TEMA DE ANÁLISIS

El mercado laboral frena a la recaudación

El BPS perdió 40 mil cotizantes entre 2014 y 2018, lo que hizo caer sus ingresos reales en 3,5% en el período.

Foto: Pixabay
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El abatimiento del déficit fiscal será tarea prioritaria del gobierno que asuma el próximo 1° de marzo.

La controversia desatada sobre la decisión del gobierno de no aumentar las tarifas lo puso de manifiesto. Un déficit que ronda el 5% del PIB es muy alto y no sólo hay que actuar por el lado del gasto, que es el principal causante de tal resultado, sino que debe pelearse por cada peso que pueda ingresar a las arcas públicas. Así debe entenderse la reacción del equipo económico del gobierno electo, que por lo menos hasta que asuma verá que los ingresos de las empresas estatales serán inferiores a los que se entienden, podrían ser en esos meses.

Pero con todo lo importante que son esos ingresos, los principales recursos del sector público provienen de los impuestos y contribuciones con que grava a la población, siendo la DGI y el BPS los principales organismos recaudadores. El crecimiento que muestra a lo largo del último año el déficit fiscal, es el resultado tanto de un aumento de los gastos como de un estancamiento de los ingresos.

Estos últimos están estrechamente relacionados al nivel de actividad, por lo que una mejora sostenible a lo largo del tiempo del resultado fiscal que no afecte la trayectoria de la deuda, pasa no solo por la contención del gasto, sino por encauzar la economía en una senda de crecimiento. Ello se traduce en un mayor ingreso de la población que la habilite a incrementar genuinamente su consumo, todo lo cual redunda en una mayor recaudación.

Desde el año 2014 la economía muestra una tendencia al estancamiento con disminución del empleo, lo que impacta en la recaudación. El gráfico que aparece en la parte alta del cuadro muestra como se comportaron los ingresos totales del gobierno central (sin el Fondo de la Seguridad Social) y la recaudación de la DGI en términos reales desde entonces a la fecha. Para facilitar la comprensión se los expresó en índices. En términos generales se ve un estancamiento hasta 2017, un crecimiento en ese año debido al ajuste impositivo de ese año y, nuevamente a partir de 2018, una tendencia al estancamiento.

En los últimos meses, se observa una recuperación de la recaudación de la DGI. Es un dato que hay que seguir con atención, ya que de mantenerse en los próximos meses podría estar anunciando un leve repunte en el nivel de actividad.

En el acumulado del año hasta octubre, la recaudación bruta de la DGI cayó 0,2% en términos reales, a tono con la marcha de la economía. En términos netos la caída es mayor (1,6%) debido al incremento que registraron los documentos que respaldan devoluciones de impuestos o beneficios logrados (11,4% real).

Pero en los dos últimos meses, la recolección de impuestos aumentó de la mano del IVA. Asimismo, también subió en el mismo período la recaudación de Imesi a los combustibles. Estos dos impuestos están vinculados al consumo, ya que el Imesi grava a las naftas (no así al gas oil, que utiliza el aparato productivo).

Tal evolución puede ser un indicio de cierta recuperación en el gasto interno. Al respecto, las últimas mediciones de la confianza del consumidor han sido erráticas, con subas y bajas, ingresando en algunos meses en terreno optimista. De hecho, la última medición así lo indica. En estos últimos meses se dieron algunos estímulos puntuales que impulsaron al consumo como campañas promocionales o bajas transitorias del dólar, por lo que por el momento es difícil discernir si estamos ante mejoras permanentes o transitorias. Los datos de los próximos meses nos develarán el misterio.

Quien no deja de crecer es el IRPF, el impuesto que desde su creación presenta el desempeño más favorable para las arcas oficiales. Incide en esta evolución la modalidad anual de ajuste de las franjas, que se rezagan frente al aumento de los salarios y genera el doble efecto de aumentar el número de cotizantes, desplazando a los que ya tributaban a franjas superiores.

No es el caso de los impuestos a la renta empresarial, que en términos reales cayeron 6% en el acumulado del año, reflejando las dificultades por las que atraviesa el sector productivo.

También cae la recaudación del impuesto a las trasmisiones patrimoniales (-16% real), reflejando el bajo dinamismo del sector inmobiliario.

El gráfico que aparece en la parte media del cuadro, ilustra la evolución de la recaudación real del BPS. Una aclaración previa antes de analizarlo. Lo que se muestra allí es la recaudación bruta del organismo previsional, descontada del IRPF que recauda como agente de retención y vuelca posteriormente a la Tesorería. Ese dato refleja mejor la verdadera recaudación, ya que de incluirlo se estaría considerando un ingreso que no es tal. Es más, dado el ajuste fiscal del año 2017 que se centró precisamente en ese impuesto, de habérselo incluido el gráfico hubiera mostrado una mayor recaudación en ese año que a los efectos del propio funcionamiento del BPS no fue tal. La mayor recaudación por IRPF se ilustró en el gráfico anterior que muestra los ingresos de la DGI.

La caída en la recaudación del BPS responde al mercado laboral, que en el período ilustrado registró un descenso paulatino en la ocupación. En lo que al organismo refiere, disminuyó el número de cotizantes, desde 1.227.212 aportantes registrados en promedio en 2014 a 1.187.559 en 2018. Son 40 mil aportantes menos que seguramente aumentaron en el correr del presente año, dado que el empleo siguió cayendo. Si sumamos a ellos el descenso del empleo informal, llegamos al número superior a los 50 mil puestos de trabajo que se perdieron en el período.

Al igual que acontece con la Tesorería cuya recaudación es insuficiente para financiar un gasto creciente, el BPS requiere de una asistencia mayor para enfrentar las mayores pasividades. Tarea pendiente para la próxima administración y para la cual existe consenso generalizado en el sistema político, de que se debe emprender una nueva reforma del sistema previsional.

El último gráfico que aparece en la parte baja del cuadro, muestra la evolución de los aportes de las empresas públicas. Se refleja allí tanto la trayectoria global como la de las empresas comerciales e industriales. La diferencia son los aportes del sector financiero estatal, concretamente el BROU, que en el último año fue muy importante. Pero se refleja también la importancia que adquirió a partir de mediados de 2017 (otro rubro más del ajuste de aquel año) el aporte de las empresas que conforman el universo industrial y comercial del Estado.

Son cerca de US$ 400 millones anuales, el 0,7% del PIB, de los cuales UTE aporta US$ 300 millones. Implícitamente, en la controversia desatada en los últimos días por el no ajuste de tarifas, estaba latente este tema, que en la coyuntura actual de las finanzas públicas es muy importante.

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