OPINIÓN

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Los datos finales de 2019 para todos los indicadores recién estarán en marzo, cuando se divulgarán las cuentas nacionales, la balanza de pagos y la deuda pública al cierre del año pasado. Por ahora, debemos trabajar con los datos a septiembre que nos dan una idea aproximada de cómo habrán terminado las cosas en 2019. Por lo tanto, es oportuno repasar dichos indicadores, así como los restantes, de difusión mensual, que llegan a noviembre o diciembre, según los casos.

El PIB creció 0,3% en el año finalizado en septiembre, a pesar de que en 2019 le jugó a favor la reversión del efecto de la sequía del año anterior, con un impacto del orden de un punto porcentual. En el tercer trimestre se salió del estancamiento que se iniciara en el segundo de 2018 y que incluyera una recesión, la segunda del período de gobierno que termina. En el quinquenio el PIB habrá crecido muy poco, algo más de 1% anual, y casi todo ese crecimiento se habrá debido a sectores de servicios públicos. La actividad económica privada, en promedio, habrá permanecido estancada.

En ese contexto, no llama la atención que el empleo haya retrocedido varios casilleros. En los cinco años, se habrán perdido unos 55 mil puestos de trabajo y el desempleo, que habrá pasado de 6,6% de la PEA en 2014 a 9,0% en 2019, habría crecido más si no fuera por el efecto amortiguador de los desalentados, que se salieron del mercado de trabajo. La tasa U6, que constituye un indicador alternativo de la subutilización del trabajo, e incluye desocupados, subempleados y desalentados, araña el 20% de la PEA.

Aquella pérdida de empleos ha devuelto a la tasa de ocupación a los niveles de hace 10 años y algo similar sucede con la tasa de inversión, que llegó a tocar máximos de 23% del PIB pero que ha vuelto a niveles más parecidos a los habituales en nuestro país, del orden de 16-17% del PIB. En particular, se destaca el desplome de la inversión privada, que retrocedió entre siete y ocho puntos del PIB desde el máximo alcanzado en 2012.

Pero ese retroceso en la inversión del sector privado fue lo que permitió a éste pasar de una situación de desahorro neto hace algunos años a un considerable ahorro neto, del orden de 6% del PIB, que permite compensar el desahorro del sector público (v.gr. déficit fiscal) de 5% del producto y deja a la cuenta corriente con un saldo favorable de un punto del PIB.

En la balanza de pagos también se destaca que la inversión extranjera directa, que pasó de muy positiva a muy negativa entre 2014 y 2017, ha vuelto a una situación de equilibrio, por lo que el saldo del financiamiento externo (saldo de la cuenta corriente más inversión extranjera directa) ha vuelto a ser ligeramente positivo y con tendencia a mejorar.

En cuanto a la deuda pública, en 2019, como había sucedido en 2018, jugaron a favor dos factores importantes: uno, la depreciación real del peso uruguayo, que hace que baje la deuda al ser expresada en dólares, y dos, las transferencias de los “cincuentones” desde las AFAP al Fideicomiso de la Seguridad Social. El primero, un efecto genuino, debido a la buena gestión de la deuda; el segundo, uno espurio, consecuencia de una mala ley.

La deuda neta del sector público habría terminado 2019 en 44,2% del PIB, pero habría finalizado el quinquenio en 46,6% del producto si no fuera por la incidencia de dicha ley. O sea, 10,5 puntos por encima de su nivel de 2014, casi la mitad de la sumatoria de los déficits fiscales de los cinco años (20% del PIB). La diferencia entre la suma de los déficits y el aumento de la deuda está básicamente en el financiamiento inflacionario: el componente inflacionario de los intereses nominales y el impuesto inflacionario “tradicional”, sumaron en el año pasado 1,7% del PIB.

Con el déficit fiscal actual, en 5,2% del PIB considerando ajustes por factores extraordinarios y con la inflación actual, se requiere de nueva deuda por 3,5% del PIB anuales. Pero para mantener la relación entre deuda y PIB estable, con éste creciendo 2,5% a largo plazo, sólo se podría aumentar la deuda por 1% del PIB anual. De allí sale la magnitud del ajuste fiscal necesario, del orden de 2,5% del PIB. Obviamente, si se deseara menos inflación y menos deuda, se necesitaría aún más esfuerzo fiscal.

Por último, precisamente, la inflación. Cerró 2019 en 8,79%, bien lejos de su meta (de 5% más y menos 2%), como es habitual. Pero con un agravante: algunas innovaciones con la tarifa de UTE jugaron a favor de una variación más baja del IPC sobre el final del año, cuya reversión en enero tendrá una incidencia de un punto porcentual. Enero mostrará una elevada variación del IPC a pesar del no ajuste de los precios de las empresas estatales, que será en marzo. También jugarán en contra de la inflación los “gatillos” salariales que son consecuencia de que la inflación superó a los aumentos salariales nominales de los convenios. Quizá empezará a jugar a favor de la inflación el precio de la carne y siempre estarán trayendo sorpresas de signo indefinido frutas y verduras.

No hay dudas sobre que la inflación será un tema sobre la mesa en 2020 y que no facilitará el ajuste del dólar como precio relativo. Parece difícil, entonces, que nos abaratemos significativamente en dólares, salvo por cambios imprevisibles del lado argentino.