OPINIÓN

Oportunismo, ignorancia o mala fe

Dos cosas atrajeron mi atención en la edición de El País del lunes pasado. Una, la columna de Isaac Alfie sobre la importancia que no se le da y que se le debe dar a la microeconomía. 

Foto: Pixabay
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La otra, la declaración de la dirigencia de la coalición electoral de gobierno sobre la culpa de la privatización del sector eléctrico en la Argentina en el generalizado apagón que también nos ha afectado y que fuera noticia internacional. Comparto buena parte de lo que dijera el columnista de Economía & Mercado y rechazo la declaración anti privatista.

Microeconomía
La microeconomía es el fundamento de la macroeconomía y de otras numerosas disciplinas económicas. A la microeconomía se la define como se hace con un problema económico: “Cómo asignar recursos, que son escasos, a la satisfacción de deseos y de necesidades que son infinitas”.

Acertadamente en su columna, Alfie señala “…la microeconomía define la prosperidad o no de los países”. Y agrega, “es entonces en el terreno de la organización de los mercados donde se juega el verdadero partido”. Efectivamente, es la micro la que analiza las consecuencias de las decisiones racionales de los agentes económicos, sean consumidores, inversores o productores. Cuando éstos tienen objetivos a maximizar, las decisiones individuales se basan en la cantidad y monto de los recursos disponibles a emplear para alcanzarlos. Estos recursos constituyen la restricción a cualquier elección. La realidad nos muestra que las decisiones individuales intentan maximizar el bienestar personal o empresarial privado sobre la base de las restricciones que imponen los recursos monetarios y no monetarios disponibles para ello.

No es así en países en los que un mercado está limitado por y a la acción del Estado. Y es la microeconomía la que nos brinda el modelo, los elementos, para evaluar los efectos económicos que tienen sobre ese bienestar, las decisiones estatales, las transferencias de ingresos deseadas y no deseadas que provocan sus acciones y los costos económicos que tienen esas decisiones para la sociedad. Es un modelo de análisis de la contribución al bienestar general que hace el funcionamiento de cada mercado, sea de bienes o de servicios.

Es el modelo que aplicaré para —apelando al método científico, en el que lo que ocurre en la realidad debe ser lo que prueba que lo que se dice o lo que se hace es o ha sido correcto—, evaluar si es o no una razón de oportunismo el hecho de criticar a lo privado y subliminalmente ensalzar la propiedad estatal de empresas.

Privatización
Rápidamente —como lo exige tal vez el momento electoral que se vive hoy—, se ha tomado lo que ha ocurrido con el “apagón multinacional” para descargar el peso de la culpa sobre la propiedad privada del sistema eléctrico argentino. “La falla en sí la están viendo en Argentina, allí los apagones y cortes son comunes, la privatización total generó falta de inversión y problemas serios” dice la irresponsable y equivocada nota del comité de comunicación de la coalición de izquierdas. La inversión en electricidad ha sido acorde con los recursos disponibles, incluso para enfrentar el exceso de demanda que provocaba en tiempos kirchneristas una tarifa que no alcanzaba para cubrir costos de generación, trasmisión y distribución de electricidad y que generaba notables pérdidas para las empresas proveedoras.
Mi propósito no es, sin embargo, meterme en la causa de si por ser privado el espectro eléctrico argentino no permitió que mucha gente, incluso en Uruguay, no viera el partido inaugural de la selección uruguaya. Mi propósito es mostrar cómo el modelo microeconómico de equilibrio parcial puede juzgar los efectos que tiene sobre nuestro bienestar la propiedad estatal de empresas nacionales; la propiedad “colectiva”, aunque a cada uno de nosotros no nos toque nada, de los medios de producción.

La fijación del precio de UTE, Ancap, Antel y el de OSE, por parte de cada una de ellas en conjunto con el Ejecutivo, tiene efectos económicos significativos. Provoca transferencias de ingresos notables de los consumidores de los bienes y servicios que proveen esas empresas a las propias empresas, a sus trabajadores, a sus proveedores y hasta al erario público —cuasi impuestos—, que son, en la mayoría de los casos, injustificables. El carácter monopólico de estas empresas es lo que permite que se cobren tarifas o precios bien por encima de los similares en el exterior y superiores a los que resultarían en una situación de competencia con empresas del sector privado.

Peor aún en los casos en que, además de monopolista, alguna de esas empresas públicas es también, discriminadora de precios con tarifas diferenciales. Y si fueran eficientes como se sostiene, ¿por qué no se levanta la barrera al ingreso y se habilitan competidores, de forma de probar en la realidad que ellas, las estatales, pueden competir? El modelo de análisis que nos brinda la microeconomía nos convence que los precios de los bienes y servicios que proveen esas empresas serían menores en competencia, que ello aumentaría la cantidad consumida y vendida de esos productos y que en definitiva desaparecería la transferencia injustificada de ingresos que castiga a la población.

Asimismo, el modelo microeconómico de análisis nos mostraría que al aumentar la producción aumentaría la inversión, la producción y el empleo. Las tarifas o precios actuales, de monopolio discriminador y no de competencia, generan costos económicos impresionantes, no solo porque no dejan que aumente el empleo en las propias actividades como si hubiese competencia, sino porque también llevan a costos no competitivos de quienes usan esos bienes y servicios en la producción.

En resumen, Alfie tiene razón y el comunicado es oportunista y puede estar reflejando ignorancia o mala fe.

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