LUCILA ARBOLEYA

¿Dónde están los números?

Cuando uno compra un producto el precio que paga es, en general, una sumatoria de precios. Al comprar una silla, por ejemplo, uno paga la madera de las patas y el respaldo, la tela del asiento, los clavos usados, la mano de obra de quien la hizo y un margen de ganancia.

Foto: Hugo Villalobos
Foto: Hugo Villalobos

Con la electricidad es igual. El precio de la electricidad que compramos se compone a grandes rasgos de: costo de generación (producir la electricidad), costo de transmisión (transportar la electricidad a alto voltaje), costo de la distribución y el servicio (transportar la electricidad a bajo voltaje, y llevarla a la puerta de tu casa), y un retorno por el servicio.

En general, no sabemos exactamente la composición del precio que pagamos por los bienes. Es parte de las reglas del juego. Cuando compro un buzo caro por ejemplo no siempre sé exactamente si en realidad estoy pagando porque es de alta calidad (y es caro producirlo) o porque la marca es cool y cobra márgenes altos, etc. Pero no importa. Las empresas privadas pueden vender a los precios que quieran (exceptuando mercados regulados con restricciones, por ejemplo), pero cuando se trata de un servicio suministrado por una empresa pública y estatal, entonces no es lo mismo. Los ciudadanos en este caso sí tenemos derecho a reclamar más transparencia. Saber cómo se componen las tarifas, cuáles son los diferentes costos, qué márgenes se están sumando. Cuánto de lo que pagamos es costo de producción, cuánto costo operativo, y cuánto "subvención" al Estado.

Tenemos que empezar a preguntarnos más: ¿Dónde están los números?

En Uruguay, las tarifas de los entes públicos siempre han sido secreto de Estado. En todos los gobiernos. Nos quejamos porque están altas. Está bien, pero debemos primero reclamar y preguntarnos: ¿Dónde están los números? ¿Cómo se forman las precios? ¿A qué se destinará el ajuste?

Si vemos en la región, muchos países tienen procesos mucho más transparentes y claros que Uruguay. La Agencia Nacional de Energía Eléctrica en Brasil (Aneel), el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) en Argentina, la Comisión Nacional de Energía (CNE) en Chile, u Osinergmin en Perú. Todos estos reguladores estatales proveen información de la composición y revisiones tarifarias de las distribuidoras eléctricas en los respectivos países.

En la página web de ENRE o de Aneel por ejemplo, se puede acceder fácilmente a cómo fue el proceso de revisión de tarifas, realizadas a través de consultas y audiencias públicas. Se especifica hora, lugar y fecha, hay actas sobre el proceso, las propuestas de las empresas (valores usados para el cálculo de tarifas, plan de inversión, modelo económico y financiero). Por ejemplo, la última audiencia púbica para la revisión de las tarifas eléctricas en Argentina se realizó el 28 de octubre de 2016 en el Teatro de la Ribera, Avenida Don Pedro de Mendoza 1821, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: comenzó a las 9.05 y terminó a las 21.30.

En Uruguay, toda esta información brilla por su ausencia. Para empezar, no tenemos consultas ni audiencias públicas para la revisión de tarifas. La Ursea en su web tiene poca información, aunque al menos aclara que para determinar la tarifa "en la práctica … se han agregado consideraciones de índole macroeconómica (como por ejemplo su impacto en el balance financiero del Estado y en la inflación)."(*)

No pretendo insinuar en esta nota que la histórica falta de transparencia de los entes públicos es sinónimo de corrupción. Pero sí quiero enfatizar que la transparencia también es importante para evitar malas decisiones.

Miremos el caso de la eólica. Uruguay ha sido ejemplo de conferencias sobre cómo ha logrado cambiar su matriz: independizarse de la generación térmica (contaminante y cara) e introducir más renovables. Las tecnologías renovables han avanzado y se han vuelto muy competitivas en los últimos años, y Uruguay supo aprovecharse de esto.

Pero si miramos los detalles, hay un punto que llama la atención: los contratos de eólica son take or pay, es decir, UTE debe pagar por toda la energía eólica producida por los inversores con contratos, incluso la electricidad que no utiliza. Los contratos take or pay no son normales en contratos eólicos en el mundo. Se usan en otros mercados como el gas, pero no en la eólica, fundamentalmente porque la energía eólica no ofrece potencia firme. Este tipo de contrato puede llevar a un doble costo en el caso uruguayo (país con gran porción hidráulica en su matriz eléctrica): (i) lo que se paga por la energía eólica no utilizada, y (ii) lo que se pierde por tener que sustituir electricidad hidráulica a costo cero (desperdiciar agua), por tener que "recibir" dicha energía eólica. Es decir, UTE —en efecto todos los uruguayos— perdemos plata innecesariamente.

La generación eólica es deseable, pero podríamos disfrutarla sin perder plata. Si hubiera más escrutinio y conocimiento sobre lo que pasa dentro de UTE, tal vez podríamos haber previsto, o evitado, un caso como el actual con la eólica y los contratos take or pay. Se trata de una empresa pública, que afecta mucho el bolsillo de los uruguayos y la competitividad del país. Entonces repito: ¿Dónde están los números?

(*)http://www.ursea.gub.uy/inicio/energia_electrica/tarifas_precios_energia_electrica

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