OPINIÓN

El 2021 presenta varios desafíos para el gobierno, dado que en este año electoral las restricciones económicas son y serán importantes. Uno de esos desafíos es evitar que la tasa de inflación se le dispare en el medio de la campaña electoral.

Cuando se observa la evolución mensual de la tasa anualizada, el gobierno puede ufanarse de estar en un proceso de disminución de la inflación, sin embargo, cuando esas disminuciones están basadas en artificios, en algún momento se produce la reversión.

Si tomamos la inflación de los últimos 12 meses, el 2020 termina con una inflación del 36,1% comparando diciembre de 2020 con diciembre de 2019. El gobierno festeja porque dice que bajó la inflación 18 puntos porcentuales con que terminó el mandato Macri. Diciembre de 2019 versus diciembre de 2018 terminó con una inflación el 52,8%.

Sin embargo, el gobierno actual termina el año con una inflación del 4% mensual en diciembre, piso que se consolida. Venía con una inflación del 1,5% mensual, luego escaló a una inflación del 2,8% mensual y termina el último trimestre con una inflación mensual del 4%, octubre y noviembre estuvieron en el 3,8% y 3,2% respectivamente.

Si se mantiene esta tendencia inflacionaria del 4% mensual, el 2021 terminaría con una inflación anual del 60%, superando la inflación de Macri. Y atención, que ahora hay una inflación del 4% mensual pero con las tarifas de los servicios públicos congeladas y varios precios controlados.

El otro punto a considerar es que si uno observa los distintos rubros del IPC para Capital Federal y el Gran Buenos, Alimentos y Bebidas subió 38,4%, pero, por ejemplo, Frutas creció 64,4%, Verduras 58%, Carnes y Derivados, 56,9%.

Otros sub rubros de alimentos como Gaseosas, lácteos o pan tienen aumentos que varían entre el 22 y el 26%.

Es decir, el IPC aumentó menos que la expansión monetaria, porque hay precios controlados y tarifas de los servicios públicos pisados.

No es casualidad que pocas horas antes que fuera informado por el Indec el IPC de diciembre, la diputada ultra K, Fernanda Vallejos, del Frente Para Todos, dijera que Argentina tiene la “maldición” de exportar alimentos porque están a precios internacionales y como los salarios de la gente están en pesos, un aumento de esos precios internacionales perjudica al trabajador.

En primer lugar, supongamos que Argentina no tuviera la “maldición” de producir y exportar alimentos, obviamente, como la gente tiene que comer, tendría que importarse alimentos. ¿A qué precios imagina la diputada Vallejos que se importarían los malditos alimentos? ¿El mundo nos vendería en pesos o cotizarían en dólares al precio internacional?

El segundo punto es el siguiente, ¿es que los alimentos son caros en dólares o es que las políticas populistas que sostiene la diputada y que vienen destruyendo el país desde hace décadas, han generado tal caída del ingreso real de los argentinos que los sueldos no alcanzan para comer porque el estado licúa con inflación los salarios? El problema no es que exportemos alimentos, el problema es que el populismo destroza el ingreso real de la población sumergiéndola en la indigencia. En todo caso, la maldición argentina no es exportar alimentos, sino tener políticos con tan poca formación intelectual.

Ante el desborde inflacionario que está teniendo la economía argentina, fruto del desmadre fiscal como consecuencia del aumento del gasto público, la diputada salió a ensayar un nuevo relato. La culpa de la inflación no la tiene el gobierno, sino la “maldición” de ser productores y exportadores de alimentos. Se sabe que el populismo necesita siempre buscar un enemigo para defender el relato de su épica por la liberación de los pueblos.

En definitiva, un nuevo relato está naciendo, que consiste en afirmar que en Argentina la gente no puede comer porque producimos comida. Algo inédito dentro de la literatura económica.
Semejante relato le costó a Argentina, en el anterior gobierno K, la pérdida de 10 millones de cabezas de ganado vacuno, equivalente a casi US$ 31.000 millones entre 2009 y 2018. Los rodeos no se recomponen tan rápidamente.

En definitiva, el desafío para este año que comienza es ver si el gobierno puede mantener pisados precios y tarifas de los servicios públicos a pesar de no poder controlar la expansión monetaria por el déficit fiscal, una política que va a repetirse este año en curso que, al ser un año electoral, no dará lugar a ninguna baja del gasto público, aunque el kirchnerismo, por más que no haya elecciones, es pro gasto público.

El otro problema que tiene que enfrentar el gobierno tiene que ver con el COVID-19 y las vacunas. Se esperaba que si se empezaba a vacunar en diciembre con las vacunas de Pfizer, hacia el último trimestre de 2021 la pandemia iba a estar más controlada y la actividad económica menos comprometida. El gobierno no consiguió las vacunas de Pfizer y tiene muy pocas vacunas rusas, de dudoso resultado y que requiere de dos dosis. Esto significa que recién empiezan a vacunar y esto va para largo. Así que difícilmente se tenga vacunado al grueso de la población para que, a partir del último trimestre del año la actividad económica, entre en un cauce de mayor normalidad.

Año complicado por el contexto político, una gran impericia económica fruto del populismo y, encima, la pandemia mal manejada. Es un año clave para el kirchnerismo y la oposición. Si el kirchnerismo no tiene un resultado contundente en octubre, no podrá llevar a cabo las reformas que hagan de Argentina una Venezuela. Y para la oposición, el desafío es evitar ese objetivo K.