OPINIÓN

Incapacitación y disuasión

Desde el trabajo seminal de Gary Becker en 1968, los economistas han iniciado un diálogo con criminólogos —no siempre fructífero— y de esta manera se ha desarrollado el campo de la economía del crimen. La base de la contribución de Becker consiste en el análisis racional de la conducta humana.

Foto: archivo El País
Foto: archivo El País

El potencial criminal evalúa los beneficios que obtendría por tal actividad versus los costos esperados. Estos costos dependerán de la probabilidad de ser apresado y de la severidad de la sanción. En los trabajos empíricos se busca distinguir cómo cada uno de estos componentes opera. En esta nota voy a explicar los efectos clásicos de mayores sentencias y comentaré un trabajo empírico para Uruguay.

Cárcel.

El encarcelamiento produce incapacitación y disuasión. La incapacitación ocurre debido a la reclusión del ofensor bajo el supuesto que, mientras esté confinado, no puede cometer nuevos crímenes. Está incapacitado de delinquir al menos temporalmente. En este sentido, la mayor extensión de las penas debería producir una reducción en el crimen, simplemente por sacar a los delincuentes de la calle.

Distinto es el efecto disuasión que a su vez opera en dos dimensiones: general y específica. La disuasión general es producir los incentivos para que un individuo típico desista de cometer un crimen. En teoría, la mayor probabilidad de ser aprehendido y sentenciado y el mayor tiempo de reclusión asociado al castigo, aumentaría el costo para cualquier persona de cometer un crimen y por esa vía mejoraría la seguridad pública. No hay acuerdo absoluto en los trabajos empíricos internacionales. En general, la evidencia es favorable a que el mayor impacto se genera a través de las probabilidades y no de la longitud de la sentencia.

La otra forma de disuasión, disuasión específica, no opera para toda la población sino a través de la experiencia individual de privación de libertad. Desde un punto de vista teórico, un aumento en los términos de encarcelamiento tiene efectos ambiguos sobre la propensión a reincidir. Por un lado, lo desagradable de la vida de reclusión asociado con el encarcelamiento debería servir como disuasivo para un comportamiento delictivo posterior. Por otro lado, un período más prolongado en un entorno de aprendizaje criminal y la interrupción del relacionamiento con el mercado laboral y estigmatización aumentan la probabilidad de reincidir. Por lo tanto, cuál efecto domina resulta una pregunta empírica. Los resultados internacionales son mixtos. Aún no hay consenso.

Disuasión en menores.

En Uruguay, existe un estudio que realizamos con Ignacio Munyo sobre el efecto del tiempo de reclusión en la reincidencia de menores infractores. El documento se encuentra disponible públicamente. Lo hemos presentado en varios eventos académicos (Ridge 2015, Lacea 2016, Jornadas de Economía del BCU 2016 y el congreso anual de la International Economic Association en 2017).

En el trabajo estudiamos la modificación del largo de reclusión impuesto por la ley 19.055 del 2013. Esta ley aumentó a un año el mínimo de tiempo de reclusión por delitos violentos. De esta manera aumentó la sentencia para un tipo de crímenes y no otros. Empíricamente duplicó el tiempo de reclusión de quienes cometieron rapiñas sin afectar la de quienes cometieron hurtos.

El efecto de sentencias más largas en la reincidencia no se puede medir como la diferencia entre la reincidencia de quienes cometieron rapiñas antes y después de la ley ya que pasaron otras cosas concomitantemente que podrían provocar estos cambios. Tampoco puede verse como la diferencia de la reincidencia entre quienes cometieron rapiñas (afectados por la ley) y hurtos (no afectados por esta ley) porque justamente la propensión a la violencia es distinta.

Nuestra estrategia de estimación se basa en el método de diferencia en diferencias (diff-in-diff). Se computa la diferencia en la reincidencia entre rapiñas y hurtos antes de la aprobación de la ley. Suponiendo que todas las otras cosas que afectan las rapiñas también afectan los robos de una manera similar, esta diferencia en la reincidencia entre "rapiñeros y hurtadores" debería mantenerse luego de la entrada en vigor de la ley. El diff-in-diff mide si hubo cambios (después de la ley vs. antes de la ley) en la diferencia de reincidencias entre quienes cometieron rapiñas y hurtos. De allí su nombre, es como si fuera una resta entre el resultado de otras dos restas.

Lo medimos en los 30 días, 60 días y 180 días posteriores a la liberación del menor. En promedio, encontramos que hay un incremento en la reincidencia de quienes habían cometido anteriormente un hurto (no afectados por la ley) mientras que hay una disminución de la reincidencia de quienes habían cometido rapiñas (y tuvieron una mayor privación de libertad). El efecto es estadísticamente significativo. La ley provocó una reducción en la reincidencia a los 30 días, de al menos 13%. En otras palabras, sin la modificación legal, la reincidencia habría sido al menos 13% más alta, es un efecto grande.

En definitiva, nuestro estudio indica que la ley 19.055 que incrementó los términos de reclusión de menores generó un efecto de disuasión específica que redujo la reincidencia en este grupo de menores infractores. La pregunta que surge: ¿es esto generalizable a adultos?

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