Opinión

La precaria situación de las finanzas públicas ha sido noticia la semana pasada, cuando la calificadora Fitch notificó un cambio que deteriora la perspectiva de calificación.

Cuando las cosas son evidentes no puede haber sorpresas; el nivel de déficit es de tal magnitud y ha perdurado por tanto tiempo, que iba a llegar el momento en que alguna de las agencias que evalúan la solvencia de pago lo iba a advertir. No es que Uruguay corra riesgo inmediato, —ni siquiera mediato— de entrar en cesación de pagos, pero al ritmo que vamos tampoco es que se dispongan de muchos años para encarrilar las cuentas.

Luego de la noticia, comenzaron los comentarios. Ningún economista profesional, así como tampoco ninguna de las autoridades económicas nacionales, negaron la situación. Como siempre, existen los matices en las mayores o menores urgencias de ajustar las cuentas, si la situación da o no para la revisión de la perspectiva de la deuda, el quantum de la corrección necesaria y la forma en que debe procesarse el ajuste. En mi columna anterior justamente me refería a la magnitud necesaria de reducción del desequilibrio fiscal, tanto para plazos relativamente cortos, como de mediano y más largo aliento. En ésta repasaremos algunas cifras y la forma en que, entiendo, debe hacerse.

Resultado Corriente. En febrero de 2005, cuando se entregaba el gobierno al Frente Amplio, el déficit fiscal del año móvil era de 1,2% del PIB, producto de un resultado primario (ingresos menos egresos sin considerar intereses) de 4,2% e intereses de 5,4%. Los intereses de ese año estaban sobre representados debido a la política seguida de cancelación de pasivos del BCU. En efecto, la carga por intereses del BCU fue de 0,7%, en tanto en el año anterior apenas llegó al 0,1% y, luego, hasta febrero de 2010, estuvo en el entorno de cero, llegando hasta tener superávits de 0,3% del PIB. Es decir, el déficit corriente real o depurado este efecto de una sola vez, apenas si llegaba a medio por ciento.

Hoy, 13 años y medio después, tenemos un déficit de casi 4% del PIB y un resultado primario también negativo aproximado a 0,5%.

Esta manera de medir el resultado, que es la usual, puede no darnos adecuada información sobre la real situación. Eso ocurría en aquella época dado que el PIB, a pesar de su rápido e importante crecimiento en 2003/2004, aun estaba muy por debajo de su nivel de tendencia (potencial) lo cual, por un lado, resta recaudación y, por otro, disminuye el denominador del cociente, cuya consecuencia del lado de algunas erogaciones que son fijas, es sobreestimarlas frente a su valor de tendencia. Esto ocurría, entre otros gastos, también con los intereses de deuda, como las cifras de los años siguientes lo mostraron con claridad. También sucedió que 2004 fue un año muy seco en la región, por lo que hubo un sobrecosto de compra de energía de entre 1,1 y 1,2% del PIB.

Entiendo que en la actualidad el PIB también ya está por debajo de su nivel potencial, aunque no más de 2 a 3%.

Resultado Estructural. Los factores anotados hacen necesario tener una medida más aproximada, aunque no exacta porque depende de la metodología que se adopte y ciertos supuestos, que corrija los sucesos espúreos y los valores de ingresos y egresos en función de la etapa del ciclo económico. Ello nos arroja un resultado más ajustado a la tendencia de medio plazo, al que se le llama "estructural". En mi medición (de aquella época, 2004) estimaba que el déficit de 0,5% del PIB —después de la corrección por la política del BCU—, se transformaba en un superávit del orden de 4%, con un superávit primario estructural de poco más de 7%. De hecho, fue eso lo que estuvo detrás de la reducción de impuestos de todo el 2004 y la forma con la que convencimos a las mismas calificadoras y los organismos internacionales que dicha reducción, además de necesaria, era posible sin poner en riesgo la estabilidad ni el programa trazado. Hoy día, el déficit estructural es del orden de 3,3% del PIB.

¿Qué hacer? En estos años, pese a que la suba de impuestos hizo aumentar la recaudación en 3,7% del PIB y la carga de intereses fue al nivel esperado proporcionando recursos por aproximadamente otro 1,2%, la expansión de los gastos primarios, del orden de 7 puntos y el deterioro del resultado en las EE.PP. nos condujeron a la situación actual.

Aumentar los impuestos, más allá de eliminar las innecesarias reducciones "dirigidas" de IVA, sería un enorme error de política económica, la evidencia empírica es elocuente. Ante ello, sólo existe un camino, la reducción del gasto. Ésta no necesariamente debe ser grande en términos reales, pero sí en relación al PIB, con un plan trazado con metas precisas por año. A vía de ejemplo, congelar el gasto público real creciendo al 3% anual, en 5 años nos lleva a una reducción de 5 puntos. Naturalmente que hay una parte del gasto que seguramente no se pueda congelar, pero hay lugares donde se puede bajar y, en las EE.PP. bastantes ahorros para hacer. A su vez, ir reduciendo la cantidad de funcionarios públicos y reformar la previsión social brinda recursos de medio plazo. Mi estimación es que el gasto como tal, sin generar mayores problemas, apenas se puede reducir entre 0,7% y 1% del PIB, pero esto claramente no alcanza.

Por último, el plan fiscal debe incluir un aumento de fondos para infraestructura o la concesión de parte de ella y una reducción en un plazo no muy largo de los impuestos sobre las rentas, de las personas y empresas.