas en el mediano plazo.

—¿Para ello el Estado tiene que elegir?

RH —Esa priorización no la hace el Estado, la tienen que hacer todos los actores trabajando en conjunto, decidir destinar ciertos recursos y políticas para apuntalar actividades que tienen ventajas competitivas reveladas. Además de existir políticas competitivas horizontales como puede ser la educación, hay políticas verticales que tienen que ver con priorizaciones. Se trata de descubrir al emprendedor, no es el Estado el que lo debe hacer, son los empresarios actuando y demostrando que su actividad merece ser apoyada. Eso se está haciendo mucho en Europa y en algunos países de América Latina. Tratando de unir los activos que tenemos, lo que puede tener el Estado para apoyar, y el emprendedor, que bien puede ser el empresario establecido que hace innovaciones.

LS —Hay ganadores y perdedores en estas políticas verticales, los que no son elegidos tienen que reconvertirse.

Por eso es importante la institucionalidad para la competitividad, con el apoyo de la academia, del gobierno, de las empresas. El País Vasco es un ejemplo en esas políticas y es una de las regiones de mayor éxito en España. Ellos hablan de las cuatro hélices a la hora de definir estos temas: la empresa, el gobierno, la academia y la sociedad civil. Y de ese conjunto salen las prioridades hacia donde se apunta.

-Otro capítulo importante es el de la internacionalización de las empresas...

LS -Sí, en un 60% no perciben que el gobierno les ayude a internacionalizarse.

Muchos señalan como un tema importante el exceso de trámites burocráticos, y a su vez, la falta de experiencia de las empresas en determinados mercados, y la falta de información sobre aquellos mercados donde comercializar sus productos y servicios.

Les preguntamos qué acciones están llevando adelante las empresas para aumentar sus negocios en el exterior, y lo primero que responden es desarrollar nuevos productos y servicios, segundo, participar en eventos y ferias y tercero, alianzas con empresas del exterior. Y no pocas, respondieron que estaban incluso reduciendo márgenes para poder competir.

RH -Otro de los obstáculos actuales que encuentran las empresas, como algo muy severo, es la falta de acuerdos comerciales fuera del Mercosur

El segundo obstáculo vinculado como severo por un 30% es el pequeño tamaño del mercado local, y los costos laborales son señalados también en este rubro como tema preocupante, al igual que las regulaciones públicas.

Director del Instituto de Competitividad. Director de la Escuela de Negocios de la UCU. Doctor en Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de Deusto (País Vasco). Economista, Universidad de la República.

Doctor en Competitividad Empresarial y Desarrollo Económico, Universidad de Deusto (País Vasco). Magíster en Economía y Regulación de los Servicios Públicos, Universidad de Barcelona. Economista, Universidad de la República.

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