Cuesta creer que el intervencionismo, el deseo de defender a la gente de sus propias decisiones libres, pueda seguir avanzando en el MGAP, en su política de protección del suelo y de desprotección de derechos esenciales. Es conocida mi posición favorable a la gestión del MGAP, en el sentido de difundir una mayor toma de conciencia del cuidado del suelo; y opuesta, por razones económicas pero sobre todo de derechos, a la forma de implementar esta política, que supone transferir al Estado un área de decisión privada. Pedir permiso al gobierno acerca de lo que se puede plantar dentro del campo propio, poner el cuidado del suelo por encima de todo otro valor, son simplemente abusos de los que la historia registra muchos y que terminan siempre mal.

En este caso no hay duda que cuando el gobierno quiera que alguien plante lo que resulta un absurdo económico, o que le dé prioridad al cuidado del suelo por sobre otros valores más relevantes, simplemente se va a desconocer esa obligación, a menos que se la imponga con controles cada vez más severos y soviéticos. Si alguien quiere correr un riesgo medido en su suelo plantando por ejemplo soja, para intentar pagar el posgrado de su hijo o el tratamiento oncológico de su mujer, y el gobierno se lo prohibiera para hacerle cuidar su suelo, estaríamos ante un avasallamiento tan burdo como ridículo. Peor aún; por poner como obligatorio lo que debió ser una convicción, cuando los precios sean como lo que ahora son, esta política no se va a cumplir o, en su caso, colaborará a la reducción del área agrícola. Da pena, además, cuando todo el esfuerzo por difundir una herramienta bastante buena — los planes de uso y manejo— se contaminó con su condición obligatoria que es lo objetable, y hará que esos planes sean al final como tantas recetas y certificados, solo de papel.

En esta línea, se introdujo una severa obligación, otro permiso previo para trabajar; insólito. Según el artículo 154 de la rendición de cuentas de 2011, se faculta a diversas direcciones del MGAP a registrar, controlar y auditar toda clase de laboratorios, para cuidar mejor no se explica muy bien qué, puras categorías genéricas. Luego, en el artículo 128 de la Rendición de Cuentas siguiente se incluyeron las penas que pueden llegar a impedir trabajar, que se establecerán a los laboratorios que no cumplan con los requisitos de habilitación. Ahora se le está dando plazo a entidades tan peligrosas como los laboratorios de análisis de suelos, para registrarse y cumplir con requisitos que por otra parte no los establece ninguna norma jurídica sino la voluntad discrecional del MGAP. Un comunicado que debió ser escrito por una mente muy cerrada, establece que los laboratorios deberán registrarse aportando la información que se les solicite. No repara en ningún tipo de información, sino que deja impúdicamente en claro que será la que les parezca. Es como la frutilla de la torta de un enfoque de política agrícola viejo y superado en el mundo, el de la planificación centralizada de toda la actividad agropecuaria. No es como señala con ingenuidad pasmosa la crónica cuando pone en párrafo áulico: Uruguay es un ejemplo en el mundo por la puesta en marcha de esta herramienta que busca frenar el avance de la erosión, principalmente frente a una agricultura granelera y una lechería que no ha parado de crecer en las últimas décadas. El párrafo está todo mal; por supuesto Uruguay no es ejemplo sino que es único, lo que no debe confundirse con ejemplar. Y vincular la erosión con agricultura y lechería sin más, es un grave error.

El gobierno, que cree saber de todo —en este caso cuál es el mejor modo de gestionar un laboratorio de suelos— vuelve a optar por la condición imperativa de su política. Podría haber hecho otra cosa. Por ejemplo, dar una certificación voluntaria de calidad a los laboratorios que la desearan, que la pudieran poner en valor al cobrar sus trabajos. Lo que hay que rechazar es la restricción absoluta a la libertad de trabajo resuelta de modo discrecional, y decidida ni siquiera por algún representante legítimo de la sociedad sino por un funcionario. Quizás la política de cuidado del suelo reciba el aplauso de entidades que tienen que ver con el suelo, como la FAO o la fundación Lolita Rubial. Pero seguirá recibiendo el rechazo de quienes pensamos que el cuidado del suelo no es el fin último de la sociedad, ni el primero, ni el más importante. Por tanto no pueden en su nombre sacrificarse otros valores como el derecho de elegir en qué trabajar o qué producir. Que cuidar el suelo o cualquier otro recurso hay que procurarlo en armonía con la libertad de la gente que no es tonta. Y que un laboratorio debe poder hacer los análisis que mejor le parezca.

No se pueden aceptar límites a la libertad desde la más completa discrecionalidad, lo que supone un grave deterioro institucional que se contagia y mucho, ya que la gente cree que trabajar es un derecho que el Estado le concede, cuando es exactamente al revés.

JULIO PREVE FOLLE