Nuevos desafíos industriales

JULIO PREVE

Según parece, si se sigue el discurso del flamante presidente de la Cámara de Industrias, estamos por ingresar en una etapa importante, con desafíos nuevos, que genera expectativas. En realidad, en lo personal siempre me genera una cierta novelería el cambio de presidentes en las instituciones importantes como la CIU, en particular porque uno sueña con corporaciones que en lugar de ser adalides del proteccionismo, se conviertan en coprotagonistas de una nueva era de excelencia, debida ésta al propio esfuerzo, al trabajo empresarial, y no a la presión sobre los gobiernos por beneficios sectoriales. Cuando leí el titular a ocho columnas de Búsqueda del pasado 9 de diciembre, se me encendieron algunos sueños que luego el texto completo no confirmó demasiado. Decía el título: "El nuevo titular de la Cámara de Industrias opinó que pretender imponer barreras arancelarias es volver cuarenta años atrás." De acuerdo. En especial porque nuestra industria las posee de todos los colores, incrementadas a partir de la crisis del 2002 que justificó algunas que nunca más se quitaron. Veamos algunos ejemplos de los que hacen pensar en cuatro décadas atrás, como bien señala el nuevo presidente.

Como es sabido, la industria metalúrgica cuasi monopólica que elabora varillas de acero para la construcción, dispone de la cautividad completa de la materia prima —la chatarra— cuya exportación está prohibida en su beneficio. La industria avícola, por su parte, cuenta con la total prohibición de importación de pollos desde cualquier lado. La industria aceitera, seguramente más conocida, dispone en su beneficio de la aplicación de derechos específicos para aplicar a uno de los países más competitivos del mundo, Argentina. La industria láctea, que compite muy bien, dispone de beneficios en la captación de materia prima. La automotriz, dispone de subsidios a la exportación que pueden superar al 10%, y de ellos se benefician renglones que poco tienen que ver con el mundo automotriz. La industria azucarera tiene beneficios de todo tipo —y gestiona más— vinculados a una vieja protección que se renueva siempre. Y ni qué hablar de nuestra industria vitivinícola, protegida por varias trabas a la importación, así como beneficiada por el castigo tributario al consumo de todas las demás bebidas que le pueden competir, por ejemplo cervezas, colas, y hasta aguas minerales. Se puede seguir con los beneficios de la textil —subsidios a la exportación y trabas a la importación, como licenciamiento y etiquetado— o los de la del calzado, que son análogos a los de la textil. La lista sigue con la industria de las pinturas y se puede extender a la hotelería, la pesca, la elaboración de medicamentos, de cigarrillos y, por supuesto, la forestal con exoneraciones y subsidios, estos últimos desapareciendo.

A toda esta lista de beneficios para cada una de estas industrias, que ni por casualidad es exhaustiva, deben sumarse otros que no se refieren a ramas específicas. Son ellos por ejemplo el régimen de promoción de inversiones que permite importantes exoneraciones tributarias; o el oneroso régimen de devolución de impuestos indirectos, que no se movió aun cuando la competitividad de las exportaciones a través del tipo de cambio se mejoró notablemente. La reseña puede seguir con el subsidio del régimen de prefinanciación de exportaciones, y también con la protección de tipo arancelario determinada por "tasas" a la importación como el Cofis, la tasa consular, la comisión del Brou, y el efecto financiero de los anticipos en la importación del IVA, Imesi y Cofis.

La lista sigue con la multiplicidad de condiciones especiales de acceso a diversos mercados logradas en acuerdos internacionales, así como con las exigencias severas en estos para proteger el mercado interno de productos industriales. En este sentido, por ejemplo, no me quiero olvidar que Uruguay, en el protocolo de compras gubernamentales del Mercosur, excluye una larga serie de alimentos industrializados, de las obligaciones de convocar a proveedores de los socios si compra nuestro Estado.

