Al día de hoy, 161 países han presentado su Contribución Intencional Nacionalmente Determinada (INDC), cubriendo 90% de las emisiones de gas de efecto invernadero (GEI).

Es así que por primera vez en la historia casi todos los países del mundo implementarán políticas para reducir sus emisiones. Lamentablemente las reducciones resultantes de dichos INDC son insuficientes para mantener el calentamiento global por debajo del objetivo de 2°C: si los INDC se aprueban sin cambios estaremos en una trayectoria que de 3,5°C de calentamiento en 2100 (con más de 66% de probabilidad) según recientes estimaciones de la UNEP. Dada la gran incertidumbre en términos de pérdida de bienestar ligada a los escenarios que superan los 2°C, el acuerdo a firmarse en París en diciembre debe ser más ambicioso que lo previsto por los INDC presentados.

Pero la implementación misma de los INDC es aún incierta: los países en desarrollo han dejado claro en el COP-15, en Copenhagen, que aceptarán restricciones a sus emisiones (lo que implica un costo adicional en su proceso de desarrollo) sólo si los países desarrollados asumen compromisos relativamente más restrictivos dada su contribución a las emisiones históricas, responsables por los niveles de CO2 acumulados en la atmósfera actualmente. Es así que demandan un acuerdo justo y basado en el principio de responsabilidad común pero diferenciada.

Para poder analizar si dicho principio es respetado por los INDC presentados es importante tener elementos de comparación. El cuadro que acompaña esta nota presenta una selección de INDC, donde los países aparecen ordenados por sus contribuciones a las emisiones de GEI, y pone en evidencia las grandes diferencias en la formulación de los INDC que dificultan la comparación.

El INDC más ambicioso es sin lugar a dudas el europeo dado que se compromete a reducir emisiones totales antes de 2030 de 40% con respecto a 1990, año en el que el grado de desarrollo (y por tanto el nivel de emisiones) era mucho menor que en 2005 (año utilizado por Estados Unidos y China). En relación al escenario de referencia, Uruguay se posiciona entre los más ambiciosos del mundo (1990) aunque no lo hace en términos de emisiones totales sino en intensidad del PIB, lo que facilita el cumplimiento. Brasil también parece hacer una propuesta ambiciosa: 37% de reducción (aunque fijando el año de referencia 15 años más tarde en relación a Europa). Por el contrario, México, Argentina y Colombia se posicionan respecto a una trayectoria de crecimiento del PIB sin mitigación (Business-As-Usual en inglés o BAU) lo cual hace que, aunque el porcentaje incondicional parezca tan elevado como el de otros, las reducciones resultantes pueden ser mucho menores dado que se ajustan a la trayectoria proyectada.

En relación a los sectores y gases cubiertos, el Uruguay es original dado que presenta objetivos por gas y por sector en vez de un objetivo global. El sector transporte está implícitamente incluido en el objetivo de 25% de reducción de CO2 en el sector energía ya que está explícitamente incluido en el Plan Nacional de Eficiencia Energética (PNEE) 2015-2024, donde el objetivo es ahorrar 45% de lo consumido en 2012 a lo largo de todo el período 2012-2024. La implementación en relación al sector transporte será un desafío, en particular dado que no se mencionan medidas específicas en relación al transporte público y de cargas (el PNEE menciona la renovación del 8% del parque de vehículos livianos con 30% de taxis y remises y 16% de particulares con fuentes no tradicionales). Este desafío también queda por resolver en muchos países pertenecientes a la Unión Europea (recordemos que es un sector no incluido en el mercado de permisos de polución europeo).

Otra originalidad de Uruguay es que, mientras que otros países de la región proponen reducciones de GEI más elevadas en caso de llegar a un acuerdo global, Uruguay propone reducciones de 40% de CO2 en energía y hasta 68% en intensidad del PIB de CH4 en desechos en caso de recibir "medios de implementación a ser provistos por fuentes externas". Esto implica una condicionalidad en relación a la materialización del Green Climate Fund, en financiamiento y transferencias de tecnología para mitigación y adaptación.

María Eugenia Sanin | Columnista invitada