Solo por ignorancia o mala fe se puede querer generar sombras sobre el ministro de ganadería y su utilización del Fondo Arrocero. Este fondo confiere un financiamiento votado por ley, fue creado en su versión original en la administración Batlle, y no hay forma de renunciar a él.

En términos estilizados se trata de un crédito que toma todo el sector, que en lugar de pagarlo cada arrocero, se paga por medio de un impuesto a la exportación. Por las dudas, además, cada arrocero firma un vale por el monto que le toca. El mecanismo por el que todos los arroceros reciben esos fondos no tiene posibilidad alguna de ser rechazado por nadie. Y en cuanto al monto, está definido por normas generales, impersonales. Sembrar dudas sobre el accionar del ministro es una patraña, y afirmo esto con gusto en tanto me estoy refiriendo a un funcionario con el que he discrepado y mucho.

Precisamente sobre fin de mes concurrirá al Parlamento a presentar una suerte de examen de su gestión, y por eso creo pertinente evaluar al menos dos líneas de su accionar: la trazabilidad obligatoria y la gestión de cuidado del suelo, concretada por los también obligatorios planes de uso y manejo que la autoridad aprueba o no.

Quienes siguen estas columnas recordarán mi oposición desde siempre, no a la trazabilidad, sino a su condición obligatoria. Presenté el tema como un típico caso de confusión de roles entre lo público y lo privado, convirtiendo un simple tema de negocios que hoy puede ser y mañana no, en un objetivo de política. Advertí además que no era nada claro que el mundo fuera en esa dirección, o que hubiera un beneficio indudable en la adopción generalizada del sistema. Y que si alguien creía en ese negocio, —el de vender carne proveniente de ganado identificado— debería hacerse cargo de armar el sistema, necesariamente un asunto privado para quienes tuvieran esperanzas en él. Ya el año pasado reclamé al MGAP o a INAC una evaluación del negocio que no cambia mi opinión sobre lo institucional —nunca a favor de lo obligatorio— pero que podría poner números a lo que el sistema cuesta desde 2006 —no menos de US$ 340 millones— sin contar otros costos no menos relevantes: el tiempo del productor en el engorro que se armó, y el deterioro institucional creciente cuando, al no verse ventajas al sistema, se desarrollan toda clase de "travesuras" en su ejecución, que poco a poco convertirán todo el control en una caricatura. Decía hace un año además, lo que con toda precisión se desarrolla en el libro publicado por la Ucudal con la autoría de Juan Peyrou titulado "La cadena de la carne vacuna". Un exhaustivo análisis del comercio internacional expresa "no se ha logrado identificar ventajas derivadas del sistema uruguayo de trazabilidad en lo que a precios se refiere." Por otra parte, solo la Unión Europea exige este atributo que, al igual que en muchos países exportadores de carne debería ser opcional. En ningún país es obligatorio: ni EE.UU., Brasil, Paraguay, Nueva Zelanda o Australia. El gobierno debe evaluar si lo que obligó a hacer, es de un sentido mínimo de responsabilidad.

Pasa lo mismo con los famosos planes de uso y manejo del suelo, errados desde el comienzo al situar en el Estado, por encima de la voluntad de cada empresario, el cuidado del suelo; y —peor aún— poniendo como valor máximo de vaya a saber qué sistema de valores el cuidado del suelo, antes que el de la propia estabilidad económica o aún la propia vida. Este último caso bien extremo le pasó a un amigo mío: quería correr el riesgo de sobreexplotar su campo plantando un año soja, lo que no le era permitido, para pagar un tratamiento oncológico…

Hay que evaluar lo que se hizo. No en lo institucional donde el daño es irreparable al establecerse un concepto de base socialista, que es que el productor no es dueño del cuidado de su suelo, y que el Estado es mejor que él —tonto o poco patriota— para determinar lo mejor. Pero al menos en este sentido de cuidado de recursos naturales, alguien debe decirnos si ese cuidado del suelo ha mejorado en algo, o si para evaluar los éxitos hay que contar —es absurdo— el número de planes presentados, lo que resultaría ridículo. Ello sin dejar de responsabilizarse por el abandono de muchos campos agrícolas, así como del desarrollo asociado a la siembra de cultivos en zonas no tradicionales. Estos planes de uso y manejo, que establecen límites de erosión que también habría que evaluar de nuevo, no puede ser que conviertan la agricultura en algo solo del litoral o del sur. Si así fuera como parece venir siendo, está mal. El cuidado del suelo deberá compatibilizarse con el desarrollo humano, mucho más importante, que podría significar a lo mejor sembrar en lugares no convencionales. Hay que evaluar lo hecho, antes de que —además— esos planes de uso y manejo se conviertan, al igual que en la trazabilidad, en patologías de un ejercicio profesional indigno, lleno de firmas, certificados truchos y controles de papel.

Como siempre, mi propuesta de máxima es la libertad, la persuasión, el buen consejo, nunca la obligatoriedad. Y ambas cosas—trazabilidad y planes de uso obligatorios— deben volver a ser una herramienta más para la toma de decisiones, sin policía. Pero si esta propuesta de máxima es incompatible con el ADN socialista del gobierno, que el ministro al menos presente en el Parlamento una evaluación seria sobre los resultados de estas medidas obligatorias, restrictivas de la libertad y a estas alturas, también del sentido económico.

JULIO PREVE FOLLE