En una columna en Economía & Mercado, el 20 de junio de este año, analicé las ventajas de un acuerdo de libre comercio. Me refería en concreto, al que se podría realizar con China cuyo gobierno reavivaba el interés que ya había manifestado en 2009 en concretarlo con Uruguay o con el Mercosur.

Señalaba en aquella columna que un acuerdo comercial de ese tipo sería, como lo habría sido el frustrado con Estados Unidos, de gran beneficio para los consumidores y productores uruguayos.

Los motivos que mencionaba para justificar las afirmaciones señaladas son los que surgen habitualmente en este tipo de relación comercial. Lo primero a destacar es que se crea comercio pues surgen corrientes de intercambio en los dos sentidos —exportaciones e importaciones— y se desvía comercio desde los proveedores más caros generalmente amparados por márgenes de preferencia arancelarias, a los más económicos.

El abatimiento arancelario y de trabas no arancelarias de efectos equivalentes implícito en un tratado de libre comercio, se traduce en menores costos de importación directos e indirectos por los costos adicionales que se deben pagar cuando al valor de compra se le agregan los costos de internación, tanto por intervenciones oficiales como por privadas. Esa disminución del costo total para la internación de los productos lleva además a menores costos de comercialización interna y en definitiva, el precio a los consumidores disminuye considerablemente. Declinan las transferencias de ingresos que ellos realizan sin contrapartida, por lo que su bienestar aumenta inexorablemente. Con el mismo desembolso de dinero que se hacía antes del acuerdo de libre comercio, podrá comprar mucho más. O comprar lo mismo pagando sensiblemente menos. Pero también el bienestar de los productores nacionales y el empleo mejorarían. La reducción de los tributos que se deben pagar hoy para ingresar exportaciones a China, país al que se asociaría Uruguay, se reflejaría en aumentos en las ventas de productos uruguayos ya que pasarían a ser relativamente más competitivos. Ello implica aumento de la producción y del empleo así como mejores oportunidades para los restantes factores de producción que se empleen.

La creación y la desviación de comercio que provocaría un tratado de libre comercio con China se reflejaría también en el aumento de la eficiencia de nuestra economía: la declinación de los precios de numerosos insumos y bienes de capital ante la reducción arancelaria y la posibilidad de empleo de otros hoy no transados, contribuirían a una mayor eficiencia económica y a una mayor capacidad de competencia de la producción uruguaya.

Hace cuatro décadas, la economía uruguaya estaba completamente cerrada al comercio internacional. Solo se importaban insumos y pocos bienes finales que no se producían en el país. Las compras en el exterior de bienes de capital eran muy pocas y solo con autorización se podían ingresar al país. La fabricación local se protegía exageradamente. Prohibición de importar, altos impuestos a las importaciones, trabas no impositivas, depósitos previos para comprar en el exterior y otras cosas por el estilo aspiraban a preservar a la producción nacional, sobre todo la industrial. Las referidas trabas a la importación concedían una protección efectiva, es decir sobre el valor agregado nacional, notablemente alta al tiempo que se constituían en un severo impuesto indirecto sobre las exportaciones. La inversión era prácticamente nula y la menor demanda por moneda extranjera que impedía el alto costo de importar así como la prohibición de movimiento de capitales implicaba un tipo de cambio real sumamente bajo. Las discusiones al momento de reconvertir la política comercial de altos gravámenes directos e indirectos pero con efectos equivalentes se multiplicaron, se extendieron en el tiempo y la construcción de la estructura de la protección nominal culminó hace algo más de una década en algo similar a lo que es hoy. Los resultados están a la vista: nadie cuestiona actualmente que se haya procedido a liberalizar el comercio ni se ha verificado el desempleo que muchos preveían. Las menores transferencias que realizan los consumidores al comprar bienes importados, la variedad de productos a los que acceden, la mayor eficiencia que se ha logrado por los productores al comprar insumos y bienes de capital menos gravados, pagando menos impuestos, les incitan a seguir en el proceso de desarme arancelario.

El corolario es que el acuerdo con China no debe ser discutido como en aquella oportunidad. Ni reavivar las causas que se esgrimían y que la evidencia empírica no confirmó. Es recomendable evitar que el tiempo para la aceptación a nivel interno en nuestro país se extienda solo con el beneficio de frenar la competencia para asegurar el bienestar de los menos y el alto costo de hacerlo en detrimento de los más. Pero la discusión tampoco debe regionalizarse, ni aceptarse la oposición de los socios del Mercosur que procurarán mantener la obstrucción a la competencia de su actividad interna que le brinda el margen de preferencia regional. Un tratado de libre comercio en mercaderías, con China, les quitaría —transitoriamente— espacio de competencia a Argentina y a Brasil y elevaría —de manera permanente— el bienestar a consumidores y productores uruguayos.

JORGE CAUMONT