OPINIÓN

Llegó la hora de la consistencia

Si no se recupera la confianza, siempre hay espacio para caer más.

Foto: Reuters
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La economía argentina transita desde comienzos de 2018 un proceso recesivo con inflación en ascenso: el corte abrupto de financiamiento externo privado, que sólo pudo ser compensado parcialmente por los fondos aportados por organismos multilaterales, impulsó una contracción en el nivel de actividad que permitió “generar” dólares comerciales por medio de una caída drástica en las importaciones.

Este proceso se agravó durante la campaña electoral porque aumentó la desconfianza acerca de lo que nos deparará la política económica en el futuro. Ello disparó una reducción en los depósitos que profundizó la reducción del crédito al sector privado. Desde comienzos de este año y hasta mediados de octubre, el crédito en pesos al sector privado se contrajo 23% medido en moneda constante y los préstamos en dólares un 19%. Ese credit crunch sólo augura que la caída en la actividad económica continuará en el corto plazo. A eso se suma un control de cambios cada vez más intrusivo, que trata de frenar un drenaje mayor en las reservas netas del BCRA pero al costo de generar distorsiones que afectan negativamente el funcionamiento de la economía.

Las primeras decisiones del nuevo gobierno deberían apuntar a restablecer la confianza. Ello requiere acciones rápidas en materia de política fiscal y monetaria.

La aceleración de la inflación observada y la expectativa de que este problema puede agravarse en el futuro inmediato han reducido la demanda real de dinero. Por ejemplo, la base monetaria medida en moneda constante ha caído 12% en el último año y los depósitos del sector privado en moneda nacional han caído en el mismo período alrededor del 10% real.

Mientras no se resuelva el problema de la deuda pública, el gobierno nacional no tendrá fuentes de financiamiento relevantes más allá de la renovación que pueden hacer los organismos del Estado. Los vencimientos de intereses y capital de deuda en moneda nacional para el año próximo son equivalentes a 80% de la base monetaria que tendríamos a finales de este año (será una cifra aún mayor si no se elimina el déficit primario). Recurrir a la emisión monetaria para hacer esos pagos llevaría a una nueva aceleración de la tasa de inflación: en un contexto de control de cambios severo, el excedente de pesos se transmite primero a la brecha cambiaria y luego a los precios, pero a la corta o a la larga resulta en un nuevo salto de la tasa de inflación.

Por ello, es muy importante que el nuevo gobierno anuncie un programa monetario creíble. Ello depende mucho más de la consistencia del programa económico que de lo que pueda aportar un acuerdo de precios y salarios. Un problema adicional es que en Argentina parecería que el ancla nominal debe ser el tipo de cambio; pero una flotación sucia o algún esquema de crawling peg sin muchas reservas netas es todo un desafío. A finales de octubre, las reservas netas del BCRA estaban en US$ 10.000 millones, menos de un tercio de lo que eran cuando se aplicó el cepo en octubre de 2011.

En materia fiscal, se requiere de una mejora importante en el resultado primario, que debe lograrse en pocos años para que la renegociación de la deuda pueda resolverse en un plazo relativamente breve. Pero también es importante la forma en que se concrete la mejora fiscal. En los casos de Uruguay y Ucrania, el grueso del ajuste (100% en Uruguay y 80% en Ucrania) se hizo por la vía de reducción del gasto primario, probablemente porque la evidencia empírica de trabajos académicos sugiere que las mejoras por esta vía son más creíbles y duraderas que las que se pueden lograr por medio de aumentos de impuestos.

En un país con carga tributaria muy elevada como Argentina no parece haber mucho espacio para aumentar impuestos sin generar un daño importante a los incentivos a ahorrar, invertir, producir, emplear o exportar. La fantasía de resolver los problemas fiscales de Argentina por medio de un aumento importante en los impuestos a la riqueza, ignora que ya son muy altos en el país (sobre todo a nivel subnacional) y que varios países europeos los han reducido ante las dificultades para obtener recursos de contribuyentes que pueden migrar su residencia fiscal a otros países.

Además —como bien argumentara recientemente Larry Summers en Twitter, siguiendo la línea de un trabajo de Harberger de 1995— mejorar la focalización del gasto es mucho más eficaz para mejorar la distribución del ingreso que confiar en los impuestos.

Un programa fiscal creíble y reformas estructurales que permitan mejorar la competitividad de la economía y la solvencia fiscal, son necesarios para poder encarar la renegociación del programa con el FMI y con los acreedores privados. Bajo el stand by vigente, Argentina debe devolverle capital al FMI por algo más de US$ 18.000 millones por año en 2022 y 2023. Es poco probable que se pueda acceder a financiamiento voluntario por esa suma, más alrededor de US$ 9.000 millones adicionales que vencen con el sector privado y el resto de organismos multilaterales en cada uno de esos dos años. Esto sugiere que para poder resolver el problema de la deuda con el sector privado, primero habrá que cambiar el actual stand by con el FMI por un Extended Fund Facility; pero esto requiere que el país comprometa un programa de reformas estructurales.

La alternativa de pretender que el mundo cambie sus criterios de larga data porque “Argentina es diferente”, corre el serio riesgo de que terminemos como Grecia, que intentó algo parecido a través de su ex ministro Varoufakis, que culminó con su renuncia ante el fracaso en tratar de convencer a la Troika de que relajara las reglas para contemplar la situación de su país.

Argentina ha eliminado su déficit externo a golpe de recesión. Pero si no se recupera la confianza, siempre hay espacio para caer más a través de una nueva ronda de fuga de capitales que, luego de aumentar la brecha cambiaria, presiona sobre la cuenta corriente declarada al BCRA.

Un programa monetario y fiscal consistente sería el puntapié para lograr que mejore la confianza y así empezar a construir las bases para una recuperación sólida de la actividad económica. Paradojalmente, la desconfianza que generaron las declaraciones voluntaristas de varios integrantes de la coalición que ganó las elecciones, puede ser una oportunidad si al momento de las acciones sorprende adoptando medidas que el gobierno saliente ni siquiera se animó a intentar.

(*) Economista Jefe de Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL)

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