OPINIÓN

Hay que entender lo difícil que es organizar el trabajo y lo costoso de cumplir con obligaciones, en especial para los pequeños empresarios.

ISAAC ALFIE

La ministra Muñoz en un audio que circuló se quejó -más bien sonó a reto-, de las inaplicables leyes que se votan. El comentario no es nuevo ya, entre otros, la SCJ y el Colegio de Abogados habían realizado similares consideraciones; la novedad es el emisor, un ministro de gobierno.

Son muchos los casos y en normas relevantes donde la redacción es poco clara, con notorias deficiencias y hasta contradictoria. Las carencias no solamente provienen de estos defectos, en los últimos años ejemplos de cuerpos normativos que quedan por fuera de toda realidad de aplicación en la vida real, sobran. Algunos de los problemas comunes que se advierten son:

i) Exceso de regulación para casos particulares que, como tales, nunca se repiten de manera exacta y, por tanto, se generan huecos normativos.

ii) Ausencia de un marco conceptual (principios generales) para interpretar por analogía la propia ley ante carencia de norma específica, en medio de soluciones contradictorias en una misma ley.

iii) Excesos de detalle normativo en aspectos instrumentales que claramente deben ser dejados a la reglamentación.

En otros casos, donde la ley delega en decretos del PE, éste suele cometer el mismo error de querer regularlo todo.

A partir de ello, las zonas grises ambientan espacios para que el sector público imponga penalidades en base a “su interpretación de las cosas”, pero no necesariamente la interpretación correcta. En ocasiones, la base de la multa es algún decreto o resolución dictada cuya razón de ser suele no tener otra explicación que el afán de “controlarlo todo” o “tener información de todo”, que excede la ley.

El problema de la poca claridad de las leyes es obvio, diferentes interpretaciones dan lugar a litigios, y éstos, a dilapidación de recursos, humanos y materiales; tiempo inútil que destruye valor. Las empresas de cierto porte contratan o tienen en su staff profesionales para ello, pueden hacerlo, aunque no sea lo más eficiente desde el punto de vista económico, pero las pequeñas y medianas no pueden o les cuesta mucho hacerlo; en ciertas ocasiones los montos involucrados son tales que el costo de los profesionales sobrepasa la penalidad y se termina cediendo al pago de algo injustificado. Ni que decir del tiempo que se pierde, con el desgaste que ello implica para los titulares de estas empresas, que son a la vez gerentes de recursos humanos, finanzas, administración y ventas. Si a esto le agregamos que debe entender marcos normativos complejos y aplicarlos, los que a su vez, se cambian de manera constante (hay que “estar al día”), o manejar sistemas para remitir u obtener información vía web de una repartición estatal, se está en presencia de un imposible; para ello debería dejar de hacer lo que debe y es su sustento y de algunas familias más.

En los últimos años el TCA ha fallado en innúmeras ocasiones contra la Administración siendo ésta, entiendo, la prueba más clara de la forma de actuar del sector público, no de ahora, desde siempre. Ciertos funcionarios públicos parecen entender que interpretando a su antojo las leyes en perjuicio de los privados hacen mejor su trabajo, un enorme error. Una buena parte de los casos se dan en materia impositiva donde las normas se han complejizado de manera poco creíble, yendo contra las más básicas y elementales recomendaciones: sistemas sencillos, claros, generales, que eviten las situaciones particulares y la doble imposición. Está faltando una ley general interpretativa que evite casos donde se puede llegar a la expropiación del capital o la renta.

Otro ejemplo es la normativa sobre lavado de activos, donde se imponen obligaciones a agentes cuya capacidad de cumplirlas son prácticamente nulas o, como expresó alguna asociación de profesionales, su costo puede llegar a ser tan elevado que torna impagable el servicio. Una vez más la falta de realismo primó. Conseguir cierta información, más allá del “señor Google” no es gratis; hacer de agente secreto del Estado para personas no capacitadas para ello, es un imposible. Personalmente no puedo creer que quien redacta la norma no conozca estas limitaciones, de donde se debe interpretar que aquella, opera más como búsqueda de un chivo expiatorio para cuando aparecen casos “complejos” que otra cosa. Mientras tanto, los “Balcedos” siguen allí. Hay que sopesar el costo para la sociedad con su resultado y tener presente las reales limitaciones de los comunes agentes y profesionales. En una palabra, se debe aplicar el sentido común. El avance regulatorio que ahoga es tal que se está como el sapo vivo dentro de la olla, donde el agua cada vez está más caliente.

Es ésta otra tarea que deberá encarar de manera inmediata la próxima administración. Constituye una reforma microeconómica de singular importancia que liberará recursos productivos, disminuyendo el costo país, reforma de las que “se sienten” aunque no tengan prensa. Luego, los economistas vemos que el PIB crece por encima de la inversión y el trabajo aplicado y le llamamos “productividad total de factores”. Son las reformas micro.

Hay que entender lo difícil que es organizar el trabajo y lo costoso de cumplir con obligaciones, en especial para el pequeño empresario o profesional independiente, que compite en un mundo de corporaciones 24 x 7. Hay que saber la enorme dificultad que se tiene para juntar el dinero de “la quincena” y los impuestos. En Uruguay cada día cobra mayor vigencia la frase de Reagan sobre la forma de pensar del sector público, “si se mueve póngale un impuesto, si se sigue moviendo regúlelo y si deja de moverse, denle un subsidio”. Siendo una caricaturización de los hechos, porque es claro que normas debe haber, pero la mesura debe imperar evitando las paralizantes soluciones de escritorio.