ANÁLISIS

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Primero lo primero: la ley de urgente consideración no implica que su contenido sea urgente, sino que sí lo es la consideración del contenido, su tratamiento, y para ello se prevé en la Constitución un procedimiento rápido o fast track como sucede con las leyes presupuestales, pero con aprobación tácita.

Segundo, el contenido no presenta sorpresas ni por las medidas que propone ni por la filosofía (liberal) que está detrás de su producción. No es más ni menos que lo que se esperaba de un gobierno que fue electo a partir de determinadas propuestas formuladas en la campaña, lo que legitima, en Democracia, la acción de un gobierno. En otras palabras, el soberano mandató al gobierno electo a hacer lo que planteó en su campaña.

Tercero, el gobierno electo aprovecha el mecanismo constitucional previsto para introducir y reformar normas sobre varios temas muy relevantes de la agenda pública que están desde hace tiempo sobre la mesa, como seguridad, educación pública, relaciones laborales, servicio civil, seguridad social, economía, empresas públicas y otros.

Cuarto, es interesante que se haya puesto el anteproyecto de ley sobre la mesa, no solo de los integrantes de la coalición sino de la oposición, las corporaciones y la población en general. Sin ser formalmente un mecanismo de consulta pública, se acerca bastante en los hechos a uno de ellos.

No pretendo agotar el análisis en tan poco espacio, pero los primeros apuntes que me generó la lectura del texto propuesto son los siguientes.

Uno, se plantea una regla fiscal que no aparece como de cumplimiento obligatorio sino informativo. Falta la consideración de un Comité de Inversiones para decidir acerca de los eventuales excedentes financieros. Dada la volatilidad de la inflación en Uruguay y el habitual incumplimiento de la meta respectiva, sería conveniente ajustar la meta fiscal estructural indicativa por desvíos en la inflación respecto a la del programa (por su efecto en el financiamiento inflacionario).

Dos, con relación a la reforma del sistema de seguridad social, se plantea un período demasiado extenso, de dos años y prorrogable, para que la comisión de técnicos se expida. Es razonable pensar que los técnicos se pondrán de acuerdo mucho más rápido que eso. Después deben discutir los políticos… y pronto estarán de nuevo en campaña electoral. Es positivo que se incluya en el análisis a todas las cajas y regímenes previsionales. Es negativo (para las finanzas públicas) que se extienda el plazo en el que los “cincuentones” puedan decidirse a ir al BPS.

Tres, se plantea la “desinclusión” financiera. Es un paso atrás en un mundo que va hacia la eliminación del dinero físico y en un país que ya había avanzado en la materia (la única buena reforma micro de los últimos años del FA). Es falaz usar, como hace el gobierno electo, el argumento de la libertad. Hay numerosos ejemplos en los que resignamos libertad en beneficio de otros objetivos (de hecho, en el mismo texto se plantea que resignemos libertad en beneficio de la seguridad). Se arriesga incentivar la evasión fiscal y el lavado de dinero.

Cuatro, se legisla acerca de que la ocupación de los lugares de trabajo no es una extensión natural del derecho de huelga, protegiéndose el derecho de los trabajadores no huelguistas y el derecho de propiedad de los dueños de la empresa. En cambio, nada se dice sobre la necesaria regulación de los sindicatos.

Cinco, se prevé la provisión de una de cada tres vacantes, lo que requerirá hacer sintonía muy fina. No debería caerse en la simplificación expuesta en la campaña electoral de que hay incisos en los cuales todos los funcionarios son imprescindibles y otros en los que nadie lo es.

Seis, se crea la Agencia de Monitoreo y Evaluación de las Políticas Públicas. Bien usado, puede ser un instrumento fundamental para una gestión transparente y una verdadera rendición de cuentas, en materia de metas y objetivos.

Siete, más importante que la desmonopolización planteada es la jerarquización prevista de las unidades reguladoras de servicios públicos. Las empresas estatales deben dejar de ser juez y parte.

Ocho, previsiblemente (al menos para este columnista, según lo expuso aquí hace meses) se crea un nuevo ministerio, con un propósito benemérito (siempre lo tienen las malas decisiones), el de atender las políticas ambientales. En cambio, no se toca una estructura arcaica de ministerios, que viene desde tiempo inmemorial y que ha perdido toda lógica. Un ministerio de infraestructura y otro de producción podrían remplazar a varios de los existentes y hacer del Poder Ejecutivo un poder más ejecutivo. Serían, además, señales de ajuste desde la política y los políticos, que, juntos con otras tantas que se podrían aprobar, contribuirían a enmarcar las medidas de austeridad que, sean por el lado del gasto, o por el aumento de impuestos, tendrán impacto sobre personas.

En la propuesta que sale del gobierno electo hay buenas y malas iniciativas. Es probable que en la medida en que se alcancen consensos con los partidos aliados, el resultado sea peor: que algunas cosas buenas queden por el camino o que se diluyan de algún modo. Lo peor que podría pasar es que esa dilución le reste carácter e identidad a las políticas que impulsa el gobierno. Al fin de cuentas, la gente votó cambiar.