Es lógico que las nuevas medidas de política fiscal den para hablar más en contra que a favor de ellas. Es que se vuelve a tocar el bolsillo de los contribuyentes. Pero la opinión no es unánime.

Están por un lado quienes no admiten que el ajuste recaiga sobre quienes ya pagan tributos altos y reclaman que golpee más a la ineficiencia estatal, al gasto público, incluido el gasto en personal. Por otro lado están los que no opinan o porque nunca llegan ellos a ser contribuyente, o porque pueden estar recibiendo más sin contrapartida o, sencillamente, porque no entienden de qué se trata. Están otros, cercanos al gobierno que hacen hincapié en la distribución del ingreso o de la riqueza y cantan el estribillo "que pague más el que tiene más". La razón es de los primeros; por varios motivos, algunos de justicia distributiva y otros macroeconómicos.

En nuestro país la presión fiscal es alta cuando se suman los tributos nacionales, los municipales y los cuasi tributos. Los primeros comprenden un conjunto de impuestos que gravan en algunos casos la misma base imponible. El impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF) grava al ingreso de numerosos trabajadores. El ingreso disponible luego de ese tributo se debe usar para pagar otros impuestos como el impuesto al valor agregado, el impuesto al patrimonio, el impuesto de primaria y otros circunstanciales nacionales como —no es el único—, el impuesto a las transacciones patrimoniales. Parte del saldo del ingreso neto de esos impuestos se usa para el pago de cuasi tributos como los que se cargan sin la anuencia parlamentaria en las tarifas públicas: en el precio de los combustibles y en los de la electricidad y del agua —estos sobredimensionados por el "afane" de energía a UTE y de agua a OSE e incluso en la ineficiencia de esta última para arreglar pérdidas evitar el desperdicio—. Y luego, "last but not least", parte del saldo remanente los gravan los tributos comunales si se tiene un auto —patente de rodados— y una casa —contribución inmobiliaria—. Ni qué decir que con el impuesto al patrimonio se vuelve a gravar, por segunda vez, a la renta neta que quedó luego de ser gravada, ¿o acaso el patrimonio no es la acumulación a lo largo del tiempo de los remanentes de salarios y otros ingresos ya gravados y no gastados? En la base imponible del impuesto al patrimonio ya está considerado el valor de los inmuebles —que se vuelve a gravar con el impuesto de primaria y con la contribución inmobiliaria—, y también el valor de los vehículos —ya gravados por la patente de rodados—, y de los ahorros financieros, que ya tributaron cuando se generaron con los excesos de remuneraciones y otros ingresos que también ya tributaron. Algo chocante es además, que, dado que la base imponible sobre la que se grava en el país es relativamente baja, las tasas —o alícuotas— de los impuestos deben ser altas. No debemos olvidarnos que lo recaudado —que incluye además lo generado por otros gravámenes como el impuesto a las rentas de las actividades económicas (IRAE)— es para mantener la pesada carga estatal. La que piensan los que más están pagando, que es la que se debe atenuar.

Tan solo el gasto del gobierno central es 32% de la producción de bienes y de servicios de nuestro país. Si agregamos el gasto de gobiernos departamentales y el innecesario de las empresas públicas es seguro que sea no menos de 37-38% de la producción de bienes y de servicios. Sin dudas una magnitud que, como señalara hace unas semanas en una columna en El País el ex presidente Julio María Sanguinetti, refleja más Estado para brindar menos Estado a la población —menos servicios como educación, salud, seguridad y otros mínimos, o limpieza, alumbrado, saneamiento y adecuada movilidad en vías de tránsito—. Y tanto a los contribuyentes como a los free riders.

Es tarde para el lamento por lo que no se hizo —ahorrar— cuando se pudo, por el espacio fiscal que se abriera entonces. Tal vez los que no lo hicieron paguen por ello algún día. Hoy hay que llenar el espacio que naturalmente no se abre.

Pero teniendo presente que ello se sentirá y entonces veremos que el objetivo distributivo caerá por su propio peso porque hay leyes en la economía, como la de Laffer, que son inexorables: más presión fiscal puede terminar en menor recaudación porque los incentivos a consumir e invertir se contraen y con ellos la producción y las ventas y porque, asimismo, el incentivo a eludir y a evadir es mayor.

El ajuste fiscal —hecho tan inaceptable como repudiable en el pasado por las fuerzas neomarxistas y hoy aceptable sin recato por ellas— debe ser continuado por una revisión desapasionada y objetiva del sistema tributario uruguayo para hacerlo más racional, con menor costo social y con transferencias de ingresos que no desestimulen al trabajo de los que las reciben ni el de los que generan los recursos para que ellas se realicen. Y ha llegado también el momento de la supresión de las erogaciones provocadas por ineficiencias laborales o de gastos, el cierre en el sector público de actividades improductivas y de las que no agreguen valor al funcionamiento de la economía y de la sociedad y, por qué no, librar a la competencia a los monopolios públicos injustificados.

Jorge Caumont