Cada vez son más los que cuestionan buena parte de los supuestos con los que se han construido las hipótesis sobre las que se presentó el presupuesto. En parte, esto se puede deber a la dificultad de reconocer que estamos peor que antes sin poder echarle la culpa al gobierno anterior, en parte quizás también porque algunos episodios de fuera han golpeado más de lo previsible.

En cualquier hipótesis, una visión equivocada de la realidad, una inconsistencia en el conjunto de las proyecciones de las cuentas nacionales, no supone un simple error sino la introducción de fuertes tensiones en el equilibrio interno y externo de nuestra economía. Esto a la vez puede golpear en un atributo muy apreciado del país como lo es nuestra calificación de grado inversor, la misma que Brasil viene de perder precisamente por esas inconsistencias, así como por la percepción que tienen afuera, de la imposibilidad de Dilma de liderar ajustes. Frente a este momento de tensiones macro en casi todos los frentes, las discusiones sobre repartos de más y más gasto en pesos, se parecen a las de las famosas cámaras bizantinas de Ellauri, convertidas según se refiere en certámenes de oratoria en tanto el país se descomponía en lo económico e institucional.

Si la inestabilidad argentina es como la que pienso y, en especial, si la situación en Brasil no se corrige, el crecimiento del 2,8 será una fantasía que nos va a llevar a turbulencias fiscales. Nada hace pensar que con una Dilma al comienzo de su gestión, y con 7 % de aprobación, ajuste su economía, transfiriéndonos de modo muy directo su inestabilidad. Si nuestro PIB no crece lo esperado, la recaudación tampoco lo hará. En este sentido hay que tener presente que el producto es esencialmente el valor agregado de la economía, lo que permite entender con facilidad que si el PIB no crece tampoco lo hará el IVA, nuestro primer impuesto, aquel que nos contaron iba a rebajarse sustancialmente a partir de la inicua reforma tributaria de 2006. Con menos recaudación, el déficit será mayor al 2,5 % previsto para el quinto año, y su necesidad de financiamiento vendrá de más impuestos, o de endeudamiento o de inflación, ya que nadie prevé que los gastos puedan bajar. En cualquier hipótesis que excluya ajustes, todo va a suponer riesgo e inestabilidad, y ésta probablemente pegue en el costo del financiamiento de nuestra economía, que se suma al previsible aumento de la tasa de interés internacional. Junto a este panorama global difícil y con escasas chances de modificación, aparecen también tensiones por el lado de los principales productos agropecuarios de exportación que transitan dificultades en sus precios.

Es precisamente en este contexto en el que hay que batallar en la remoción extraordinaria de costos al menos por un tiempo; el gobierno debería liderar un proceso así para evitar situaciones como la que voy a mencionar. Me refiero a un estudio comparativo de costos y productividades agrícolas en varios países del mundo; de él extraigo algunos datos para pensar. El gas oil por ejemplo vale US$ 1,37 en Uruguay, 0,53 en Estados Unidos y 0,95 en Brasil. El flete de 500 km. vale por tonelada US$ 69 en nuestro país, 24 en Brasil, 65 en Argentina y 30 en Estados Unidos; el glifosato y los fertilizantes valen parecido. Y los precios para el caso de la soja, salvo en Argentina en razón de las retenciones, son también análogos.

Todo lo anterior avala la necesidad de que el gobierno lidere un shock de competitividad bajando costos en todos los frentes de los que mencionaré algunos, dejando de lado la reducción de impuestos y por supuesto asumiendo que no habrá nuevos, como pide Olesker. Por ejemplo y en materia de combustible, paremos con la obligación de mezclar con agrocombustibles que son mucho más caros, al menos por un tiempo, en tanto se rediscute una ley errada que promovió otra Ancap. Eliminemos hasta nuevo aviso el aporte del agro al subsidio del boleto; y por qué no reducir a la mitad el presupuesto de todas las personas de derecho público no estatal vinculadas al agro, exceptuando quizás al INIA, y achicar en consecuencia la contribución del campo a Inase, Inac, LATU, Inavi, Plan Agropecuario. Aseguro que ni al país ni al agro les pasaría absolutamente nada. Por qué no dejar en cero por un tiempo absolutamente todos los costos de cualquier registro o permiso, recordando que con esta administración se multiplicarán, como escribí la semana pasada. Esto no solo supone algunos costos sino también mucho tiempo valioso.

Propongo también reducir por un tiempo los pagos de brucelosis, caravanas, cajas negras, etc., devenidos en impuestos, y minimizar trámites, intentando que un embarque de ganado se simplifique en aras del aprovechamiento del tiempo. Paremos por un tiempo también los planes de uso y manejo del suelo, que no va a pasar absolutamente nada. Y hagamos lo propio con todos los registros. Permitamos importar temporalmente toda clase de vehículos usados, hagamos caer el costo de las certificaciones de origen, dejemos en cero un año los impuestos a las comisiones…

Si nada de lo anterior es posible, como tampoco bajar gastos y reducir impuestos, el ajuste se dará solo y de la peor manera.

Analista - Julio Preve Folle