Opinión

El logrolling es el intercambio de favores y se suele usar para describir el apoyo cruzado de legisladores a iniciativas particulares, "yo te voto esto, pero tú me votas aquello".

Nadie puede desconocer que el mecanismo es utilizado, lo cual no quiere decir que sea bueno o malo. Seguramente el juicio se altere según el tema y las circunstancias en que se dé, pero, sobrepasados ciertos límites, caer en él definitivamente es malo.

No todo proceso de negociación parlamentaria entra dentro de esta definición, es más, la mayoría de las leyes no debieran estar impregnadas por su uso. En Uruguay, hasta donde conocí las cosas, las negociaciones eran de conceptos, ciertos legisladores no estaban dispuestos a votar determinadas normas —en casos artículos de leyes—, porque no los compartían, o pugnaban por ciertos privilegios (exenciones fiscales, tratamientos impositivos particulares) a sectores, en general amplios, siempre dentro de una ley, pero no a cambio de otra donde se otorguen privilegios a pequeños grupos.

El mecanismo de intercambio es más frecuente cuando los parlamentos son muy fraccionados —hay muchos partidos—, algunos de los cuales específicamente se define y sabe que éstos representa intereses muy particulares o, cuando el gobierno está formado por una coalición amplia y heterogénea. En países grandes, los diputados y senadores nacionales son elegidos por una región o estado y, en cierta medida, siempre representan sus intereses en el Congreso de la Nación.

Nada de lo anterior, salvo que el partido de gobierno se puede decir es una coalición amplia y heterogénea, sucede en Uruguay. Ahora bien, de esa coalición sólo unos pocos grupos tienen representación parlamentaria, sin embargo, hay legisladores que ejercen (no la ostentan) la representación de pequeños grupos de interés y, entonces, estamos asistiendo a una continua negociación interna que, además de desgastante, genera un tipo de legislación basada en privilegios y no en derechos y obligaciones generales, lo que ciertamente constituye un problema mayor.

Si leemos nuestra Constitución, la igualdad está consagrada; no se distingue a las personas más que por su talento y virtud. Sin embargo, casi a diario nos encontramos con nuevas leyes que otorgan "derechos" a subconjuntos de la sociedad, como si cuando la Constitución habla de "personas, habitantes o ciudadanos", éstos no cupieran dentro de esa categoría. Contrariamente a lo que se quiere, son las leyes de privilegios las que dividen y estigmatizan a las personas, al tiempo que generan reacciones en contrario, en ciertos casos drásticas al punto tal que los centristas, siempre la mayoría real de las sociedades, quedan atrapados y su discurso deja de ser atendido. Una cosa es castigar la discriminación e incorporar al ordenamiento jurídico las nuevas maneras de discriminar, como forma de actualizarlo y que el vacío legal sea cubierto y otra, muy distinta es "premiar" si una persona tiene tal o cual característica.

Los grupos de interés especial son siempre pequeños y organizados y por ello "se hacen sentir". Es la única manera de tener cierta concordancia de intereses. Ello no quiere decir que quienes actúan como sus voceros representen al 100% del colectivo, nunca es así.

El último ejemplo es la llamada "ley trans", pero en la última Rendición de Cuentas hay otros ejemplos, menos notorios ante la opinión pública, pero no menos importantes. Ciertamente desconozco quien llevo adelante el proceso pero la ley en general, como otras, separan a la sociedad en grupos y otorga una serie de privilegios incomprensibles, el menos para mí. Así, al art. 11 de la Ley de Promoción de Inversiones, el cual establece criterios generales para los incentivos expresando, "tendrán especialmente en cuenta a efectos del otorgamiento de beneficios fiscales, aquellas que incorporen progreso tecnológico, diversifiquen exportaciones, incorporen mayor valor agregado nacional, generen empleo, faciliten la integración productiva de las diversas etapas de la cadena productiva, fomenten la innovación y la descentralización productiva del país", se le agrega "incorporen a la plantilla de personal, personas trans que residan en el país". O sea, si incorpora un trans deberá ser considerado de manera especial a los efectos del puntaje que se le asigna, del que deriva el beneficio fiscal para la inversión; ahora, si el inversor trae un ingeniero especializado no tiene "bonus", o si contrata a una persona que realiza la misma tarea que un trans, tampoco. Un absurdo que, además, es discriminatorio contra quienes tienen otra orientación sexual, digamos, la más común.

Además de lo anterior, la ley establece cupo para: cargos públicos, programas de capacitación del INEFOP, becas de apoyo estudiantil, y apoyo económico, sicológico, pedagógico y social especial.

Esta manera de legislar, ya no de la ley particular a la que me refería sino a legislación particionada por grupos, no sólo no es la mejor, sino que resulta particularmente dañina al generar incentivos sesgados que alteran la más provechosa asignación de recursos. Durante el primer gobierno del Dr. Vázquez fue notorio el intercambio: el Partido Comunista fue por el MIDES, el Socialista por el SNIS, la Vertiente Artiguista por la Agencia de Vivienda, Asamblea Uruguay por la reforma tributaria. No recuerdo si algún proyecto especial era del MPP. El intercambio fue obvio pero, en todo caso, fueron todas leyes generales de las que se puede estar a favor o en contra, pero atendían a temas globales desde una visión. A lo que estamos asistiendo hoy día es a otra cosa, ya sin sentido lógico, sin un proyecto de fondo, una mera acumulación de normas, en muchos casos inconexas, y eso se nota en la pobreza argumental cuando se los defiende. Es una situación mala para el país.