OPINIÓN

Ley de Riego: un plebiscito insólito

No firmé contra su derogación promovida por el Pit Cnt, que traspasa todo límite sensato acerca de los temas en los que se le puede reconocer alguna competencia.

Firmas contra la Ley de riego.  Foto: El País
Firmas contra la Ley de riego. Foto: El País

No alcanzo a comprender el plebiscito contra la mal llamada Ley de Riego. En efecto, se trata de una ley absolutamente menor, que suscita discusiones sobre temas que no tienen nada que ver con la ley como los medioambientales y plantea una discusión ridícula sobre lo que llaman la privatización del agua que tampoco tiene nada que ver con modificaciones establecidas por la ley. Por tanto, no firmé contra su derogación promovida por el Pit Cnt, que traspasa todo límite sensato acerca de los temas en los que se le puede reconocer alguna competencia.

UNA LEY MENOR. En lo esencial, esta ley lo único más o menos interesante que contiene, es la posibilidad —que resulta absurdo que estuviera limitada— de que inversores que no sean beneficiarios del riego, es decir que no produzcan, puedan de hecho integrar sociedades encargadas de construir una represa y participar de los beneficios de prestar el servicio de riego. La inclusión de un capitalista para un gobierno de este signo resulta difícil de digerir, razón por la cual esa participación se establece que será minoritaria. Es absolutamente obvio que el desarrollo de cultivos regados no depende ni por casualidad de la existencia de una ley que solo tiene esta novedad que, incluso, tengo mis dudas que sea tal.


El desarrollo de un cultivo regado depende como todo negocio, del aumento de la producción esperada a partir del riego, en comparación con la inversión requerida en él. Por tanto, depende de muchas otras variables que poco tienen que ver con este hipotético beneficio conseguido para inversores en minoría. Dicho sea al pasar, el área actual de arroz es 50 mil hectáreas menor que 20 años atrás, y eso no es por falta de represas, obviamente. Además, el riego depende mayoritariamente de fuentes naturales, lagunas como la Merín, arroyos, ríos, etc. Y por cierto, mientras la expectativa de ganancia asociada a la inversión en riego, no alcance lo que debe ser, no se va a regar más, con ley o sin ella.
Si la expectativa del negocio agrícola con riego se presentara muy buena y estable, la tierra regable se valorizaría lo suficiente como para que una renta de secano sea insuficiente para trabajar. Y allí entraría el riego, y allí quizás se demandarían más represas y quizás allí una nueva figura jurídica podría ayudar.

DISCUSIONES LOCAS. A partir de este texto, hay organizaciones firmantes que están contra el riego en sí mismo, y otras ya más alocadas contra la propia intensificación de la producción agrícola. Como queda dicho son planteos absurdos, porque no se deriva de la ley que a partir de ella va a explotar el riego por represas, ni mucho menos que gracias a ella se vaya a intensificar la agricultura. La verdad es que ya me da pereza tener que fundamentar frente a los ecólatras, no los sanamente ecologistas, que producir más no significa ningún retroceso en relación a ese nuevo dios que lo es para algunos el medio ambiente intocado o la Pacha Mama, más o menos lo mismo.


Por otra parte y en lo que refiere a algunos cuidados del suelo y del medio ambiente, esta ley no cambia nada esencial en lo que refiere a toda la larga sanata de permisos que hay que conseguir. Es más; yo discutiría la necesidad de varios de ellos pero no es el caso. En realidad no es casual que los ecologistas coincidan en sus planteos extremos con el Pit Cnt. No es nuevo. Desde la caída del socialismo real, la izquierda internacional aterrizó con frecuencia en los partidos verdes, en la ideología de género, en los planteos LGH, etc. Y todo por supuesto con escaso fundamento científico. Se trata de no hacer agricultura ni regar, pero por las dudas. En cambio de sostenibilidad —que es de lo que hay que hablar—, o de derechos de propiedad que se rozan en todas estas leyes, se habla poco. Incluso se dicen tonterías respecto de la defensa contra eventos de sequía. Nadie hace represas para dar de beber el ganado o para regar solo si no llueve, no ocurre así. Se realiza infraestructura, represas, para armar un negocio nuevo con riego que es totalmente distinto: será para plantar maíz —otro maíz— o arroz o hasta trigo, citrus o lo que sea; no por las dudas.
Sin ciencia económica para analizar la ley en términos de perspectivas de inversión; sin ciencias naturales serias como para hablar de intensificación agrícola; con toda la ignorancia que supone sostener en un país exportador el llamado “principio precautorio”, propio del derecho medioambiental, contrario a las posiciones internacionales históricas del Uruguay; sin todo eso lo que queda es el “cuco”: se viene el gran capital a quedarse con el agua… Y es también un absurdo porque ya hoy hay propietarios de represas que venden el servicio de riego, por ejemplo a 20 bolsas de arroz por hectárea. Se trata de algo normal, quizás con la única diferencia de que el que explota la represa y vende el agua, probablemente sea también productor. Ahora se trataría de posibilitar inversiones —minoritarias— de fuera del sector. La verdad que no sé si posibilitar la inversión en agua es privatizar, no me interesa. Del mismo modo se puede convocar inversión privada en tierras a través de sociedades o fideicomisos, en capital a través de acciones, en venta de servicios de maquinaria u otros; nada nuevo bajo el sol; una tormenta con matracas.


PLEBISCITO. Un plebiscito contra disposiciones que la ley no tiene; contra episodios económicos que no están contemplados, o contra el riego y la agricultura intensiva que están más allá de esta ley, es un plebiscito loco; no tengo otra forma de catalogarlo, ya que promueve discusiones que nada tienen que ver con el articulado aprobado en una ley que como señalé, es absolutamente menor. Más en concreto: si alguien quiere hacer una represa de modo asociativo, y quiere traer capital de fuera del sector, que lo haga. No creo que eso tenga nada que ver con una explosión de construcción de represas. Y por supuesto, no tiene nada que ver con el cuidado del medio ambiente —nada cambia al respecto— ni mucho menos con la privatización del servicio de riego que en muchos casos hoy ya lo es. Por eso no firmé ni voy a hacerlo.

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