OPINIÓN

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En una nota reciente, me referí a por qué la población puede demandar malas políticas. Una opción intelectualmente sencilla es decir que los votantes se equivocan. Más desafiante es considerar los elementos de juicio que los llevan a estas decisiones. Con los resultados de las PASO argentinas aún resonando en la cabeza, no pude hacer otra cosa que ir a revisar la nota del 17 de junio. Desde ya me disculpo por la autorreferencia y la similitud con las ideas allí discutidas.

Ernesto y Pedro Dal Bó son dos argentinos profesores de Economía en universidades americanas, quienes junto con Erik Eyster, sostienen la hipótesis de que una parte importante de los votantes no considera los efectos generales de las políticas, sino que sólo incorporan en la decisión su primer impacto directo. Toman o rechazan opciones considerando el eventual resultado inmediato y no los resultados globales del equilibrio económico y social que finalmente les afectará en mayor medida.

Los autores consideraron varios experimentos económicos para testear esta premisa. Les ofrecieron a estudiantes de universidades de elite participar de una actividad cuyo resultado dependía de sus decisiones y las decisiones de otros. Según lo que cada uno hacía y la agregación social de estas acciones, se establecían los pagos de cada participante. Las reglas de este juego daban un fuerte incentivo a decidir algo bueno individualmente, pero que era malo para el conjunto. La acumulación de decisiones malas para el grupo generaba finalmente para cada jugador un pago menor al que hubieran recibido en caso de lograr socialmente cooperar. Luego les ofrecían asumir un costo correspondiente a una parte de las ganancias potenciales por cambiar de actividad e ir a otra cuyas reglas alineaban los intereses individuales con los grupales. En esta nueva actividad lo que era mejor para cada uno de ellos por separado también lo era para el conjunto de participantes. La mayoría prefirió no pagar este “impuesto” y seguir en el juego malo. Prefirió eludir el impacto directo y renunciar por esta vía a interacciones sociales con el potencial de encauzar su mini-sociedad.

Una aplicación de esta situación fueron los subsidios sobre las tarifas públicas de la administración Kirchner. Esta política fue un pequeño dulce para cada hogar, cuyo costo fue un mal social mayor a través de insuficientes inversiones posteriores y las consiguientes reducciones en calidad de servicio. Otro ejemplo fue la sobreabundancia de transferencias económicas sin contrapartida. Bajo el razonable rol de protección social del Estado, se pueden traspasar todos los límites y generar por esta y otras vías, incrementos en el gasto público que no son financiables con los únicos medios genuinos: los impuestos.

En ausencia de una correspondencia entre ingresos y gastos fiscales de muy larga data, Argentina ha tenido una historia oscilante en la que, en unos períodos este hueco se financió con emisión monetaria y en otros, se financió con emisión de deuda. Ambos senderos terminaron mal, muy mal.

Los abusos de la emisión monetaria pasan por una etapa intermedia en la que, jugando a la heterodoxia, inventan variantes de controles de precios que no traen más que desabastecimiento e informalidad. La estación final se llama inflación descontrolada.

El otro camino es la emisión de deuda y nueva deuda para cubrir la anterior deuda, junto con los nuevos huecos que se generan. Mientras la economía crece, el stock adeudado no parece problemático. Cuando cambia la fase del ciclo económico (y cambia, siempre cambia) se entra en recesión y se dificulta el acceso a los mercados financieros internacionales, con lo que las condiciones crediticias recrudecen. Justo ahí se abren dos caminos: o se hace a la fuerza —y de la peor manera— el ajuste que no se hizo antes, o se termina en un incumplimiento en los pagos de las obligaciones asumidas.

La visión parcial de los efectos de las políticas lleva a que los votantes prefieran mantener considerables déficit fiscales monetizados con emisión de dinero, siempre que no se vean afectados por mayores impuestos inmediatos. Se pierde de vista que la expansión monetaria generará inflación y afectará el poder adquisitivo de cada uno de los pobladores. Similarmente, pueden festejar en la plaza pública un default sobre la deuda, bajo la aparente tranquilidad que no es a ellos a quienes no les pagan, sin considerar que el cerramiento al mundo y la falta de respeto a los contratos reducirán drásticamente las inversiones requeridas para los emprendimientos donde estos votantes quisieran buscar empleos de calidad.

Los candidatos electorales que lideran sus respectivas colectividades son oferentes de alternativas políticas y los votantes somos demandantes de estas opciones. En los mercados de bienes y servicios cada uno puede adquirir el par de zapatos del color, modelo y calidad que quiere. Lo lleva para su casa y lo disfruta o lo padece. En política no hay adquisición individual. Si los actores principales de la vida política entran en el juego irresponsable de ofrendar pequeñas vituallas por aquí y por allí sin que se incorpore al proceso de decisión sus efectos globales, el futuro no es promisorio. Con la esperanza de que Uruguay no es Argentina, nos vemos en las urnas.