Opinión

Cada comunidad política sacude en estos meses su habitual somnolencia de cuatro años y medio, elucubrando sobre cómo hacer frente la delicada y lamentable situación fiscal con la que se enfrentará de ser la triunfadora en las elecciones de octubre.

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  ?Cada comunidad política sacude en estos meses su habitual somnolencia de cuatro años y medio, elucubrando sobre cómo hacer frente a la delicada y lamentable situación fiscal con la que se enfrentará de ser la triunfadora en las elecciones de octubre. Algunos piensan que es sencillo: simplemente aumentar impuestos, las tasas de los que ya hay o creando nuevos, sobre todo los que recaen sobre “los que ganan más o tienen más”. Otros piensan que la situación es más complicada y dicen que el ajuste fiscal necesario en una economía que no encuentra la razón para crecer es, “gradualmente”, ir desarmando gastos que son superfluos y hasta vergonzosos, pero que no pueden ser erradicados con políticas de choque o, como dicen los partidarios del aumento de la presión impositiva, usando la “motosierra”. Finalmente, otros piensan que una combinación de aumento de impuestos y baja de gastos, es viable.

Desde 2015 la política fiscal no ha sido consistente con lo que en la etapa electoral previa se prometía por los triunfadores y actuales conductores del país. Por eso es que los resultados no han sido buenos. Y no lo han sido porque solamente se ha trabajado con ajustes tributarios. Nada se ha progresado hacia la promesa de un menor gasto del sector público, al cual, increíble y lamentablemente, desde esferas oficiales se le califica como “endógeno”. Volviendo a hoy —como se puede apreciar—, ninguno de los contendientes tanto del oficialismo como de la oposición, habla de aplicar una política de choque al gasto para reducirlo significativamente en un el breve lapso de dos años. ¿Pero es posible abatir el gasto que genera el déficit para hacerlo tolerable en dos años, alejar el fantasma de la pérdida del grado inversor y brindar un escenario amistoso para la inversión privada, la producción y el empleo?

El gasto público se puede observar desde varios ángulos para concluir hasta dónde se puede ir en su abatimiento. Existe un gasto que es ineficaz para alcanzar el propósito para el cual se realiza. Pero también encontramos que hay otro que es el que, alcanzando el objetivo para el se ha propuesto, lo hace a un costo relativamente más alto que el costo al que podría lograrse. Ese exceso marca su ineficiencia.

El ineficaz. La evidencia muestra que hace ya casi tres lustros que ha habido un gasto que ha sido ineficaz para, en un mundo con bajísima inflación, lograr su objetivo: el abatimiento inflacionario permanente. Considerando solo el último quinquenio, la ineficaz política monetaria del Banco Central ha tenido un costo neto de intereses del orden de los 2.350 millones de dólares, monto algo menor que el del déficit fiscal de los últimos doce meses. Un cambio en el arreglo monetario-cambiario que emplea la autoridad monetaria desde hace ya mucho tiempo, puede reducir significativamente ese gasto que se debe a los intereses que debe pagar en su política de esterilización de liquidez fruto del financiamiento del déficit fiscal. El cambio se lograría con un abatimiento progresivo del exceso de reservas internacionales que es sostenido por el costoso stock de títulos de deuda emitidos por la institución.

El ineficiente. Existen muchas pruebas acerca de que la gestión de las empresas públicas se concreta a un costo significativamente más alto que con el que se podría lograr el mismo o un mejor resultado que el actual. Y eso sin considerar el abatimiento de las transferencias tributarias que hoy realizan, tanto por los impuestos nacionales que se cobran al público en las tarifas como por los cuasi impuestos incluidos en sus altos precios, no votados por el Poder Legislativo y posibles de recaudar por el carácter monopólico de esas instituciones. Sin tomar en cuenta las firmas con vínculos societarios y económicos con las empresas públicas tradicionales en nuestro país, solo teniendo presente y observando lo que ocurre en las tradicionales, no financieras, es inexorable la conclusión que tienen un grado palpable de ineficiencia. Considerando las tres más grandes —Ancap, UTE, Antel— y las menores —OSE, AFE y ANP—, una reducción del gasto del orden del 10% generaría un ahorro en doce meses, de la quinta parte del déficit anual actual del sector público.

Es importante señalar que no solo las empresas públicas tienen ineficiencias para la provisión de bienes y de servicios públicos. También en la gestión de la administración central es posible comprobar que hay servicios que se prestan con costos más altos que los que alcanzarían para lograr los mismos resultados. Bastaría una orden central para realizar un ahorro de 10% del gasto corriente. El ahorro sería mayor al de la supresión de la ineficacia de la política monetaria y al ahorro de la ineficiencia de las empresas públicas y contribuiría al abatimiento del déficit global del sector público. En retribuciones, la contracción derivaría del abatimientos en dotaciones de personal de naturaleza política y en pases a retiro jubilatorio. En compra de bienes y de servicios, provendría de la supresión de erogaciones por contratos con terceros y de otros gastos superfluos, innecesarios en el caso de empresas legalmente monopólicas o con un poder oligopólico y de empresa dominante.

Por otra parte, la reforma jubilatoria es impostergable, pero con la necesidad de un tiempo más extenso para definirla; es lo que incita al “choque” al gasto que es más rápido y posible abatir.