OPINIÓN

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Entre los impactos que esparce la pandemia, aparecen hechos inéditos como el desplome del precio de petróleo a valores cercanos a cero y hasta negativos, o la puesta en jaque de cadenas enteras de servicios, como el turismo y sus actividades conexas.

Basta observar los desbordes en los stocks de petróleo por la caída de la demanda, la contracción del tráfico aéreo que fuerza a grandes aerolíneas a requerir del apoyo estatal para no quebrar, o como ya se proyecta, el declinar de la industria aeronáutica ante la contracción prevista del tráfico aéreo en el mediano plazo.

Sin duda, esta es la punta de iceberg de cambios que modelarán una realidad diferente a la actual, más ligada a asegurar cosas básicas como la oferta alimentaria, la protección ante hechos inesperados como esta pandemia y el pasaje a segundo plano de actividades que impliquen aglomeraciones o movilizaciones masivas de contingentes humanos.

También la emergencia sanitaria aceleró nuevos modos de trabajo a distancia, de relacionamiento social, así como los modos de hacer política a distancia, incluyendo el debate parlamentario. Es claro que las posibilidades de la tecnología y las vicisitudes de la pandemia aceleraron cambios que llegaron para quedarse.

En realidad, lo único cierto es que se está delineando un nuevo futuro, diferente al que se proyectaba hace apenas un trimestre atrás. Con esto se adelantaron los tiempos para resolver cosas urgentes del corto plazo, despejar temas pendientes que faciliten el funcionamiento de una realidad tensionada y comenzar a proyectar las políticas de superación de esta crisis inédita e inesperada.

En ese tránsito, el gobierno se está desempeñando con diligencia movilizando sin restricciones recursos para mitigar los efectos de la pandemia. Al mismo tiempo, comienza a buscar los caminos para acelerar la recuperación económica y social. Todo ello en el marco de una situación fiscal heredada de alto déficit, con endeudamiento y desempleo también elevado. A lo que se le sumaba un escenario externo poco amigable, y que hoy está en fase recesiva.

Lo que inicialmente se presentaba como una realidad compleja, ahora se le agregan hechos adversos inéditos.

Hacer política bajo este paraguas de desafíos e incertidumbres requiere de pulso firme de los responsables del gobierno y elevación de miras del cuerpo político, para ayudarlo a enfocarse en los temas sustantivos que la situación requiere.

Uno de esos ejemplos es la presentación de una ley ómnibus con tratamiento de urgente consideración, que contiene postulados programáticos refrendados por una amplia mayoría electoral.

En tal sentido se abrió un debate —equivocado— sobre la oportunidad de su presentación y su modo de aprobación, dando como argumento la coyuntura especial por la que atraviesa el país. Con opiniones que van desde el carácter antidemocrático del mecanismo, pues estaría aplanando la opinión de la oposición, hasta el poco tiempo para debatir su contenido variado. Sin entrar a polemizar en lo político, no corresponde tildar de antidemocrático un mecanismo amparado por una norma constitucional, ampliamente utilizado por todos los gobiernos, incluidos los del Frente Amplio. Más aun cuando durante su gestión se aprobaron leyes importantes, algunas en tiempo récord, usando las mayorías automáticas y que en varios casos contenían artículos luego declarados inconstitucionales.

Pero más allá de esa precisión, el contenido de la ley cubre temas ya discutidos y perfeccionados como el de la seguridad donde hay un clamor ciudadano para su aprobación urgente. En la mayoría del resto del articulado ya hubo intercambios con todos los potencialmente afectados para perfeccionar su texto y contemplar las sugerencias pertinentes. Y por último, la esencia de la propia ley sólo perfecciona aspectos del funcionamiento del sistema, mejora la calidad institucional y no introduce cambios estructurales sustantivos.

Incluso podría decirse que su temática ha quedado incompleta para resolver los nuevos desafíos impuestos por la pandemia. En conclusión, hoy se hace más urgente que antes su presentación para despejar el camino de temas pendientes de perfeccionamiento, para darle un marco operativo acorde con su visión a un gobierno elegido soberanamente y posicionar a todo el sistema político en condiciones adecuadas para diseñar mecanismos de salida de la crisis.

Hoy que Keynes ha revivido en el imaginario político y social como la tabla salvadora; es momento de pensar en el gasto público direccionado a paliar las deficiencias en la infraestructura física. Es uno de los modos más efectivos de índole temporal de “cebar” la demanda, mejorar el nivel de actividad y también la productividad global.

Su financiamiento está facilitado por la liquidez extraordinaria externa, así como por la participación voluntaria de los fondos de pensión locales, invirtiendo en títulos con garantía estatal. En el largo plazo, a estos niveles de tasas nominales y de inflación esperada, el costo real del financiamiento es prácticamente cero.

En las postrimerías de nuestra crisis de principios de siglo se creó institucionalidad centrada con ese propósito, que fue utilizada con éxito.
Es momento entonces de refrescar esos temas para adelantar el día después de la pandemia.