JULIO PREVE FOLLE

Legalidad o legitimidad tributaria

Trascendió una nueva modalidad de control de la DGI a presuntos evasores, mediante el cruce de información privada con los pagos de impuestos.

Asimismo se difundieron opiniones sobre la indefensión actual del contribuyente, así como de los guarismos insoportables de presión tributaria, en especial en el sector agropecuario. Por otra parte sigue la competencia entre legisladores oficialistas por el aumento de impuestos, como si se tratara de un botín a repartir sin consecuencias y según sus alocadas pretensiones. Yo creo que todos estos son indicios de una probable ruptura del contrato entre Estado y sociedad, que puede desembocar en actos de seria desobediencia civil. En efecto, las acciones del gobierno en materia impositiva parecen estar cayendo en un área de falta de legitimidad social, aunque sean legales.

Destino del gasto.

Un primer punto es el nivel de presión fiscal, la que sumando todos sus componentes alcanza cifras superiores al 35 %. Estos niveles de presión con una economía estancada ya son demasiado peligrosos, pero presentados así lucen de modo algo impersonal.

Veámoslos de otra manera. Un padre de familia con dificultades económicas, advierte que debe pagar más de IRPF o de IRAE que lo que le cuesta la educación de sus hijos; un empresario en tiempos de recesión verifica que tiene que pagar impuestos que amenazan la estabilidad el negocio; un joven que recién empieza a trabajar se da cuenta que lo que le sacan supera en mucho lo que él entiende justo, y compara su situación con lo que ocurre en otros países cada vez más cercanos… Se trata en todos estos casos de situaciones reales, duras, muy duras, que estimulan la rebelión del contribuyente desde la cuantía de lo que aporta. Se empieza a fracturar así el contrato social, y la extracción siendo legal, empieza a dejar de ser legítima. Si hay que dar más al Estado que a la familia la tensión es evidente.

El fastidio continúa con el destino de esos recursos. Se verifica que desde el 2005 a la actualidad hay 70 mil empleados públicos más, que tenemos la peor educación de la historia, la salud que tenemos, la peor inseguridad que conocemos, la peor infraestructura de la historia, una asistencia multimillonaria a Ancap, el combustible de los más caros del mundo, un Antel Arena, etc.... Con este estallido de gasto público y por si fuera poco para la ruptura del contrato social —lo que se paga, lo que se hace con lo que se paga— no se advierte ninguna conciencia oficial del tema, y todas las semanas vemos competir legisladores del gobierno queriendo gastar más, aunque la economía haya entrado en zona de turbulencia.

En este contexto, la verdad que molesta y mucho que se ejemplifique la inversión a través de las empresas forestales o las zonas francas, que en ambos casos disfrutan de un estatuto de paraíso fiscal cuya pertinencia no juzgo hoy.

Revisión.

El próximo gobierno va a tener que revisar los temas tributarios aún en aspectos políticamente incorrectos, so pena de seguir tensionando un contrato social que no da más.

Hay que hablar con claridad que el número de empleados públicos debe reducirse. Hay que animarse a decir que los empleados del Estado no deben pasar de lo que eran hasta el 2005. Y hay que animarse a discutir los mismos fines del Estado que se quieren atender con semejante masa de gasto público.

Nuestro Estado ha engordado porque responde a la religión de estatismo que profesan los socialistas, mientras van agostando las libertades de la gente, olvidando que la libertad para fundar su propio proyecto, sin ominosas tutelas, es precisamente la medida de la dignidad y la grandeza del hombre.

Redistribución.

De entre la cantidad de objetivos socialistas hay que replantear el famoso de la redistribución de la riqueza que no es para mí una función estatal, que la cumple mal, y que no sirve de mucho salvo en casos extremos. El Estado está para generar bienes públicos —educación, salud, seguridad, infraestructura— y no para sacarle a Juan y darle a Pedro según los criterios de justicia del gobernante de cada hora. No está demostrado que esto sea más justo ni más eficaz, a la vez que puede significar un estrangulamiento de la inversión, que es la herramienta capaz de generar condiciones de mejora social. El derrame del crecimiento es lo que en la historia redujo la pobreza a nivel mundial.

Según datos divulgados por el economista Max Roser, la pobreza en el mundo se encuentra en los niveles más bajos de la historia. Además, la tendencia es declinante. En 1981, el 44% de la población mundial vivía con menos de US$ 1,9 dólares por día. En 2015, ese número se desplomó y alcanzó el nivel mínimo de 10%. Mirando los datos históricos, se ve que el camino de caída viene de largo. Cosas parecidas han pasado en India o China, es evidente. Es el derrame, que hay que asegurar, mejorar, que quizás no debe servir para justificar no hacer nada por los demás, pero que no se debe impedir.

No quisiera estar en el pellejo de inspectores de impuestos el día que se rompa el contrato social por el cual la sociedad deposita recursos en el Estado para que éste cumpla con sus austeros fines, pocos y bien determinados.

Si pierde la legitimidad para hacerlo aparecerán no solo estímulos serios para evadir, sino actos de desobediencia civil, huelgas de contribuyentes que no tienen gremio, y actos de resistencia frente a los inspectores. Aún es tiempo de reaccionar.

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