OPINIÓN

Es evidente que se espera resolver exitosamente la negociación con los acreedores de la deuda externa para poder avanzar con el presupuesto y otras proyecciones. Sin embargo, pueden inferirse algunos elementos que formarían parte, o bien de los objetivos, o bien de los instrumentos.

Por un lado, el gobierno planteará un sendero fiscal con una escasa mejora en el resultado primario. Como es posible que esa oferta no sea aceptable para los acreedores que no cobrarían nada durante cuatro años, el gobierno deberá buscar fuentes adicionales de recursos. El impuesto inflacionario aparece como el primer candidato, pero ello requiere que se estabilice la demanda de dinero y que el gobierno no sea muy ambicioso con la reducción esperada de la tasa de inflación. A tasas de inflación de 30 o 40% anual, este ingreso no convencional podría aportar alrededor de 2% del PIB y se instrumentaría vía la compra de reservas con emisión.

Esta suma se puede utilizar para reducir un pasivo del BCRA (las Leliq), aumentar un activo (acumular reservas) o para transferir esos dólares al Tesoro para pagar deuda. Esta última variante es la que podría ayudar a aportar algunos fondos adicionales, que hagan más atractiva la oferta de reestructuración de la deuda.

El gobierno ha repetido varias veces que no cree conveniente que haya más ajuste fiscal. Parecería que se entiende que no es razonable reducir el peso del Estado en la economía y que cualquier mejora fiscal debe provenir de la suba de impuestos. Aquí hay un error de diagnóstico: parece confiarse en un Estado grande, independientemente de las distorsiones que genera una elevadísima presión tributaria, cuando la solución pasa por mejorar la eficiencia y reducir el tamaño de un Estado que en los últimos 15 años ha crecido notoriamente en volumen, pero sin que ello haya ayudado a resolver adecuadamente los problemas de equidad o crecimiento económico.

Un segundo problema aparece por el peso desproporcionado que se le da a los acuerdos/controles de precios para reducir la inflación. El fracaso de este tipo de instrumentos en la propia historia argentina o en países, como Venezuela y Zimbabwe, que han mostrado records de inflación mensual a pesar de contar con Estados muy controladores, debería llamar la atención de los políticos argentinos que tienen por costumbre culpar a otros (empresarios o sindicalistas) en lugar de poner el foco en sus decisiones fiscales y monetarias que son las que producen una inflación elevada.

El equipo económico ha insinuado que Argentina necesita expandir sus exportaciones para que el crecimiento sea sustentable. Pero se insiste en gravar en forma creciente a las exportaciones y durante las primeras seis semanas de gobierno, atrasar 5% el tipo de cambio real para ayudar a una reducción en la inflación por uno o dos meses. Hay ciertas cuestiones que se deben tener en cuenta si se pretende que las exportaciones den un salto sin la ayuda de mejores precios de exportación.

• La tarea es mucho más difícil en una economía cerrada a las importaciones. La protección que se da a uno es una desprotección a otro que lo usa como insumo. No es casual que los países con una alta relación exportaciones/PIB también tengan una alta relación de importaciones/PIB.
• La oferta de exportables responde al precio. En otras palabras, la elasticidad de la oferta al precio no es nula. Y, además, es mayor en el mediano plazo que en el corto plazo. Por ello, las retenciones y el atraso cambiario afectan el deseado salto exportador.

• Acuerdos comerciales pueden ayudar a ese salto exportador. La reacción del gobierno al acuerdo Unión Europea–Mercosur es un dato a seguir con atención, sobre todo si nuestros socios comerciales deciden aprovechar la oportunidad, aún al costo de dejar atrás a Argentina.

• La discrecionalidad y la volatilidad en las decisiones públicas afecta negativamente a las exportaciones y a la inversión. Los ciclos de adelanto y atraso cambiario son un ejemplo elocuente, pero causan un daño similar las decisiones arbitrarias que persiguen objetivos de cortísimo plazo sin tener en claro cuál es el horizonte de mediano plazo que tiene el gobierno in mente.

También se ha insinuado que se quiere fomentar el empleo formal. En este sentido, fue positivo que se evitara aumentar las cargas patronales como algunos sostenían en la campaña electoral, pero luego se ha castigado a quienes tienen un empleo formal al achatar las jubilaciones y favorecer a quienes no aportaron en forma regular al sistema público de reparto.

Otro ejemplo de medidas desacertadas, y en este caso aprobada por representantes del gobierno y de la oposición, es la llamada Ley de Góndolas que introduce regulaciones absurdas bajo el supuesto paraguas de promover a las Pymes y a las economías regionales.

En resumen, una renegociación exitosa de la deuda es condición necesaria pero no suficiente para recuperar la economía argentina. Y las restricciones políticas parecen sugerir que se necesitará cobrar impuesto inflacionario por bastante tiempo. De todas maneras, el default tendría peores consecuencias para la sociedad que las de mantener una tasa de inflación elevada (aunque declinante). A su vez, una elevada tasa de inflación sería el costo a pagar por la permanente negación de nuestra dirigencia de recortar el peso del gasto público a un nivel financiable.

Por ello, luego de sortear el test de la deuda aparece el problema de armar un programa económico que brinde el marco adecuado para que la economía pueda desarrollarse a mediano plazo. Y en este punto los incentivos importan. No es auspicioso que el gobierno haya elegido impuestos elevados y regulaciones innecesarias que castigan el empleo formal, las exportaciones, la inversión privada y la tasa de ahorro de la economía.

(*) Economista Jefe de FIEL (Argentina).