Es nutrida la agenda de temas que se acumulan y ven pasar los años en nuestro país, sin que se resuelva enfrentarlos e hincarles el diente.

Temas diversos, que van desde la macroeconomía hasta áreas linderas, cercanas y no tanto, pero que en todos los casos requieren de buenas políticas públicas y de grandes consensos políticos y sociales, siendo que no contamos aún con aquéllas y con éstos.

La que sigue es una lista no taxativa de temas que nos preocupan más allá de la coyuntura y que nuestros representantes deben enfrentar, ojalá más temprano que tarde.

Es habitual que, consultados por temas que están sobre la mesa y definen el futuro del país, los economistas nos refiramos a la enseñanza pública, a la infraestructura y a la inserción internacional, dado que los tres tienen mucho que ver con la tasa de crecimiento potencial de nuestra economía. Los problemas que enfrentamos en las tres áreas referidas son conocidos y contundentes.

La enseñanza pública es generadora de desigualdad de oportunidades cuando fue factor de inclusión y ascenso social. Gobernada por los sindicatos y funcionarios que miran la vida por el retrovisor, ha sido dejada en offside por la realidad, con un diseño institucional y un sistema de incentivos que deben ser cambiados con urgencia, como surge de los resultados de las pruebas que cada tres años nos ven bajar en el ranking global.

La infraestructura, con la excepción de la energía (que sigue cara porque sobre invertimos en eólica) muestra atrasos notorios en puertos y sus accesos, en vialidad y en ferrocarriles, constituyendo una traba para el crecimiento de la economía. Desde hace años rige un instrumento que parece que no puede funcionar en nuestro país, las obras por participación público privada (PPP). Para colmo, dejamos pasar una década extraordinaria de tasas bajas y fuerte crecimiento en la cual no aumentamos la oferta de infraestructura mientras subía su demanda.

En materia de inserción internacional seguimos atados a un Mercosur que no ha progresado, como fue pensado en su origen, hacia un modelo más abierto y al que contribuimos a empeorar unos y otros, más recientemente nosotros mismos con la propuesta de subir la tasa consular. El muro que separa a este bloque del resto del mundo es demasiado alto y es hoy un esquema de sustitución de importaciones y por ende de intercambio de privilegios entre industrias de los países miembros.

Hace algunas semanas, en Twitter, Aldo Lema escribió que era oportuno incluir en nuestra "lista de preocupaciones" a la deuda pública, más allá de que se la haya venido gestionando muy bien desde la crisis de 2002. Una deuda que a fines de marzo pasado alcanzaba a US$ 33.367 millones en términos brutos y a US$ 22.165 millones en términos netos (sin contar los encajes entre las reservas del BCU, que no son suyos). Respectivamente, 61,3% y 40,7% del PIB, lo que no son números que en sí mismos asusten, si bien algo crecerían con un tipo de cambio más realista. El problema está en su trayectoria, de firme crecimiento en los últimos años de la mano de un déficit fiscal que se ha instalado en torno a los US$ 2.000 millones anuales. Porque, en definitiva, detrás del problema de la deuda está la inconducta fiscal de los gobiernos, con déficit fiscales como norma, con deterioros fiscales en períodos previos a las elecciones y siempre, para salir del apuro, echando mano a subir impuestos y no a ajustar el presupuesto.

En este sentido, y pensando en las próximas generaciones, si se quiere sacar de la lista de preocupaciones a la deuda pública, lo que hay que hacer es tener desde ya mismo un mejor comportamiento fiscal, con un déficit que, ajustado por el ciclo económico, permita mantener a la deuda estable como proporción del PIB. El déficit fiscal, hoy, no debería ser mayor a 2% del PIB. Una regla fiscal podría ayudar, pero la rigidez del 70% del presupuesto complica su diseño.

También, sin dudas, deberíamos dejar de tener la creatividad que tenemos para cada tanto tiempo subir la cuenta de pasividades, la que en los 12 meses a mayo representó un tercio del gasto primario de todo el sector público no financiero. Y que seguirá creciendo si prosperan las iniciativas que están sobre la mesa, de transferir recursos hacia los "cincuentones" y eliminar el IASS mediante una reforma constitucional.

Yendo aún más lejos, sería conveniente, para bien del conjunto de la sociedad, que nuestros políticos dejaran de hacerse eco de planteos de corporaciones o grupos concretos de la sociedad. Así, un buen día pusimos en la Carta la indexación de las jubilaciones y otro día la gestión del agua potable y ahora se pretende poner la no tributación de las jubilaciones y la "des inclusión" financiera, con daños colaterales que a sus impulsores no importan y a sus seguidores políticos tampoco, como si nunca fueran a tener que gobernar.

La columna me quedó corta, pero no la quiero terminar sin dejar constancia de otro tema que no debe faltar en la agenda, una inclusión que sí es relevante, la inclusión social, en una sociedad crecientemente dividida, "güetizada", "lumpenizada". Para acometer esta tarea, hace falta avanzar en varios de los temas antes referidos y en otros, más allá de la economía.

JAVIER DE HAEDO