OPINIÓN

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Fue el lunes 18 de abril. Cuando había retornado el último ciclista y el Uruguay se aprestaba a comenzar “su” año. Aunque esta vez, con un referéndum el 27 de marzo, la modorra que suele transcurrir entre Navidad y Semana Santa se había visto agitada.

Referéndum en el cual el gobierno había ganado lo que desde el principio se consideró en esta columna como una midterm election. El gobierno salió airoso de esa instancia, en un mundo en el que los gobiernos las están perdiendo, así como las elecciones lisas y llanas.

Esperaba que, tras ese hito, el gobierno tomara impulso y acometiera las reformas que se ha planteado, así como el mantenimiento del rumbo en las políticas de corto plazo. De modo que la segunda mitad del período fuera tiempo útil para avanzar en ambos frentes antes de que los tiempos electorales hicieran mover el foco. Sigo esperando y creyendo en que así será.

Pero ese lunes no ocurrió eso. El gobierno decidió flexibilizar las políticas fiscal y salarial, con el argumento de la guerra. Y desde ya digo que fue más seria la señal que la sustancia de los anuncios. Éstos incluyeron adelantos de aumentos en salarios públicos y pasividades, a cuenta de los de enero. Y en materia de salarios privados, se planteó adelantar los aumentos por recuperación que estaban previstos para más adelante.

El argumento de la guerra no es contundente ni mucho menos. En nuestro país la inflación se ha acelerado bastante menos que en la mayoría y mucho menos todavía si se considera la inflación subyacente. Nuestra inflación actual y sus causas son sustancialmente las mismas que hemos tenido por años, con aquella oscilando mayoritariamente entre 7% y 9% y visitando de a ratos a la meta y de a ratos a los dos dígitos.

Eso no implica desconocer que existe un shock imprevisto de precios de origen exógeno y que en algo contribuyó a su aceleración reciente. Shock que le cae muy mal a convenios salariales no diseñados para enfrentarlo.

Aun siendo transitorio, porque la indexación, que es esencial a esos convenios, lo incorpora de manera permanente. Adelantar aumentos por recuperación en este contexto implica echar más leña al fuego en lo que a la inflación se refiere, en sí misma y más por las expectativas sobre ella.

Lo más serio fue la señal contradictoria con el objetivo del gobierno en materia de inflación, que tiene como meta llegar a 3,7% en 2024. El 7 de abril el BCU volvió a subir la tasa de política monetaria con el fin de contribuir a que las expectativas de los agentes económicos se moderaran y convergieran hacia las oficiales. El lunes 18 el gobierno dio la señal opuesta.

La inflación no sólo es cuestión del BCU y su política monetaria, sino que depende de la consistencia entre esa política y las políticas fiscal y salarial.

Mis expectativas se forman mucho más con éstas que con aquella, dado el pobre poder que le asigno a la política monetaria en nuestro país, donde la principal moneda no es la propia.

¿Por qué ocurrió lo del lunes 18? Dada la contradicción en que incurrió el gobierno y visto el débil argumento de la guerra, me cuesta encontrar la respuesta en la economía. Por el contrario, creo que ella está en la política.

Creo que está centrada en la necesidad de mantener cohesionada a una coalición a cuyos integrantes une más el espanto (al adversario electoral común) que el amor (a una misma filosofía, a las mismas ideas), por aludir una vez más a la célebre cita de Borges, y que venían acumulando planteos de flexibilización en las políticas económicas.

Hace casi un año, el 17 de mayo de 2021, titulaba mi columna: “Inflación: ¿por qué esta vez sí?”. El mes anterior la variación interanual del IPC había sido de 6,8% y por lo tanto había ingresado en el rango objetivo del BCU (5% más y menos 2%). Sin embargo, la inflación subyacente estaba en 7,8% y las expectativas de economistas y empresarios también estaban por encima de las metas oficiales en el horizonte de 24 meses de la política monetaria.

En aquella columna me preguntaba: “¿por qué esta vez se debe creer que la inflación bajará a niveles “normales” y que las metas se cumplirán?”.

Señalaba que para dar con la respuesta se debía estar más atentos a lo que ocurriría con las negociaciones salariales que a lo que fuera a hacer el BCU.

Expresaba preocupación acerca de que se quisiera “forzar” la inflación a la baja independientemente de lo que ocurriera con las otras políticas.

Terminaba señalando que, si se pretendiera que sólo cinchara la política monetaria, iríamos a ver una nueva temporada de una serie conocida, cuyo final sabemos muy bien.

En definitiva, manifestaba mi escepticismo con la posibilidad de que la inflación esta vez sí bajara a los niveles previstos (3,7% en 2024) y alertaba sobre los riesgos de repetir experiencias anti inflacionarias centradas sólo en el BCU, fracasadas en reiteración real.

Un año después, ha cambiado algo el título de mi columna. Ahora la duda se ha vuelto certeza. La inflación no alcanzará las magnitudes previstas por este gobierno y, en todo caso, terminará el quinquenio más cerca de los dos dígitos que de la meta señalada.

Pero el título de esta columna no sólo es positivo (lo que creo que ocurrirá) sino también normativo (lo que creo que debería ocurrir). No sólo no va a bajar la inflación como ha planteado el gobierno, sino que no sería conveniente que bajara en los términos planteados, abusando de una política monetaria débil y con las otras mandando señales opuestas a ella.