A medida que la economía de China desacelera tras más de dos décadas de crecimiento vertiginoso, han estallado huelgas y protestas laborales a lo largo del país.

Fábricas, minas y otros negocios están reteniendo salarios y prestaciones, despidiendo personal o cerrando definitivamente. Preocupados por sus perspectivas en un sombrío mercado laboral, los trabajadores están contraatacando con inusual ferocidad.

Las pasadas semanas, cientos si no miles de enojados empleados de la paraestatal Grupo Minero Longmay, la mayor compañía de carbón en el noreste de China, llevaron a cabo una de las protestas más osadas políticamente hasta ahora a causa de salarios no pagados, denunciando al gobernador de la provincia mientras él y otros dirigentes de alto nivel se congregaban para una reunión anual en Beijing.

La mayoría de las manifestaciones se han abstenido de ataques políticos y se han concentrado en reclamos tales como salarios atrasados, prestaciones no pagadas como contribuciones a pensiones y condiciones inseguras de trabajo.

El Presidente Xi Jinping, preocupado por los desafíos al gobernante Partido Comunista, ha respondido con una represión metódica, aplastando protestas, desmantelando a organizaciones por los derechos laborales y encarcelando a activistas. Sin embargo, su gobierno también ha buscado apaciguar a los trabajadores, ejerciendo presión sobre negocios para que resuelvan disputas y poniendo miles de millones de dólares a disposición para pagos de asistencia social y programas de recapacitación. Este enfoque pone de relieve el dilema político que la agitación laboral representa para el Partido Comunista, que se ha seguido presentando como un guardián socialista de los derechos de los trabajadores incluso al tiempo que ha acogido el capitalismo y dado la bienvenida en sus filas a magnates.

La ola de protestas da la impresión de que está alcanzando una cresta conforme Xi contempla una tremenda reducción de las inflamadas industrias estatales de China, que están produciendo mucho más acero, cemento y otros bienes que el mercado necesita. Con base en un reciente estudio, más de 3 millones de trabajadores podrían perder sus empleos en los próximos dos años, si proceden los recortes. El gobierno ya ha anunciado planes para despedir a 1,8 millones de trabajadores del acero y el carbón.

China redujo el sector estatal de más de 30 millones de trabajadores durante una ola de privatización y reestructuración durante finales de los años 90 y comienzos de 2000. Sin embargo, la economía estaba en auge en ese momento, creando millones de empleos en nuevas industrias. Aún está creciendo actualmente, pero a su paso más lento en un cuarto de siglo.

Al mismo tiempo, Xi está luchando con una fuerza laboral que está mejor informada y se organiza con mayor facilidad debido a los medios sociales, y también es más asertiva, en parte debido al surgimiento de grupos de las bases populares.

El gobierno prohíbe que los trabajadores creen sindicatos laborales de corte independiente, requiriendo más bien que se unan solo a la Federación China de Sindicatos, controlada por el partido. Se supone que debe mediar en disputas laborales, pero la administración normalmente escoge a los trabajadores que se sientan a la mesa de negociaciones.

Las autoridades también han aplicado duras medidas a los medios sociales, cerrando cuentas de activistas laborales, borrando informes noticiosos sobre huelgas y vigilando foros de chat en busca de señales de acción colectiva.

En años recientes, la proliferación de grupos sin fines de lucro por los derechos laborales ha buscado ayudarles a los trabajadores en negociaciones de contratos y mantener la solidaridad durante huelgas. Las autoridades habían sido tolerantes en su mayoría y los trataban a veces como aliados al hacer valer leyes laborales.

Mientras la economía se desacelera, obreros se movilizan