En una columna pasada argumenté que sería deseable que se ofrezca en forma pública y centralizada información sobre durabilidad promedio de las carreras universitarias, empleo e ingresos post-graduación. En esta nota argumento la conveniencia que se ofrezca información sobre instituciones de educación primaria y secundaria.

Somos conscientes de que el sistema educativo está en crisis. Asimismo, sabemos que los sectores de menores ingresos son los más afectados. Según el Anuario 2015 del MEC, un 38% de los jóvenes entre 21 y 22 años culminaron sus estudios secundarios (educación media superior). El desglose de este estadístico por niveles de ingreso da miedo. Mientras en el quintil de ingresos superior un 72% termina secundaria, tan sólo lo hace un 36% del tercer quintil (el medio) y un mero 11% del quintil más pobre.

El INE clasifica los hogares de Montevideo según estrato socio económico bajo, medio-bajo, medio, medio-alto y alto. El 11% y 21% de los estudiantes de primaria de estrato bajo y medio-bajo asisten a instituciones privadas. Optan por escuelas privadas un 32% de los estudiantes de estrato medio, un 56% del estrato medio-alto y un 82% del estrato alto. En secundaria es similar. El porcentaje de asistencia a liceos privados según estratos es: 10%, 15%, 30%, 55% y 87% respectivamente.

Destaco dos hechos. La asistencia a instituciones privadas está asociada al nivel de ingreso de los hogares. Un porcentaje relevante de padres de sectores de ingresos bajos y medios toman esta opción para sus hijos a pesar de tener una opción gratuita disponible.

La reglamentación de ANEP establece que los niños deben asistir a la institución que les corresponde según su domicilio. Esto es un tema cuestionable en sí mismo que espero abordar en una nota futura. Aceptando la reglamentación vigente, los padres en realidad deciden entre la institución pública "que les toca" y las opciones privadas que deseen. ¿Qué se sabe de la calidad de la enseñanza que prestan las escuelas primarias y secundarias privadas? ¿Es mejor que la que ofrecen las instituciones públicas? ¿Se justifica la inversión en una escuela o liceo privada?

En un mercado hay información asimétrica cuando hay diferencias en lo que oferentes y demandantes conocen sobre el bien o servicio en cuestión. Esta asimetría conduce a que se tomen decisiones sub-óptimas y se produzca un resultado social y económicamente ineficiente. Los economistas lo llamamos un fallo de mercado.

Esto sucede en muchos mercados. También en el mundo de las instituciones educativas. Las autoridades conocen las fortalezas y debilidades de sus centros mejor que los padres que deben elegir donde enviar a sus hijos. Más allá de los programas comunes, el servicio educativo de las distintas instituciones no es homogéneo. Los problemas de inasistencias docentes, cantidad de estudiantes por clase, ambiente educativo son sólo algunas de las dimensiones en las que las escuelas y liceos del país difieren.

¿Qué sucedería en un mundo con más información? Los padres podrían considerar de mejor manera sus opciones. Podrían decidir si vale la pena pagar por una u otra institución privada o si es más conveniente la institución pública del barrio. Del otro lado, los directores de centros con mejores resultados verían reconocidos sus méritos. Los centros con mayores problemas tendrían una menor cantidad de estudiantes. A más estudiantes en mejores centros, en promedio, el país tendría una mejor educación. El nivel de competencia entre institutos (tanto públicos como privados) aumentaría y se potenciaría un flujo de estudiantes hacia donde mejor se atiendan sus necesidades.

Además del sector educativo, la salud y el sector de las aseguradoras previsionales son mercados caracterizados por información asimétrica. Veamos un ejemplo para cada sector.

En Chile existe una página web (mifuturo.cl) que procura informar sobre opciones universitarias. Este programa, dependiente del Ministerio de Educación, ofrece para las distintas carreras y universidades temas claves como el porcentaje de alumnos que abandona al cabo de un año o el tiempo que demoran en promedio los graduados en completar sus estudios.

Nuestro Ministerio de Salud Pública generó una página web (autoservicio.uy) que ofrece información por institución sobre tiempos de espera para distintas especialidades médicas, costos de tickets, estudios, etc. Plenamente compartible, el MSP deja un mensaje referente a los prestadores de salud del país: "compara sus indicadores y toma una decisión informada".

La ley 16.713 de 1995 que crea el actual régimen previsional mixto establece que las AFAP "deberán mantener en sus oficinas, en un lugar claramente visible para el público, como mínimo, la siguiente información escrita y actualizada" y luego detalla lo que se debe informar. Asimismo, establece que como mínimo cada seis meses se deberá enviar a los afiliados a sus domicilios información sobre comisiones y rentabilidad propia y del promedio del sistema.

En conclusión, la consigna para primaria y secundaria debería de ser sencilla. Informar para que quienes deben decidir sobre sus hijos lo hagan de la mejor manera. ¿Es esto posible? Si, por supuesto. Las autoridades públicas tienen los datos requeridos y no ofrece ninguna complejidad técnica su procesamiento. ¿Por qué no procurar más transparencia y un proceso de decisión más eficiente?

NÉSTOR GANDELMAN