Jorge Caumont - Economista

Increíble miedo a la libertad

Es regla que, entrar en relaciones internacionales por las que hay que liberar actividades productivas locales sujetas a oferta monopólica, oligopólica o aún en competencia interna, genera la oposición de quienes se benefician de los límites que ponen las barreras al ingreso de la competencia mundial.

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El Pit-Cnt encabezó las movilizaciones en contra del TISA. Foto: A.Colmegna.

Es lo que pasó, pasa y pasará pero, al final, el proceso natural del crecimiento lleva a que se genere la apertura, pues de lo contrario el rezago que sobreviene con el encierro tiene serios costos sociales.

Apertura comercial.

En 1973, las importaciones de bienes estaban prohibidas de hecho o debido a los altísimos y numerosos aranceles que las gravaban, así como a los depósitos de dinero que se debían realizar para poder ingresar al país las mercaderías que solo autorizaba una comisión integrada por funcionarios estatales. Como se puede imaginar el lector que no vivió esa época, la protección nominal o el arancel equivalente a ese conjunto de gravámenes y restricciones podía llevar el valor en depósito de lo importado, a cuatro o más veces el precio en el exterior.

Peor aún era la situación cuando se consideraba la protección efectiva, que es la relación entre lo que debía pagar para ingresar un bien terminado y el valor agregado en el país por parte de los productores locales. La protección al valor agregado podía llegar a tasas increíblemente altas que obviamente tenían beneficiarios dentro del país y que castigaban a los consumidores.

En plena etapa de control de cambios como hoy en Argentina y con precios del petróleo cuadruplicándose durante el primer choque petrolero, se levantó la prohibición de importar y se liberó el mercado de cambios, dos medidas con fines de corto, mediano y largo plazo. La oposición era muy generalizada, y no solo la de quienes eran los productores que enfrentarían mayor competencia, sino también la de quienes trabajaban en las industrias y actividades que se comenzaba a sujetar a la competencia externa. Los consumidores no intuían beneficios y su indiferencia era lo común.

Con el paso del tiempo el sistema de aranceles se fue perfeccionando y reduciendo su peso sin generar problemas ni de empleo ni de cierres de numerosas firmas. Hubo reconversión paulatina a partir de la gradual disminución de la protección arancelaria y los beneficios se fueron captando por quienes se reconvirtieron, y fundamentalmente por los consumidores. Aunque hubo actividades que lógicamente tenían que desaparecer y desaparecieron —algunas volvieron luego a surgir—, el desempleo no fue la consecuencia que se vaticinaba. Difícilmente haya alguien que se oponga a la posibilidad de importar mercaderías libremente y quien desprovisto de razones ideológicas y viendo los resultados de la apertura comercial, no defienda una aún mayor. Sería bueno que, tras más de cuatro décadas desde la decisión de la apertura, alguien justifique sobre la base de los resultados una posición contraria, una que relance el cierre comercial como lo hace nuestro vecino platense.

La otra apertura.

En estos días las discusiones por las negociaciones sobre el Trade in Services Agreement, (TISA), acuerdo sobre el comercio de servicios, se han llevado adelante entre un numeroso grupo de instituciones contrarias al acuerdo, en conjunto con varias facciones políticas de la coalición de gobierno y frente a ellos, un grupo más pequeño perteneciente a la misma coalición y otros sectores de la oposición. De nuevo se plantea la discusión entre los que desean defender un statu quo, en cierto modo sin conocer siquiera el contenido del TISA que se podría aceptar y quienes lógicamente creen en la libertad comercial. El TISA es un acuerdo global para liberalizar el comercio de servicios como telecomunicaciones, financieros, de energía y otros. El país que lo suscriba brindará a los proveedores de servicios de los países firmantes un trato en iguales condiciones que el que le da a los proveedores locales. Sin embargo, cada país puede proteger los servicios que desee estableciéndolos en listas de excepción. Como ejemplo, en el caso de Uruguay se puede proteger el monopolio de la telefonía básica de Antel. O el suministro de agua por parte de OSE, por mencionar otro.

El Poder Ejecutivo dispuso no seguir negociando el TISA. La decisión apunta más a contemplar los reclamos de las facciones internas de la coalición que disienten con la negociación, que al convencimiento que el TISA es inconveniente para Uruguay. Así se pierden las ventajas que traería la libre competencia interna y con participantes externos en la provisión de múltiples servicios que un país pequeño necesariamente debería tener. La competencia aumentaría la oferta de esos servicios y ante una demanda relativamente rígida el precio de esos servicios caería, más personas lo comprarían y aumentarían su bienestar.

No todos ganarían, pero los que mejorarían su bienestar por el comercio más competitivo de servicios serían una proporción mayor de la población que la de los transitoriamente perjudicados. Entre estos debemos contar a los propietarios de las empresas que puedan ser desplazadas por la competencia y a los trabajadores de dichas empresas. Pero la reconversión de ellas podría mantener a los trabajadores que pudieran ser desplazados. La apertura en el comercio de servicios puede mejorar a muchos más de los pocos a los que perjudicaría.

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