OPINIÓN

La decisión del gobierno de decretar la intervención de Vincetin, una empresa que está en proceso de convocatoria de acreedores muestra la inseguridad jurídica en que ha caído la Argentina y las escasas chances que tenemos de salir de esta larga decadencia si no se afianzan los derechos de propiedad.

En primer lugar, hay que resaltar que más allá de si Vicentin hizo maniobras fraudulentas o simplemente torpeza empresarial, es un tema que tiene que resolver la Justicia. Si Vicentin está en convocatoria de acreedores, hay un síndico nombrado por el Juez. Y si no se llega a buen puerto con la convocatoria y no aparece ningún comprador, entonces se producirá la quiebra. Pero en ningún momento es atribución del Poder Ejecutivo nombrar un interventor en la empresa.

El problema de Vicentin es un problema empresarial que no debería pasar a mayores. El problema toma volumen cuando el Ejecutivo se toma derechos que no le corresponden y atropella a otros poderes.

Ni que hablar de la expropiación de la empresa, dado que no existe causal para que se expropie una empresa de esas características. Dice el artículo 17 de la Constitución Nacional: La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.”

Aquí no se ve causa de utilidad pública para expropiar una empresa de estas características. Podría expropiarse una parte de un campo para construir o ampliar una ruta, pero no se ven los motivos de utilidad pública en un conglomerado de empresas que producen bienes transables.

En definitiva, este comportamiento del Ejecutivo afirma las señales de que invertir en Argentina es sumamente riesgoso porque no están afianzados los derechos de propiedad.

Pero lo más ridículo de todo es que Vicentin está en convocatoria de acreedores y viene el Estado, que también está en convocatoria de acreedores negociando no caer en default, a decir que va a salvar a Vincentin. Un concursado quiere salvar a otro concursado. Yo diría, un quebrado pretende salvar a otro quebrado.

Mientras estamos debatiendo si el Poder Ejecutivo puede intervenir una empresa y pedir su expropiación y, al mismo tiempo, el gobierno endurece la cuarentena violando el artículo 14 de la Constitución Nacional, la economía sigue en caída libre.

En efecto, la estricta cuarentena empieza a mostrar su impacto sobre el nivel de actividad. En abril, primer mes completo de cuarentena, la actividad industrial cayó el 33,5% con relación a abril de 2019, habiendo caído en abril del año pasado otro 8,9% respecto a abril de 2018, justo el mes anterior a que se desatara la crisis cambiaria y la recesión.

En abril, la industria trabajó, en promedio, al 42% de su capacidad instalada con sectores como el automotriz o productos del tabaco que directamente no trabajaron nada. La industrial textil fue otra de las fuertemente golpeadas. Desde que se hizo la nueva serie de utilización de la capacidad instalada, luego de la recuperación del Indec en la época de Moreno, es el nivel más bajo de utilización de la capacidad instalada.

Para tener una idea, en enero de 2002, uno de los peores momentos de la crisis, la industria trabajó al 48% de la capacidad instalada. Es decir, ahora está por debajo de ese nivel de un momento crítico de nuestra historia económica como fue el verano de 2002.

Por el lado de la construcción la caída fue del 75,6% interanual en abril, comparado con abril de 2019 que ya había caído 7,6% con relación a abril de 2018. En otras palabras, los niveles de destrucción económica a los que estamos asistiendo son realmente alarmantes.

Los datos oficiales del Ministerio de Trabajo sobre ocupación en blanco muestran una caída en marzo respecto a febrero de 117.900 puestos de trabajo.

La caída en la actividad económica se traduce en una fenomenal baja de la recaudación tributaria combinada con un aumento del gasto público que dispara el déficit fiscal, el cual se cubre con una fuerte expansión monetaria.

En abril, los ingresos tributarios del tesoro sumaron $ 271.175 millones y la emisión monetaria para financiar el gasto fue de $ 310.000 millones.

En mayo, los ingresos tributarios fueron $ 324.673 millones y la emisión monetaria que hizo el Banco Central para financiar al tesoro fue de $ 430.000 millones. Es decir, la emisión monetaria se ha transformado en la principal fuente de financiamiento del tesoro.

Además, el gobierno va por el cuarto o quinto ultimátum en la negociación de la deuda pública. Sobre este tema insisto en un punto fundamental: la solución del problema de la deuda solo será posible si previamente se soluciona el problema que llevó a endeudarse. Y la causa que llevó a endeudarse es consecuencia del aumento del gasto público que genera un déficit fiscal que se cubre con deuda pública. Mientras no se resuelva el problema que llevó al endeudamiento, el problema de la deuda reaparecerá sistemáticamente.

En síntesis, hoy impera la inseguridad jurídica para los inversores, estamos en default, el Estado con un fenomenal déficit fiscal e inflación reprimida (congelamiento de las tarifas de los servicios públicos, precios máximos, tipo de cambio pisado, etc.) junto con una histórica caída del nivel de actividad. El horizonte marca que nos dirigimos a una crisis económica, social y tal vez política con derivaciones inciertas.

Es casi inevitable que, si siguen estás condiciones de política económica e inseguridad jurídica, terminemos en una inflación de tres dígitos anuales y un importante aumento del tipo de cambio, tal vez antes de fin de año.