OPINIÓN

Aunque no se menciona con la misma intensidad que el de la Administración Central, pero el déficit del BCU debería recibir la atención que hoy no tiene.

Ya en plena carrera electoral, la preocupación macroeconómica se centra en varios temas: actividad, empleo, competitividad y déficit de la gestión financiera del sector público y su corolario el creciente endeudamiento público.

Algunos aspectos de este último tema deben analizarse porque la gestión financiera del sector público es crecientemente deficitaria y, como lo ha expresado Javier de Haedo en su última columna, el déficit empeorará. Es lógica su conclusión ya que, como hemos escuchado y comprobado en la realidad, nada se hace ni se hará este año para frenar un desequilibrio negativo que alcanza al 4,1% del PIB en términos anuales. Está bien por encima del que tiene como meta la conducción económica, que para fijarla confía en un comportamiento expansivo de la actividad económica que difícilmente ocurra.

Ajuste fiscal. Desde muchos ámbitos se escucha entonces, que la futura administración, cualquiera sea su color partidario, deberá realizar una “consolidación fiscal” usando la nada precisa y engañosa terminología de un FMI que no sugiere ni qué es ni cómo hacerla. En realidad es una expresión que no diluye la convicción general de la necesidad de un ajuste fiscal, algo muy distinto a una consolidación fiscal, pues según nuestro lenguaje ésta sería asegurar lo que ya hay. Y lo que ya existe, si se consolida, será mantener un déficit financiero que complica a la actividad económica, que requiere endeudamiento creciente y que no apunta a cambiar los otros temas de preocupación.

La “rendición de cuentas” que se realizó días atrás en el Antel Arena no trató el tema del déficit creciente de la gestión financiera del sector público; no se dijo cómo se intentará su reducción, lo que implica dejarlo de herencia para el que venga. Un poco al estilo de la administración anterior que dejara la suya, por supuesto nada buena ni desde el punto de vista macroeconómico ni económico.

El ajuste que es inevitable pues, como dice también Javier de Haedo, si no lo hace el gobierno lo impondrá la realidad, ya se propone desde varios entornos no oficiales. Va desde los que insisten con la reducción de gastos no necesarios hasta los que mantienen su enfoque que el que tiene más o gana más debe pagar más a través del aumento de los impuestos a la renta, del impuesto al patrimonio y de otros adicionales sobre los activos personales y de empresas (inmuebles y vehículos).

Los primeros chocarán con la oposición de los beneficiarios del gasto “social” o de quienes se benefician por concederlos. También tendrán la oposición de la central sindical y de algún otro sector de la sociedad. Los que proponen desde ya el abatimiento del déficit con aumento de impuestos directos chocarán por su parte con quienes ya demuestren que la carga tributaria directa e indirecta, nacional y local que pesa sobre ellos, es de las más altas del mundo, dirán y es atendible, que no reciben en contrapartida los servicios por los que tributan o pagan: bienes y servicios que proveen las empresas públicas, educación pública, seguridad y otras cosas por el estilo.

La política monetaria. Una alternativa distinta a las anteriores y que no se menciona para ir reduciendo desde ya y progresivamente el déficit del sector público, se lograría modificando la actual política monetaria. Esta política -en realidad su empleo conjunto con intervenciones cambiarias y flotación “sucia”- que lleva adelante el Banco Central (BCU) desde hace ya muchos años sin lograr encauzar definitivamente a la inflación en el objetivo oficial e imponiendo serios obstáculos al crecimiento al afectar a la competitividad de la producción transable, ha contribuido al déficit de 2018 en no menos de 590 millones de dólares -en otros momentos su contribución ha sido aún mayor-; un costo altísimo de la ineficacia antiinflacionaria.

El monto déficit del Banco Central sobre el que nada se menciona se explica en algo menos de 10% por el resultado primario u operativo de la institución y el resto y fundamental, por el pago de tasas de interés por los instrumentos de deuda que emite -las letras de regulación monetaria (LRM)- para regular la cantidad de dinero, con el fin de alcanzar la renuente meta inflacionaria.

La evidencia muestra que esas tasas de interés atraen inversores locales y extranjeros en esos títulos, que al desprenderse de dólares para adquirirlos, presionan a la baja del tipo de cambio afectando a la competitividad y a la producción transable -exportables y sustituidores de importaciones-. Intenta el BCU evitar ese problema, interviniendo en el mercado de cambios comprando dólares para que su precio no baje, y lo hace entregando pesos que luego debe esterilizar con más LRM para evitar presiones inflacionarias. Y así el proceso sigue reflejando cómo el BCU pierde absolutamente el control de la cantidad de dinero que intenta recuperar elevando las tasas de interés.

Aunque no se menciona con la misma intensidad que las referencias al déficit de la administración central, el de la autoridad monetaria debería recibir la atención que hoy no tiene. Reduciendo gradualmente la tasa de interés de las LRM junto con sacrificios esporádicos del exceso de reservas del BCU, se podría disminuir el desequilibrio financiero del sector público, atenuar la amenaza de baja de la calificación de riesgo y sus consecuencias y mejorar la competitividad del sector transable.

También se evitarían los problemas que traen tanto la reducción de otros gastos como el aumento de impuestos para el financiamiento del desequilibrio financiero del sector público.