OPINIÓN

Mejorar las infraestructuras siempre ocupa los primeros puestos de la lista de asignaturas pendientes de América Latina. Son varias las razones de peso que lo ameritan.

Por nombrar solo las más visibles, porque de ellas dependen, en buena medida, la provisión de servicios públicos de calidad, la movilidad urbana eficiente, la integración de y entre países, la reducción de las desigualdades sociales o la comercialización exitosa de productos por mar, tierra y aire.

Aunque en la última década los países de Latinoamérica lograran incrementar el valor y la calidad de sus inversiones en infraestructura —comparado con los años 1990— todavía mantienen serias deficiencias que limitan nuestra capacidad competitiva e implican perjuicios económicos y sociales. Por eso, modernizar las infraestructuras se ha convertido en el peaje que la región deberá pagar para superar la trampa del ingreso medio y para poder competir con las economías más avanzadas.

Pero el peaje tiene un precio, y no es baladí: se calcula que para cerrar las brechas de infraestructura se deberá invertir cerca del 5% del PIB regional. Como contexto, en 2014 las inversiones se situaron en torno al 3% del PIB, en 2015 declinaron hasta el 2,75% y para 2016 y 2017 se estaría manteniendo esta tendencia a la baja. Queda claro que los gobiernos tienen que revisar sus estrategias de planificación y de gastos, buscando soluciones que les permitan mantener el esfuerzo para cerrar la brecha, aunque bajo una situación fiscal menos favorable. En otras palabras, deberán manejar los recursos con mucha más eficiencia que en la última década.

Un buen punto de partida para lograrlo es poner énfasis en la fase de planificación y diseño.

Será imprescindible, por ejemplo, mejorar los procesos de selección y priorización de los proyectos, de contratación y construcción de obras, y la operación de las redes y servicios. Conceptos como gestión de la demanda y gestión de los activos permitirán hacer un uso socialmente más eficiente de los recursos.

También será necesario apoyarse todavía más en el sector privado, tanto para incentivar nuevas inversiones como para ejecutar los proyectos.

Una buena fórmula que puede garantizar inversiones continuadas es la de las Alianzas Público-Privadas (APP), que incorporan el conocimiento técnico y gerencial del sector privado, hecho que aporta valor agregado y mayor eficiencia técnica. Aunque esta modalidad tiende a ser más compleja de gestionar, generalmente agrega calidad, profundidad y conocimiento.

Existen varios casos de éxito de APP en la región. Por ejemplo, con estas alianzas Chile creó una de las infraestructuras de transporte más avanzadas de Latinoamérica, beneficiando tanto a ciudadanos como a inversores. México también ha evolucionado en el desarrollo de concesiones y en otros modelos de APP para introducir la iniciativa privada en la provisión de infraestructuras.

De todas formas, para que exista una buena confluencia entre sector público y privado, es imprescindible que se cumplan dos condiciones básicas. Desde la perspectiva privada, es necesario tener seguridad jurídica y estabilidad política y económica que haga atractiva la participación de los inversores. Por el lado público, los gobiernos deberán aspirar a la mayor transparencia posible en todas las etapas de los proyectos; no solo para ser más eficientes, sino también para evitar los casos de corrupción que tanto merman la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

La modernización de las infraestructuras latinoamericanas implica a unos sectores más que a otros. Hasta la fecha, las áreas que han recibido más inversiones en infraestructuras son las de transporte (mayoritariamente en carreteras), energía eléctrica (suministro y generación de electricidad), telecomunicaciones y equipamientos públicos. Por el contrario, los sectores de agua y saneamiento y de transporte urbano aparecen entre los más rezagados.

Una buena oportunidad para consensuar posturas sobre el tema y coordinar esfuerzos fue la Conferencia CAF: Infraestructura para el desarrollo de América Latina, que la semana pasada reunió en Buenos Aires a gobiernos, sector privado y sociedad civil para establecer una hoja de ruta que derive en infraestructuras inclusivas y competitivas. Este tipo de eventos son cada vez más relevantes para unir esfuerzos, evitar que los diferentes actores trabajen aisladamente y potenciar la integración.

Estamos ante una gran oportunidad. Si recabamos las inversiones necesarias y aseguramos la eficiencia en la creación, mejora y provisión de infraestructuras, América Latina logrará un doble objetivo: incentivar el crecimiento económico y potenciar el desarrollo social. El precio de modernizar las infraestructuras es alto, pero los resultados, si se hacen bien las cosas, lo valen.

(*) Antonio Silveira, Vicepresidente de Infraestructura de CAF banco de desarrollo de América Latina