OPINIÓN

El Uruguay post dictadura parece haber llegado a algunos consensos básicos. Uno de ellos, quizás el principal, fue la jerarquización de la estabilidad macroeconómica como condición necesaria para el desarrollo económico. Ya nadie discute públicamente que es importante tener controlada la inflación y el déficit fiscal. Pero no fueron solo palabras: a partir de la década del ´90, estas dos variables tuvieron un comportamiento bastante más moderado que en décadas anteriores. Nos acostumbramos a una inflación menor de 10% y a un déficit fiscal que estuvo bastante más años por debajo que por encima del 2% del PIB.

No tengo dudas de que una parte del logro de vivir en un país más rico, abierto y con menos pobreza que a la salida de la dictadura, fue gracias a haber tenido una economía más estable. No es casualidad que hayamos aprovechado la bonanza de 2004 a 2014 de mucho mejor forma que Argentina, por ejemplo. Entre otras diferencias con nuestros vecinos, está el hecho de no haber vuelto sobre algunos errores del pasado.

Sin embargo, esos consensos enfrentan desafíos por, al menos, dos razones. Primero, existen algunos de los consensos que parecen estarse resquebrajando o al menos crujiendo. En este 2020 tendremos la inflación más alta desde el 2002 y el mayor déficit desde finales de los ´80. Si bien el consenso discursivo de la importancia de estas cosas no parece haberse roto, el pasado gobierno fue ineficaz en su intento por encaminar algunas variables, todo esto antes de la llegada del COVID-19.

En segundo lugar, la economía actual es mucho más exigente en cuanto a la institucionalidad que requiere. A principios del siglo XX entendíamos por buenas instituciones el hecho de contar con derechos de propiedad claros y separación de poderes. Luego se agregó la estabilidad macro. Hoy en día se requieren arreglos modernos y eficientes en materia de regulación, promoción de la ciencia y la tecnología, así como una evaluación del impacto de las políticas para considerar que se tiene una institucionalidad pro desarrollo. La economía global brinda cada vez más oportunidades para todo tipo de países, pero también requiere de arreglos más complejos para ser parte de ella. En ese sentido, enfrentar el riesgo de volver sobre ciertos errores del pasado requerirá esta vez soluciones probablemente más complejas, entre otras cosas, implica entender que no se trata solo de esperar un comportamiento adecuado de los gobernantes de turno, sino de construir una institucionalidad adecuada que no dependa tanto de las personas.

El pasado jueves 21 de mayo, el Centro de Estudios para el Desarrollo y Pharos presentaron un trabajo titulado “Fiscalidad y Ciclo Presupuestal en Uruguay: lecciones, desafíos y recomendaciones”. En la publicación trabajamos varios economistas y se presentó un análisis de la historia fiscal de nuestro país. La gran virtud del trabajo fue reunir y sistematizar una cantidad de literatura y aportes que estaban dispersos sobre el tema, hay varias ideas y recomendaciones interesantes para solidificar esos consensos que están crujiendo y seguir avanzando.

En particular quisiera destacar tres ideas presentes en el trabajo. Primero, el gran aumento de la presión fiscal equivalente desde 2004 llegando a más del 35% en 2018. Esto nos pone a la cabeza de América Latina y el Caribe con un 10% más que la media de la región. Naturalmente esta tendencia no es sostenible y, más allá de la compleja y no lineal relación entre tamaño del Estado y prosperidad, parece claro aquello que en 2018 señaló el entonces Ministro Danilo Astori: “el país no resiste un aumento de la carga tributaria, sobre todo si queremos estimular la inversión productiva”.

Segundo tema, y menos intuitivo, el trabajo muestra evidentes falencias en el ciclo presupuestal. En particular es clave reducir la fragmentación del proceso presupuestal y empoderar más al Poder Ejecutivo. También se debe mejorar el reglado y su institucionalidad. Se trata de un tema más árido, pero tener un proceso presupuestal más prolijo deriva en un gasto público más eficiente y en prioridades definidas de acuerdo a las preferencias expresadas en las urnas y no por la capacidad de lobby.

Finalmente el trabajo retoma la idea de establecer una verdadera regla fiscal. El tope de endeudamiento que supuestamente iba a tener este rol fracasó estrepitosamente. En el trabajo se discute un límite al aumento del gasto corriente según la evolución tendencial del PBI. La solución específica puede ser otra, pero es necesario avanzar decididamente en este sentido, aprovechando la voluntad política existente.

Es aburrido y no tiene ninguna épica pero la estabilidad macro, y en particular la sostenibilidad fiscal, siguen siendo condición necesaria para el desarrollo de los países. El trabajo presentado muestra lecciones valiosas de la historia y algunas pistas de por dónde es necesario avanzar. Le toca ahora al gobierno poner manos a la obra.

(*) Director Académico del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED).