TEMA DE ANÁLISIS

La llegada de la pandemia a Uruguay ha generado cambios sustanciales en la opinión pública. Uno de los principales ha sido el regreso de las preocupaciones socioeconómicas al tope de la agenda ciudadana, tras una década previa marcada por el predominio de la preocupación por la criminalidad. Observando la serie histórica 2019-2020 de nuestro Monitor de Opinión Pública, se observa un claro quiebre en las tendencias al comparar mayo con enero, lo que coincide con los escenarios pre y post COVID-19. Mientras en enero un 48% de la ciudadanía identificaba a la delincuencia como el principal problema del país, en mayo este porcentaje se había reducido al 23%, es decir, un descenso de 25 puntos tan solo en cinco meses.

Se trata de un cambio excepcionalmente abrupto en el marco de una opinión pública generalmente caracterizada por trayectorias más graduales. Inversamente, las preocupaciones socioeconómicas crecieron 14 puntos entre el período inmediatamente previo e inmediatamente posterior a la llegada de la pandemia, para estabilizarse posteriormente en torno a un rango entre el 40% y 43%. Nuestra categorización incluye, dentro de las preocupaciones socioeconómicas, cuatro dimensiones: desempleo, bajos salarios, costo del estado y pobreza. Cuando se analiza el comportamiento desagregado de cada una de estas dimensiones, se comprueba que el crecimiento de las preocupaciones económicas se explica principalmente por dos de ellas. La de variación más importante es la preocupación por el desempleo. Hace un año, el desempleo era mencionado como el principal problema del país por un 15% de los uruguayos; hoy esa cifra ha trepado al 24%. También se observa un cambio relevante en la población que menciona a la pobreza como el principal problema del país: hace un año llegaba al 3% mientras que hoy ha trepado al 10%. En términos absolutos, la problemática del desempleo es la que más contribuye a la instalación de las temáticas socioeconómicas como principal preocupación ciudadana. En términos relativos el crecimiento de la preocupación por la pobreza constituye el fenómeno más sobresaliente, pues la población que menciona a dicha dimensión como la más importante se ha triplicado.

La instalación del coronavirus como problemática central de la ciudadanía es otra modificación sustancial del contexto de expectativas ciudadanas, que también contribuye a explicar el menor peso de la inseguridad como principal problema del país. El COVID-19 llegó a ser definido como el principal problema del país por un 15% de la ciudadanía, pico alcanzado en mayo, para descender luego a niveles cercanos al 10%, descenso factiblemente explicado por el control efectivo de los contagios y decesos. Es una pregunta abierta lo que podría suceder con esta dimensión en caso de agravarse la tendencia al alza de contagios constatada en el mes de octubre.

El nuevo mapa de expectativas ciudadanas está en línea con los cambios objetivos en las diferentes áreas mencionadas. Como es sabido, la pandemia supuso inicialmente la paralización de diversas actividades productivas, generando históricos registros de trabajadores en seguro de paro.

Posteriormente, con la normalización de varias actividades, algunos indicadores exhibieron una franca mejoría, tales como la participación de los ocupados ausentes en el total de ocupados (que bajaron del 24% al 7% entre abril y agosto). Sin embargo, la tasa de desempleo muestra una tendencia al alza (con la incógnita adicional de lo que sucederá con los ocupados ausentes en el mediano plazo) y tanto las tasas de actividad como de empleo son inferiores al escenario pre-coronavirus (en agosto de 2020, tanto la tasa de actividad como la de empleo estuvieron 3 puntos por debajo de las tasas registradas en febrero de 2020). En cuanto a la pobreza, aún no se disponen de cifras sobre su evolución en el curso del año. Sin embargo, el escenario claramente recesivo (con una contracción del producto estimada entre el 4% y 5%) permite suponer que 2020 cerrará con un empeoramiento notorio de la situación. Por último, según el Ministerio del Interior, los principales indicadores delictivos (homicidios, rapiñas y hurtos) experimentaron un descenso en el período marzo-agosto respecto a iguales períodos de 2018 y 2019. No obstante, el comportamiento al alza de los homicidios durante el mes de octubre instala la interrogante sobre la sostenibilidad de dicha tendencia.

Las preocupaciones ciudadanas sobre una temática particular no necesariamente indican insatisfacción con la gestión gubernamental en la materia. En el caso de las temáticas económicas, sólo una minoría (14%) considera que los actuales problemas que atraviesa el país son principalmente responsabilidad del actual gobierno, mientras que un 50% los atribuye a los problemas mundiales a causa del coronavirus y otro 30% a la gestión del gobierno anterior. Esto explica, por ejemplo, el desfasaje entre la evaluación de la situación económica del país (solo 22% la califica de buena) y la evaluación positiva de la gestión económica del gobierno (que alcanza el 41%).

Sin embargo, una recuperación del empleo y de la actividad más lenta de lo esperado puede desafiar en forma relevante la relación entre la ciudadanía y el gobierno en 2021, en la medida que es esperable que el paso del tiempo vaya diluyendo las responsabilidades atribuidas a la gestión anterior y, a su vez, incrementando las demandas de soluciones efectivas a la actual gestión.

Se trata de un desafío de gestión por demás complejo, en la medida que los problemas de empleo se agudizan con la pandemia pero se arrastran desde el fin del llamado “boom de las commodities” y, además, se insertan en el marco de un creciente proceso de automatización de varias ocupaciones tradicionales.

Un último aspecto destacable son las diferencias generales en la percepción sobre la importancia del coronavirus como problema país. Mientras un 33% de los adultos mayores sostiene que el COVID-19 es uno de los dos principales problemas del país, esta cifra se reduce al 15% de los adultos jóvenes. Esta cifra va en línea con algunos indicadores de comportamiento, como ser la frecuente realización de fiestas clandestinas masivas por parte de población adolescente o joven.

La relativamente baja percepción de riesgo sanitario en las generaciones jóvenes y la consecuente resistencia a cumplir con diversos protocolos o restricciones sanitarios (en un clima general que evidencia señales de cansancio ante las medidas restrictivas) se instalan así, tanto en Uruguay como en otros países, como uno de los más serios desafíos de gestión sanitaria de cara a los próximos meses.

(*) Rafael Porzecanski – Director de Opinión Pública y Estudios Sociales