Tampoco puede omitirse que el Poder Ejecutivo posee oficinas encargadas de la defensa comercial, que han aplicado medidas en muchos casos. De modo que no es cierto lo que a veces se afirma, como si nuestras industrias padecieran de una completa indefensión respecto de importaciones beneficiadas por subsidios o dumping: no es así. Existen mecanismos derivados de la OMC y aun otros que hasta dudas tengo de su juridicidad —por ejemplo aplicación de derechos específicos a productos provenientes de zonas promovidas de Argentina— que constituyen mecanismos hábiles de defensa comercial. Hasta los duraznos griegos que se citan con frecuencia, que son un producto totalmente diferente a los duraznos de nuestros montes, tienen un arancel del 55%, lo que ha aumentado la preferencia de los socios.

Los beneficios siguen también con el aprovechamiento de las excepciones al Arancel Externo Común logradas en estos años, ocupadas por insumos de industrias que luego exportan con preferencia al Mercosur. Y también el mantenimiento de regímenes especiales de importación de insumos agropecuarios, maquinarias y equipos totalmente desgravados, en algunos casos por más de un mecanismo.

Y dejo para el final dos regímenes de los cuales las industrias han usado con singular beneficio, que los gobiernos le han protegido, a mi juicio en muchos casos —no todos— sin razón: en primer lugar, la admisión temporaria, casi imposible de controlar, fuente permanente de conflictos con nuestros socios comerciales, que con toda lógica no ven bien que usemos la preferencia triangulando, o exportando con mínimas incorporaciones de valor y, en segundo lugar, el régimen de zonas francas, verdaderos paraísos fiscales por los que no me gustaría que el Uruguay fuera reconocido.

El nuevo presidente habla también de la granja —prácticamente muerta, son sus términos— un subsector que no obstante ha recibido todos los beneficios que yo conozco: prohibición de importación de productos competitivos desde el Mercosur a través de una traba sanitaria coadministrada por los propios granjeros; Iva discriminatorio a la importación convertido por tanto en un arancel; subsidio a la industrialización también a través del Iva; programa de reconversión con ayuda del BID de los más grandes del país; subsidio a los seguros; perdón del endeudamiento de hasta 200 mil dólares; etc...

Se vuelve también sobre el tema cambiario, y —una vez más— sobre el costo del Estado. Confieso que este último tema a veces me fastidia, no porque no esté de acuerdo en su racionalización, sino porque a veces quienes más lo critican son los que más se benefician de él. Recuerdo una vez que la queja del Estado provenía de un gremialista que trabajaba en el mundo del vino y el del transporte interdepartamental, ambas actividades beneficiadas con intervenciones estatales en su directa ganancia. Ahora con algunas Cámaras empresariales me pasa lo mismo. Ocurre que el Estado, que es el responsable de certificar el origen de las mercaderías que se benefician en el acceso a algún mercado bajo acuerdo, cede la expedición de los certificados a la Cámara de Industrias y a la Mercantil, y éstas cobran el servicio en su beneficio. Este modo de certificar el origen, que empieza a morir en el mundo y que también es costo país, es defendido a capa y espada y es lógico, por las Cámaras. Pero buena cosa sería antes de tirar la primera piedra revisar cómo andamos por casa.

Como conclusión, creo que quien afirme que no hay política industrial, o que no existen importantes beneficios sectoriales así como de disponibilidad horizontal, no señala algo correcto. Por el contrario, yo diría que si hay que relanzar una política industrial, la misma debería ser mucho más neutra, con estímulos si se quiere potentes pero para pocos sectores, acotados en el tiempo y con contrapartidas.

Y en definitiva, cuarenta años hacia atrás es un recorrido triste si se desarrolla a través de nuevos mecanismos de protección; pero es todavía peor si deriva de persistir manteniendo esta acumulación de beneficios uno a uno, excepcionales todos, que se han ido apilando con los años, y que merece la pena sean rediscutidos con serenidad. Quizás para mantener algunos, o para eliminar muchos, pero para replantearlos todos.

La sociedad que los costea tiene derecho.