Uruguay es un país muy caro, todos lo sabemos. Nos llama la atención que la ropa, el combustible, la banda ancha, los zapatos, la comida, sean más caros aquí que en países comparables, y también en países desarrollados de cualquier continente. Pero no enganchamos causalidades que nos permitan ver repercusiones a futuro.

En realidad, que el tipo de cambio efectivo real esté en uno de los guarismos peores de su historia no es más que la contracara de situaciones que están pasando y que en tanto no se adviertan, es difícil empiecen a cambiar.

El país tiene en efecto una serie de circunstancias económicas y sociales que lo van a hacer sufrir en la competencia internacional. Ya se ha mencionado desde estas columnas que el desquicio de la administración del 2005 al 2015 nos ha dejado con casi 70 mil empleados públicos más, lo que supone un gasto público rígido adicional gigantesco, sin cambio esencial en las prestaciones ni aumento de la población. Esto requiere, junto al crecimiento descontrolado de las intervenciones gubernamentales en la economía, una presión fiscal insoportable para cualquier empresario. No solo debe renunciar a un 32% de la renta de su empresa (equivalente al costo de un hijo si tiene tres, para financiar Mides, Alas Uruguay, ALUR, etc.) sino que además debe pagar Patrimonio, IVA y otros tributos. Y todo esto para recibir a cambio la educación y seguridad que tenemos, y la infraestructura que padecemos.

El tema es grave porque la oferta de radicación de capitales no solo hace que puedan ir al norte si aumenta la tasa de interés, sino que Argentina, Paraguay y Brasil empiezan a ser países que, más amigables con el capital, están ofreciendo oportunidades en tanto aquí seguimos discutiendo cómo extraer más a la producción privada, a los empresarios.

En el agro es muy claro. Hoy en día no crece nada, ni el arroz, ni la soja, ni la carne, ni la leche, siendo que en otros países sí que crecen, porque los precios no son malos: 3.500 dólares para la carne, 2.900 para la leche en polvo, 360 para la soja, no son ni por asomo precios que no se conocieran en el pasado. Y con ellos otros países como Argentina, Brasil, Paraguay o Estados Unidos igualmente crecen. El problema no está en los precios. Y no hay inserción internacional posible si insumos, salarios y precios no arbitran con los del mundo. Para el agro es insostenible seguir con estos impuestos, estos costos de combustible, de energía, de intervenciones inútiles que no agregan valor. Tendremos una producción detenida o en caída simplemente porque no vale la pena, menos aún pudiendo hacerla en otro lado.

Esa condición de país caro que en la producción primaria nos hace mirar un conjunto de rubros estancados, en la industria es peor, porque cada vez que se agrega valor incorporándose básicamente salario, el país pierde competitividad. En efecto, para las productividades uruguayas, agregar valor es quedar fuera de mercado. Por eso no hay condiciones para fabricar aceite, producir lácteos de valor, comidas preparadas o lo que sea: agregar valor es perder competitividad, y además agregar problemas con el Estado, con los sindicatos, etc. La única inversión posible es la que se resuelve en un estatuto especial negociándolo con el propio gobierno caso a caso, como ocurre con las papeleras que funcionan en circunstancias de costo país totalmente diferentes a las de los empresarios de a pie.

Si la producción primaria no tiene un horizonte claro aunque los precios no sean malos; si agregar valor es un mal negocio; si no tenemos productividades destacables en nada; si tenemos más empleados públicos per cápita que en casi todo el planeta; si tenemos una presión fiscal exasperante y un intervencionismo creciente. Si todo esto es correcto, ¿cómo se va a invertir en el país, incluso con un clima poco favorable a la empresa, y con oportunidades en otros países? Esto conduce a un país con dolores múltiples, y en lo político con crecientes disputas por el menguado ingreso nacional, que puede llevar a divisiones feas en el cuerpo social.

Por otra parte no hay tratado de libre comercio posible que pueda ser aceptado por los sectores que explican por qué somos caros. En realidad hay quienes creen que un TLC es para vender o buscar inversores, pero olvidan que es también una oportunidad para comprar, y más para un país caro. En efecto comprar en Chile, Estados Unidos o China, debería someter al trabajo uruguayo a la prueba ácida de la competencia; allí se producirían ajustes duros para dejar al país en condiciones de competir, pero se afectarían corporaciones como el Pit-Cnt que ya está en contra de todo.

La firma de un TLC puede ser una forma dolorosa de corregir precios clave de nuestra economía como salarios o tarifas. Pero si esta alternativa fuera rechazada, lo que queda es la disputa por un ingreso nacional de porte anémico, con menos inversión, ahora alentada incluso a países cercanos geográficamente y amigables con el inversor.

Si Uruguay no encuentra la forma de abrirse, lo que supone ajustar precios internos, cambiar tributos y modificar su sector público, aquí va a quedar poca gente, porque los jóvenes saben perfectamente cómo son las oportunidades fuera de aquí. Y si no hay un clima para favorecer la iniciativa individual, los negocios, si los jóvenes solo pueden aspirar a un empleo público, van a quedar pocos; muchos menos, cuanto mejor sea su educación.

JULIO PREVE FOLLE