En el pasado, el secreto bancario era la norma en los centros financieros offshore. Los gobiernos no compartían información sobre cuentas bancarias porque sus leyes se lo impedían o porque entendían que era de interés nacional preservar la confidencialidad e intimidad de los clientes.

En el imaginario colectivo se legitimaba el derecho a la total privacidad y mantener dinero no declarado con argumentos de seguridad. O con argumentos de que no querían contribuir con impuestos que serán mal utilizados por políticos corruptos y que en última instancia, no redundarán en servicios para la población.

Esto se ha revertido en parte por la necesidad de financiamiento de los gobiernos y por el hecho que, una mayor asimetría en la distribución de ingresos, llevó a demandar mayor carga impositiva para los más ricos. Cambió la cosmovisión, el concepto de moralidad fiscal.

Las mayores exigencias en los procesos de debida diligencia para prevenir el lavado de dinero y el crimen organizado llevan décadas.

El combate a la evasión impositiva es más reciente. Las primeras movidas tendientes a transparencia fiscal datan de comienzos de los 2000; tomó fuerza a partir del 2007 con Estados Unidos identificando la evasión de norteamericanos en cuentas en bancos suizos y aún más luego de la "tormenta perfecta" que se desató en la crisis de 2008.

El primer intercambio de información multilateral se dio en 2003 con la firma de una directiva por la cual los países europeos intercambiaban información para evitar que residentes de un país evadieran impuestos depositando dinero en otro país miembro.

Con la sanción de la ley Fatca en 2010, el trasfondo de la crisis financiera y una mayor voracidad fiscal, crecieron las presiones políticas para implementar un intercambio de información global.

Así, paulatinamente se han ampliado las causas consideradas delito precedente al lavado de dinero para incluir la evasión impositiva dentro de las mismas.

Intermediarios financieros tendrán que recolectar más información y adherirse a un mayor escrutinio. Asegurarse no sólo que el origen de los fondos sea lícito, sino que el cliente haya cumplido con sus obligaciones tributarias, así como asistirlos otorgándoles la información necesaria para cumplir con sus obligaciones fiscales y con la regularización de sus activos en caso que no estén declarados.

El secreto bancario y las leyes que protegen la privacidad ya no serán un impedimento para la cooperación de autoridades fiscales y el intercambio de información. Son tendencias que en última instancia van a impactar en todos los países. Cada vez quedarán menos lugares donde esconderse. El problema será luego como salir de ahí.

En el pasado, países como Suiza y Singapur, que tienen secreto bancario, eran lugares donde se podía mantener total privacidad. Son de los que han modificado sus legislaciones; ahora consideran a la evasión impositiva como delito precedente de lavado de dinero y están entre las aproximadamente 100 naciones que se adhirieron a la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal.

Estados Unidos, por su parte, no tiene secreto bancario sino secreto profesional. Este país, que apoyó el trabajo de la OCDE, decidió no implementar aún los principios aprobados. No firmó el acuerdo multilateral para el intercambio automático de información, que para los adoptantes tempranos comienza en 2017 y para los restantes firmantes, incluido Uruguay, en 2018. Y en el caso de las sociedades no se obliga a las instituciones financieras a divulgar la identidad del beneficiario final.

En base a esto, algunos argumentan que tienen el dinero mejor "escondido" en Estados Unidos. Recientemente hemos visto flujos de dinero hacia ese mercado en detrimento de otros como el suizo. La reciente victoria de Trump aumentó la percepción que Estados Unidos mantendrá por un tiempo más prolongado su postura.

"Vivimos en países con presión fiscal de naciones europeas y con los servicios de países africanos", dicen algunos inversores que ven injusto que su carga impositiva se incremente aún más. Algunas instituciones financieras tienen la postura de que la situación impositiva es un tema privado de los clientes. Pero deja de serlo en el momento en que el cliente comparte con su asesor el hecho que es dinero no declarado. Ahí pasa a ser, también, un problema del asesor que debe decidir si informar esa situación o volverse cómplice.

Para un asesor financiero no es una buena propuesta de valor asistir a sus clientes en donde esconder el dinero. Además, es algo sobre lo que no tienen control y que puede cambiar rápidamente. El hecho de que muchos países —incluyendo Argentina y Brasil— estén implementando amnistías impositivas posibilita dejar atrás el pasado de incumplimiento fiscal.

El mundo transparente tiene un lado muy positivo: los inversores ya no pagarán por "esconder" su dinero. Así, las instituciones financieras deberán diferenciarse por servicio y buen asesoramiento. Lo que redundará en un beneficio para los inversores.

En este nuevo mundo será fundamental la planificación fiscal: tomar en cuenta la situación impositiva de cada inversor para así construir portafolios óptimos (después de impuestos).

Inversores que tienen dinero declarado tienen más opciones de elegir por servicio y de moverse libremente. El que no lo haga quedará atrapado, con cada vez menos opciones de usar su dinero. Herencia que le dejará a las generaciones futuras.

(*) Economista, CFA Charterholder.

BÁRBARA MAINZER