No siempre las buenas intenciones se logran concretar. Características o circunstancias de la realidad impiden que así ocurra. El problema se presenta cuando quienes impulsan objetivos —incluso loables— no observan la posibilidad ni la probabilidad de alcanzarlos.

Todos deseamos siempre tener más de lo que es un "bien" —y no un mal—. Cuanto más tengamos de ese "bien", más satisfechos nos encontraremos. Pero existen restricciones y una fundamental es nuestro ingreso, por lo que generalmente buscaremos alcanzar el máximo de ese "bien" sujeto a la posibilidad que nos da nuestro ingreso. Es eso en definitiva, tal cual se enseña de partida a los economistas, un problema económico.

Lo anterior viene a cuento al inicio de la nueva discusión presupuestal, ante el reclamo de recursos adicionales para la educación pública del orden de 820 millones de dólares. Es demanda de partes que se interesan por brindar a la educación los recursos necesarios para mejorar sus resultados para la sociedad. Recursos que se destinarían marginalmente en su aumento, a sueldos, infraestructura, mejores condiciones de acceso a los medios complementarios de la enseñanza como libros y alimentación para los estudiantes y otras cosas por el estilo. Los objetivos del reclamo no son rechazables. Por el contrario, es lo que todo uruguayo querría. O tal vez, como esbozara alguno de los reclamantes, es tan solo un paso hacia lo que más todavía, sería lo ideal. Hasta aquí nos estamos moviendo en el terreno de alcanzar lo máximo para la educación para que más adelante estemos entre los países con mayor educación. Estaríamos hoy realizando con el aumento presupuestal solicitado, una inversión para el futuro, como lo ha dicho el Sr. Sendic. Pero la historia no pasa solo con plantear el objetivo sin reparar en los medios para lograrlo. Aunque el vicepresidente los descarta, indicando que en la medida en que los recursos para la educación, la salud y en jubilaciones son una inversión, el déficit fiscal no importa. Agrego: hoy el déficit es 4% del PIB (2100 millones de dólares).

Aumentar el gasto en educación no asegura su mejora. El pasado reciente lo demuestra: la preparación de los educandos se ha deteriorado pese al incremento de recursos en presupuestos pasados. Si ha habido progresos derivados de ese aumento de la inversión, se deben probar. De lo contrario, nos quedamos con lo que dicen de Uruguay las pruebas internacionales.

Además de tener que probarse que el aumento de la inversión en educación ha tenido su retorno positivo se debe analizar el costo-beneficio del aumento de la partida que se reclama. El costo es el efecto que tiene lograr los recursos adicionales para evitar ampliar el déficit al que el señor vicepresidente no concede importancia. Sin ampliar la ya extremadamente alta presión impositiva sobre cierto núcleo de la población —que excluye a los receptores de beneficios estatales sin contrapartida—, y sin reasignar del presupuesto, el déficit se financiaría con emisión de dinero por el Banco Central o con aumento de la deuda pública. En el primer caso, la inflación sería la consecuencia o alternativamente un aumento significativo de la tasa de interés para retirar esa emisión adicional que afectaría a la actividad. En ambos casos se perjudicaría mucho más a la sociedad que lo que se la beneficiaría con el aumento de las partidas presupuestales a la educación. En el segundo caso, el grado de inversión se vería amenazado, aumentaría el costo del endeudamiento, habría presiones bajistas sobre la actividad y el empleo y sería una carga adicional para la sociedad.

Si se ampliara la presión fiscal, ello afectaría a los contribuyentes y volver sobre impuestos directos o indirectos, nuevos o aumentando alícuotas de los existentes no asegura que el efecto de la redistribución sea mejor que el costo para quienes vuelcan esos recursos al fisco y no los emplean en su consumo e inversión. Recordemos que el sistema tributario uruguayo reitera base imponible para diversos tributos. Y las tasas son ya excesivamente altas cuando se consideran los activos o los ingresos gravados. Tras el pago del impuesto a la renta personal, el saldo del ingreso que resta se usa en gastos en consumo e inversión que soportan el impuesto al valor agregado. Con lo que le resta, el contribuyente debe pagar otros tributos como el impuesto al patrimonio, el de primaria y otros, además de los tributos comunales. Una mayor presión fiscal implica un efecto depresivo adicional del ingreso de los contribuyentes disponible para gastar, que afectará con presiones bajistas al nivel de actividad. Evidentemente no hay prácticamente espacio para seguir gravando con impuestos, como lo refleja la realidad que ha llevado a la administración económica a aumentar los cuasi tributos en las tarifas públicas y a hacer más restrictiva la determinación de bases imponibles para aumentar así, la tributación.

Recordando además que el gasto es flexible a la baja —en un mundo informático más eficiente que sustituye empleo, la dotación de empleados públicos ha trepado en 70 mil personas en 12 años y se mantienen tercerizaciones—, usar el conocido estribillo que quien tiene más debe pagar más —como si ya no ocurriese—, para aumentar la presión fiscal y volcarla a la educación o a otra actividad estatal, simplemente castiga a toda la sociedad.

JORGE CAUMONT